El transformer resultó pieza clave para conocer el papel del quinto camión en la desaparición de los normalistas y el modus operandi del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago.
Una vez que Pablo Vega Cuevas fue liberado bajo fianza desde el pasado 9 de noviembre de 2023 en una audiencia pública en Illinois, en la que el juez Jorge L. Alonso le concedió una petición sin oposición para que El Transformer pudiera llevar su caso fuera de prisión, hay temor por parte de la organización protectora de derechos humanos de que se pierda el rastro de los testimonios de este narcotraficante que podrían echar luz sobre lo que en realidad aconteció en aquella trágica noche en el estado de Guerrero.
A pesar de que el Centro Miguel Agustín Pro Juárez ha realizado seis peticiones –que constan de escritos y actos de investigación– para obtener el testimonio clave de Pablo Vegas Cuevas, tanto el gobierno mexicano como el estadunidense han hecho caso omiso y ahora podría ser demasiado tarde para acudir a esa vía de conocimiento.
El tiempo, hoy, no les juega a su favor, luego de que El Transformer pagó la fianza de 200 mil dólares y cooperó de manera activa con las autoridades norteamericanas.
Ante ello, el Centro Agustín Pro guarda sospechas fundadas de que Vega Cuevas se convierta en testigo protegido, y entonces, ahora sí y en definitiva, se pierda todo rastro de la información de la que él dispone sobre lo acontecido en Ayotzinapa el viernes 26 de septiembre del 2014.
Si se convierte en testigo protegido como ha pasado con otros narcotraficantes, la causa estará perdida.
Peticiones para que hable El Transformer
MILENIO obtuvo las peticiones que revelan que desde 2016 y hasta el 2020, durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la organización pro derechos humanos ha requerido de manera formal el apoyo de las áreas de enlace internacional del gobierno mexicano para entrevistar a Vega Cuevas.
Pero hasta el día de hoy ningún funcionario mexicano ha logrado que el Departamento de Justicia estadunidense les otorgue acceso a ese personaje.
Aquella noche de septiembre de hace 10 años desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Desde entonces el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acompañan a las familias de los muchachos en la lucha por saber qué les sucedió y por qué desaparecieron. Y el testimonio de Pablo Vega Cuevas es clave para saberlo.
Durante el 2016 se presentaron dos peticiones; en 2018 realizaron dos escritos más para que se desahogaron pruebas relacionadas con Pablo Vega, detenido en Estados Unidos por delitos de narcotráfico de heroína y otras sustancias prohibidas.
Mientras que en 2019 presentaron otro escrito a la Comisión para la Verdad Ayotzinapa para solicitar lo mismo, y en 2020 extendieron otro escrito a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, con la misma petición.
En total, son seis escritos que solicitan actos de investigación o que promueven diligencias relacionadas con el caso y con Pablo Vega ante las autoridades en Chicago, Illinois, y también al gobierno mexicano.
Pero los responsables de uno y otro lado acusan haber recibido los documentos pero sin darle mayor cauce. Por ello las exigencias, ahora de palabra, al día de hoy no paran.
El 11 de noviembre de 2023, en una mesa de diálogo entre el gobierno federal y las familias de los 43 jóvenes, entre los reclamos que hacían a Rosendo Gómez Piedra, el fiscal del caso, se encontraba la liberación de El Transformer.
Los afectados recordaron que durante años le habían pedido que intentara una aproximación con los abogados del narco y las autoridades norteamericanas, sin que esto hubiera sucedido todavía.
La primera pista: Guerreros Unidos
A las 07:00 horas del 4 de octubre de 2014, fue detenido Gonzalo Souza Neves, El Güero o El Uruguayo, integrante del cártel llamado Guerreros Unidos.
Un simple comunicado de prensa que envió la entonces Procuraduría General de la República (PGR) refería que “labores de inteligencia de las instituciones de seguridad permitieron ubicar y detenerlo en la colonia San Rafael Oriente”.
Añadía que “se presume que traficaba los estupefacientes hacia Chicago, Illinois”.
Uno de los apodos de Souza Neves no era una ocurrencia muy creativa: él en efecto había nacido en Montevideo, Uruguay, hace 32 años, y llegó a México en 2003 en compañía de su primo, que era futbolista y jugaba en un equipo de Iguala, Guerrero. Rubio y corpulento, en la única fotografía que se hizo pública el día de la detención, El Uruguayo hacía una mueca que recordaba a un nene a punto de llorar.
Pero su detención no era la de cualquier detenido en posesión de drogas: “La historia de El Uruguayo llamó la atención al GIEI en 2016.
