La Convención contra el Genocidio obliga a los países a prevenirlo y contempla la competencia en estos casos del TIJ, un tribunal de la ONU que resuelve litigios entre Estados. El pasado 29 de diciembre, Sudáfrica alegó en su demanda que “los actos y omisiones de Israel (…) son de carácter genocida, dado que son cometidos con la intención específica (…) de destruir a los palestinos de Gaza como parte integrante del grupo nacional, racial y étnico palestino”.
Sudáfrica, que aspira a que se dicten medidas provisionales para la protección de los palestinos, espera demostrar que la disputa abarca tanto sus propias obligaciones como las de Israel, que las estaría incumpliendo. Para ello, incluye en su petición al TIJ los daños causados por la ofensiva militar israelí desde el pasado 7 de octubre y señala que se ha matado en la Franja “a más de 21.110 palestinos [la cifra ha subido desde entonces a más de 23.300], entre ellos más de 7.729 menores de edad [ahora más de 10.000]; más de 7.780 desaparecidos; y más de 55.243 [en la actualidad, más de 59.000] palestinos heridos”. Dice, además, que “Israel ha arrasado amplias zonas de Gaza y dañado o destruido más de 355.000 viviendas palestinas”.
Aunque condena los atentados de Hamás, que causaron 1.200 muertos en Israel y la toma de rehenes el 7 de octubre, la petición señala que “ningún ataque armado contra un Estado, por grave que sea, justifica las violaciones de la Convención contra el Genocidio”.
Además del cese de las operaciones militares israelíes en Gaza, Sudáfrica solicita que “se impida la privación de acceso a alimentos y agua adecuados” de la población. Que Israel se abstenga de tomar medidas que puedan agravar o ampliar el litigio, y que garantice que las personas “bajo su control no inciten pública y directamente al genocidio”. Si lo hicieran, deben rendir cuentas en virtud de la Convención.
Para ilustrarlo, se incluyen numerosas declaraciones de políticos, altos cargos y personajes relevantes israelíes. Figuran, entre otros, los comentarios de Nissim Vaturi, miembro del Likud, el partido conservador del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que pidió “borrar Gaza de la faz de la tierra”, después del ataque de Hamás del 7 de octubre. Se cita a su vez a militares, como el general Ghassan Alian, quien dijo en referencia a los gazatíes y Hamás: “Los animales humanos deben ser tratados como tales. Querían el infierno; tendrán el infierno”.
Sudáfrica ha seguido el ejemplo de Gambia en el caso contra Myanmar, dos países que son también miembros de la Convención contra el Genocidio. Según Gambia, el ejército de Myanmar llevó a cabo en 2016 “operaciones de limpieza étnica” contra la minoría de los rohinyás con la intención de destruirlos como grupo. Los rohinyás son una comunidad étnica indoaria apátrida, predominantemente musulmana, que vive en su mayoría en el oeste de Myanmar, en la frontera con Bangladés. El TIJ reconoció a Gambia como “demandante real” del caso.
Para Cedric Ryngaert, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Utrecht, “Sudáfrica quiere demostrar que puede llamar a capítulo a Israel, pero cualquier país firmante de la Convención está obligado a prevenir el genocidio”. En conversación telefónica, recuerda que “Gambia recibió el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica, que agrupa a 56 países, en el caso de Myanmar”. “Sudáfrica, un país del sur global, actúa sola; por ahora”. Otro precedente es el de Países Bajos y Canadá, que presentaron en 2023 “una denuncia contra Siria por tortura ante el TIJ”.
Ryngaert explica sobre el caso de Siria: “Entonces se alegó que el régimen de Bachar el Asad había torturado a miles de civiles violando la Convención de la ONU contra la Tortura (1984), y vemos que hay ya un patrón de actuación por parte de terceros países para que se aplique el derecho internacional humanitario”. El jurista atribuye esta evolución al incumplimiento “de muchas normas relativas a los derechos humanos y a la ley de los conflictos armados”, y a que si se pronuncia el TIJ “es otra cosa porque sus decisiones ejercen presión sobre los países”.
Israel ha invocado su derecho a defenderse de las acusaciones y sostiene que sus operaciones militares cumplen el derecho internacional. Eylon Levy, portavoz del Gobierno, ha asegurado que se han tomado medidas sin precedentes para reducir el número de las víctimas civiles. En unas declaraciones a la cadena británica Sky News, Levy aseguró el pasado 28 de diciembre: “Tratamos de centrarnos en Hamás y por eso animamos la evacuación de la población hacia las zonas humanitarias designadas”. Antes del paso dado por Sudáfrica, el Ejecutivo israelí había indicado que los crímenes perpetrados por Hamás el 7 de octubre podrían constituir genocidio, “como la matanza de unos 1.200 israelíes y ciudadanos extranjeros, y las heridas, tortura y mutilación de personas”.
Según William Schabas, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad británica de Middlesex, “Israel aducirá que no está cometiendo genocidio, actúa en defensa propia y dispone de ese derecho”. “Pero el TIJ no tiene que decidir en estos momentos si hay un genocidio en marcha. Lo que deben hacer los jueces es concluir si hay un argumento plausible de que se pueda estar cometiéndolo para dictar las medidas cautelares”, indica por teléfono.
“La comisión de un genocidio tendrá que demostrarla Sudáfrica llegado el momento”, subraya Schabas. Después de las medidas provisionales, que pueden llegar en cuestión de semanas, los plazos se alargarán. Sudáfrica tendrá que presentar la memoria del caso. Israel responderá entonces retando probablemente la competencia del TIJ en un debate de objeciones preliminares que no aborda el genocidio en sí mismo. Luego, si el caso progresa, podrá entrarse en el fondo de la cuestión. El fallo puede llegar dentro de dos o tres años. Tal vez más.
El catedrático William Schabas responde: “Depende de lo que le pidan. Sudáfrica solicita que Israel detenga sus actividades militares en Gaza. Si los jueces ordenan eso, sospecho que no lo hará”. Sí le parece factible que se permita la entrada en la Franja de medicinas, alimentos, agua… “Aunque también es posible que digan que ya lo están haciendo. O que lo harán a partir de ahora”. Lo que está claro son las repercusiones de un posible rechazo israelí a cumplir con el TIJ. “Países como Canadá, Países Bajos y otros, que cooperan con Israel, estarán bajo presión para limitar su ayuda material o política. Será muy difícil para ellos porque tendrán que honrar la orden del TIJ”.
Su colega Cedric Ryngaert comparte este argumento, “si el TIJ dice que se puede estar cometiendo un genocidio”. “El envío de armas, por ejemplo, podría hacerles cómplices de genocidio. Se han pedido cautelares y no se aborda el fondo del caso, pero sería una señal”. El experto concluye que el genocidio “se puede penalizar, incluso si no se ha cometido, bajo el concepto de incitación; pero demostrar la intención genocida no es fácil”.