En su último día de gestión luego de no conseguir la ratificación por otros cuatro años, Godoy se cepilló al entonces coordinador general de Investigación Territorial, Oliver Ariel Pilares Viloria, quien según la norma debió quedarse a cargo de la Fiscalía, y nombró en su lugar al sociólogo que le había servido de vocero.
Guardadas las proporciones, ¿alguien puede imaginar a Jesús Ramírez Cuevas en lugar de Andrés Manuel López Obrador?
Pero como por canijo y simple sentido común (y por mandato de la Constitución de Ciudad de México), quien esté al frente de la Fiscalía debe ser abogada o abogado, Ulises Lara cuenta ya, mañosamente, no solo con título profesional de licenciatura en Derecho del repentinamente afamado a pesar de ser ínfimamente conocido Centro Universitario Cúspide de México, sino con la Cédula Profesional 13908423 de la devaluada Secretaría federal de Educación.
Cumplida la monserga de los requisitos en tiempo récord (todo entre martes y miércoles de esta semana), Ulises promete continuar la línea, más política que jurídica, fijada por Ernestina Godoy: insistir en la persecución de panistas presuntamente implicados en el imaginario cártel inmobiliario y de los priistas que más pueda relacionar con la fantasiosa “red de trata de personas” en que tanto y convenientemente han insistido el presidente López Obrador, la candidata Claudia Sheinbaum y la rencorosa ex fiscal.
Sin embargo, a propósito de inmuebles (y no precisamente de un “cártel”), poco se sabe de las turbiedades inmobiliarias de Ulises Lara López usando el peso de la institución y el tráfico de influencias para despojar de su casa, con denuncias y demandas ministeriales y judiciales, en complicidad con su padre senil, lo mismo a un tío que a su media hermana Hilda Lara Guadián, quien mediante crédito la compró al padre común y a la madre de ella. El Infonavit hizo el pago en 2013.
Con fecha 31 de julio de 2023, los detalles del robo intrafamiliar fueron puestos en conocimiento de la Presidencia de la República, del jefe de Gobierno de CdMx, de la entonces fiscal Godoy, del presidente del tribunal Superior de Justicia, del secretario de la Función Pública, de la secretaria de Relaciones Exteriores y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
Al día siguiente (1 de agosto), la directora general de Atención Ciudadana de AMLO, Gabriela Romero Martínez, le respondió a Hilda que se le daría respuesta a su denuncia, lo que no ha ocurrido y ahora se teme que nunca sucederá.
Le dice también que agradece “su confianza y consideración en la constitución de un mejor país para todos a través de la cuarta transformación de México...”.