"Eso fue lo que alimentó en ellos la idea de que había que buscar más en el tema de los autobuses”, recuerda Santiago Aguirre, director del Centro Pro, en entrevista un viernes por la tarde desde su oficina en la Ciudad de México.
La historia del ciudadano uruguayo se conoció realmente a partir de un amparo resuelto en 2016 a favor de Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos.
Las familias y los activistas supieron de la existencia del sudamericano a través de una libreta de contactos de Sidronio.
Las familias sostienen que la omisión por parte de las autoridades demoró la investigación de la primera causa conocida en México, en la cual se investigó cómo operaban los autobuses que partían desde Guerrero hasta Illinois.
A partir de que se revelara esto, fluyó información de otro líder de Guerreros Unidos: Pablo Vega Cuevas, apodado El Transformer, detenido desde finales del 2014 en Illinois por narcotráfico y que era ubicado como líder de esa organización en ese estado de la Unión Americana.
Fue entonces que los activistas quisieron entrevistarse con él para recabar información crucial sobre lo ocurrido aquel 2014, pero fue hasta diciembre del 2016 que el Centro Agustín Pro –en representación de los familiares– solicitó a la PGR que a través de la asistencia jurídica internacional, pidiera información a la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois para intentar tener acceso a Vega Cuevas.
Querían que el criminal les contara todo lo que sabía de la noche de Iguala.
Porque Vega sí tenía información. Según una intercepción de llamadas realizada por las autoridades norteamericanas como parte de una investigación por tráfico de droga en contra de El Transformer, al día siguiente de la desaparición de los estudiantes él mismo ordenó a lugartenientes del grupo criminal que hicieran “un plantón todos lo de transporte y que sea en contra del presidente, que se haga una demanda colectiva en contra del gobernador y procurador y el presi también”.
Santiago Aguirre, director del Centro Agustín Pro explica: “Queríamos ver si era factible que las familias de Ayotzinapa presentaran algún argumento [en Estados Unidos] de que tenían algún tipo de interés jurídico en el juicio y que parte de que lo que se iba a dirimir ahí les interesaba. Pero nos dijeron que no, es muy restrictivo porque su delito [de Vega Cuevas] era crimen organizado y no nos iban a reconocer ningún interés”.
Hoy las familias están peor que en aquel momento. De hecho, están en uno muy crítico: después de siete años en prisión por cargos relacionados con tráfico de drogas, Pablo Vega Cuevas puede llevar el juicio fuera de prisión, en virtud de que se le concedió una fianza de 200 mil dólares en la corte de Estados Unidos.
Está esperando una sentencia desde la comodidad de una casa, como lo dio a conocer MILENIO la semana pasada.
Además de ello, los fiscales de aquel país han reconocido su cooperación, lo que podría ayudarle a una eventual liberación a través de colocarlo en el programa de testigos protegidos –como ha ocurrido con otros narcotraficantes–, lo que haría que los padres de los jóvenes normalistas, ahora sí, pierdan ese rastro para siempre.
Historia de una batalla
Ese viernes la calle donde se ubica el centro Agustín Pro está repleta: vendedores ambulantes, puestos de tacos a reventar. A unas cuadras está el mercado de San Cosme, donde las chicas que colocan uñas se convierten en maquiladoras ambulantes, preparan las manos de sus clientas para la fiesta del fin de semana. Muchos se preparan para el descanso, ya no quieren trabajar.
Pero no es el caso de Santiago Aguirre. Sentado en una mesita donde reposan unos documentos, se acomoda sus lentes circulares, esos con los que ha aparecido en tantas fotografías en la prensa a lo largo de estos años.
Los papeles son los escritos mediante los cuales solicitaron –primero a la PGR y luego a la FGR– que desahoguen la probanza relacionada con información que llegó al expediente PGR/SDHPDDS/OI/001/2015, el del Caso Iguala. Y hay una petición directa: quieren una entrevista de Pablo Vega Cuevas.
Los litigantes del Centro Agustín Pro acompañan a los familiares de los estudiantes, quienes obtuvieron el carácter de víctimas dentro de esta averiguación previa.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto las peticiones para entrevistar al narcotraficante se hicieron a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (Sajai), a través de esa área de la entonces PGR, pues en ese momento había un tratado de cooperación que evitaba la asistencia por medio de las cancillerías.
Con el mecanismo se podía acudir directamente hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los solicitantes pretendían que las autoridades les dieran información de Pablo Vega, su cuñado Alexander Figueroa y otros integrantes de Guerreros Unidos. De acuerdo con la Fiscalía de Chicago, Vega importó narcóticos, heroína y cocaína de México a Illinois, a menudo escondiendo los narcóticos en autobuses comerciales de pasajeros que viajaban desde Guerrero a Chicago.
