Dos huracanes

Y fue el senador guerrerense Manuel Añorve el que ayer dio cuenta de las consecuencias que está pagando Acapulco ante la falta de transporte público. Acapulco, no sólo no mejora la situación, empeora, alertó el legislador priista. “Las faltas y omisiones de quienes deben asumir la responsabilidad, se acumulan. Ahora los acapulqueños enfrentan una crisis por falta de transporte público, porque no hay condiciones de seguridad para los conductores”. Lo anterior, los últimos dos días, ha causado pérdidas de millones de pesos y ha afectado a miles de trabajadores. Residentes del puerto dicen que siguen enfrentando los efectos de dos huracanes, el fenómeno natural que pegó el año pasado, y el del crimen, que pega todavía con más frecuencia. Uf.

A la batalla

Y es el Presidente quien desde ayer ha empezado a establecer las condiciones y circunstancias de lo que será el centro de atención en los próximos meses, previos a la votación del 2 de junio. Y es que anticipó en la mañanera que presentará un paquete de reformas constitucionales sobre asuntos que considera de la más alta relevancia para el país, y, se ha entendido claramente, también para el proyecto de la 4T. “Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la Reforma al Poder Judicial, la Reforma Electoral, la democracia, todo”, empezó a delinear ayer el mandatario y de inmediato en el Congreso, aún sin conocerlas a fondo, la bancada de Morena ha dicho que las defenderá, mientras la oposición ya advirtió que las rechazará. Lo relevante, pues, será el choque y el contraste de argumentos y narrativas de cada bando, más que el resultado. Pendientes. 

Oootro raspón a la oposición

Y sigue la mata dando, refiere un popular dicho, que, nos comentan, bien puede aplicar en el caso de la exhibida que le dio a la oposición el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, al revelar el acuerdo de reparto de espacios, oficinas, posiciones y hasta notarías que hizo con el PRI en Coahuila. Ahora fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la que no desaprovechó la oportunidad que le dio el foro organizado precisamente por el Colegio Nacional de Notarios para hacer una puntualización que bien podría decirse que tenía como destino al auditorio, pero también al frente opositor. “La responsabilidad notarial no puede ser parte de una negociación política o electoral, o simplemente de una designación discrecional de los gobernantes en turno, simplemente por el hecho de que ello pone en riesgo la esencia de la función y su prestigio ante la sociedad”. Ahí el mensaje con raspón.  

CNB, inconformidad creciente

Y son los integrantes de la nueva Comisión Nacional de Búsqueda, institución que ha cambiado de personal en las últimas semanas, a partir de la llegada de su nueva titular, Teresa Guadalupe Reyes los que enfrentan el problema de legitimarse. Lo cual sólo podrá ocurrir con resultados tangibles. Quienes no creen que eso ocurrirá pronto son colectivos de búsqueda que ya expresaron su rechazo al nuevo personal, que, consideran, no tiene los alcances del que fue despedido y al que demandan recontratar. El problema no queda ahí, porque resulta que el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico también resultó afectado con los ajustes en la CNB. En ese caso, incluso se ha lanzado la advertencia de que la salida de un reconocido especialista que era cabeza del Equipo Especializado en la búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada durante la Guerra Sucia junto con una buena parte de ese equipo pone en riesgo los avances alcanzados en la materia.

Ecos de un resolutivo

Tras la lluvia de críticas que recibió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la sentencia relacionada al atorón de nombramientos en el Instituto Nacional Electoral, el asesor jurídico del primero, Roberto Duque, salió en defensa de lo resuelto en un encuentro con medios en donde negó que se haya dado “manga ancha” a la consejera presidenta Guadalupe Taddei para hacer nombramientos a su gusto. Aseguró que hubo una interpretación inadecuada del proyecto en el cual sólo se revocó el proceso alterno que un grupo de consejeros presentó para que se hagan las designaciones pendientes. Nos hacen ver, sin embargo, que no ha quedado claro por qué se extendieron las facultades de la presidenta para que pueda incluir a personas que ya fueron rechazadas en lugar de sólo nombrar a quienes lograron mayor consenso. Ahí el dato.