La Ley General de Transparencia establece que los acuerdos de todos los organismos legislativos, principalmente la Mesa Directiva, la Jucopo y el Comité de Administración, deben transparentarse en la página de manera periódica; sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 los mexicanos desconocen el destino de los recursos que recibe la Cámara Baja.

EL UNIVERSAL ha tenido acceso a algunos de ellos vía transparencia y los ha hecho públicos, pero en la Cámara de Diputados ya concluyó el primer periodo del tercer año legislativo y los acuerdos siguen sin subirse a la página oficial.

Entre los oficios firmados destacan contratos para remodelar la Cámara de Diputados, construir nuevos edificios, dar becas a diputados, pago de tarjetas IAVE y gastos de avión y hospedaje para legisladores, entre otros.

Los acuerdos que ya no se publicaron en 2022 corresponden del mes de abril a diciembre, cuando se aprobaron un total de 76, en tanto que de enero a diciembre se desconoce el número exacto de acuerdos aprobados, pero se estima que son entre 30 y 40. EL UNIVERSAL solicitó los correspondientes de enero a diciembre de 2023, pero hasta ahora no han sido entregados.

De los 76 acuerdos que no se hicieron públicos en 2022, 58 corresponden a la administración del diputado panista Armando Tejeda, mientras que 18 más los firmó como presidente el diputado priista Rubén Moreira.

Los acuerdos de 2023 que no se han trasparentado corresponden a la presidencia del diputado de Morena Armando Contreras Castillo.

Entre los contratos que siguen sin hacerse públicos en el portal, pero de los que este rotativo ha dado cuenta, destaca una bolsa de mil 616 millones 470 mil 94 pesos para adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas en la Cámara de Diputados.

De ese total, poco más de 547 millones fueron utilizados para “chulear” el recinto legislativo de San Lázaro a través de la compra de bienes muebles e inmuebles, así como obras de rehabilitación, restauración de inmuebles e, incluso, la construcción de un nuevo edificio, entre otras cosas.

De ese total, 30 millones se utilizaron para remodelar la exgarita de San Lázaro, que fue reabierta en agosto de este año y será utilizada como alojamiento de los archivos históricos de la Cámara de Diputados, concentrados en 45 libros constitucionales que datan de 1821 a 1924.

Otro proyecto, aún en marcha, es la construcción de un puente con conexión directa entre la exgarita y el recinto legislativo, que costará casi 40 millones de pesos.

Adicionalmente, se etiquetaron 240 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio, que será el “Edificio J”, y que albergará oficinas para el crecimiento de personal y un espacio para los talleres gráficos del recinto legislativo. El proyecto ya está en su etapa terminal y próximo a ser inaugurado.

También destaca una bolsa superior a los 16 millones de pesos para la impartición de diplomados, talleres, maestría y doctorados para diputados y servidores públicos que laboran en el recinto legislativo.

En años pasados, el Comité de Administración aprobó recursos para autorizar “apoyos de fin de año” a los legisladores y empleados, que incluían vales de despensa, pavos y botellas de vino; sin embargo, ante la falta de transparencia se desconoce si para 2023 se avaló algún recurso al respecto.

Incumplimiento, falla de la Cámara Baja, pero también del Inai: Peschard

Para la excomisionada presidenta del IFAI de 2009 a 2013, (ahora Inai), Jacqueline Peschard el incumplimiento de la Cámara de Diputados en materia de transparencia resulta preocupante, toda vez que representa a uno de los tres poderes más importantes de la República.

“Es muy preocupante porque la Cámara de Diputados, que es el órgano de representación política del país donde están quienes nos representan directamente, si ellos no cumplen con sus obligaciones en materia de transparencia, pues, ¿cómo van a estar cumpliendo las dependencias, que buscan siempre maneras para darle vuelta a la transparencia? La transparencia es una exigencia que incomoda al poder y es por eso que la Cámara debería ser la primera en hacer públicos sus acuerdos”, indicó.

Peschard advirtió que dicha falta por parte del Poder Legislativo también compete al propio Inai, cuya obligación es vigilar que todos los entes obligados cumplan con la ley en materia de transparencia.

“La ley establece que estos acuerdos deben de estarse actualizando cada tres meses; sin embargo, llevan un retraso muy fuerte y el problema es que el Inai cuando hace la revisión de las obligaciones de transparencia hace una revisión muy general y no logra detectar esas deficiencias. Si se ve la calificación que le da el Inai a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de sus obligaciones le dio en 2023 una calificación de 10. Entonces, el problema es que no tiene la capacidad de revisar puntualmente cada uno de los asuntos y, por consiguiente, no detectan esto que ustedes sí están detectando. Por lo tanto, hay que decirlo: sí es una falla de la Cámara de Diputados, pero también es una falla del proceso de vigilancia del Inai con respecto a la supervisión de las obligaciones de transparencia”, concluyó.