Como se mencionó antes, la primera petición se realizó en diciembre del 2016. El Centro Agustín Pro presionó a la PGR para que buscara la manera, por vía de la asistencia jurídica internacional, de obtener lo que había en Estados Unidos en el caso del Transformer.
Paralelamente como organización decidieron ir a Chicago, hablar con abogados, con catedráticos e investigadores. Pero no consiguieron su objetivo.
Finalmente en 2017 Alfredo Higuera Bernal, entonces fiscal del Caso Ayotzinapa, obtuvo de la Fiscalía de Illinois una primera parte de los intercambios de WhatsApp que sostuvieron integrantes de Guerreros Unidos a lo largo de 2014, esos que habían interceptado agentes de Estados Unidos y que ayudaban a entender qué había pasado las siguientes horas y días luego de que ocurrió la desaparición.
“Nosotros vimos [los mensajes] y encontramos que efectivamente había referencias a lo que estaba pasando con los normalistas”, recuerda Santiago Aguirre.
Por ejemplo, el mensaje que envió en septiembre Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos, a su hermano Adán Zenén, respecto de que “ya llevaban 60 paquetes ya guardados y varios con san pedro”, refiriéndose a los estudiantes de Ayotzinapa.
“Cuando se revelan esas conversaciones volvimos a pedir que fueran a entrevistar a Pablo Vega Cuevas antes de que saliera [de prisión]. Se acabó el sexenio de Peña Nieto y no se movió más [el asunto]”, refiere Aguirre..
Pero fue durante el presente sexenio, que empezó en diciembre de 2018, cuando se presentaron la mayoría de las peticiones, cuatro.
Nueva administración, nueva esperanza fallida
Apenas inició el actual gobierno, familiares y activistas continuaron su presión: creían que había más información en el expediente de Vega Cuevas, y reconocen que cuando llegó el comisionado Alejandro Encinas todo parecía fluir muy bien, al buscar diálogo entre la administración obradorista y la del presidente Joe Biden.
Incluso logró algo sin precedentes: en una reunión que tuvo el presidente Andres Manuel López Obrador con la vicepresidenta Kamala Harris, abordaron el tema Ayotzinapa. AMLO, en 2021, incluso reveló que se dio la petición de un expediente necesario, lo que abrió la puerta para que el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, volara a Illinois para solicitar los mensajes completos de los teléfonos celulares, ya que a lo largo de los años apenas habían llegado algunos extractos de ellos.
Fue este fiscal quien logró recabar más información sobre los mensajes entre Vega Cuevas y otros integrantes de Guerreros Unidos.
Pero entonces algo se fracturó: gracias al trabajo de Omar Gómez, entre los años 2020 y el 2021 se reveló, a través de los chats de Guerreros Unidos, sobre la colusión con policías, con presidentes municipales y hasta con el Ejército Mexicano, una institución tremendamente protegida por el presidente López Obrador.
Estos mensajes, que forman parte de la causa judicial de Pablo Vega Cuevas, se convirtieron en la base para que Gómez Trejo acusara a militares, no por la desaparición, sino por su vinculación, y de hecho acusó a 20 elementos del Ejército de tener algún grado de participación en los hechos.
“A nuestros ojos eso reitera la relevancia de buscar un acercamiento con Pablo Vega Cuevas y con los mexicanos que están allá [en Illinois] y seguir profundizando. Es decir, si ya no hay más en los mensajes porque esa fue la versión oficial, no había que descartar que pudiera haber más [información] con las personas involucradas. Que vayan a entrevistarlo… y esa ha sido nuestra
batalla”.
Durante el actual gobierno el Centro Agustín Pro y las familias se han topado con más dificultades, como la desaparición de la Sajai, que aunque deficiente, existía y daba cauce a las pesquisas. Ahora solicitaron a través de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) que se recuperara este tema y que se priorizara el acceso al llamado Transformer.
Santiago Aguirre cuenta que el tema Vega Cuevas ha sido parte del diálogo constante de las familias con este gobierno. Y querían entrevistar al Transformer, escuchar qué más sabe de sus hijos antes de que saliera de prisión.
¿Demasiado tarde?
A pesar de estas peticiones y de contar con información que revela que Vega es una pieza sumamente importante, parecería que ya es tarde: el detenido fue liberado y ahora la solicitud va a contrarreloj.
“Esto muestra que de ambos lados de la frontera hay una aproximación deficiente al procesamiento de estos casos, que involucran las redes de macrocriminalidad que provoca que las perspectivas, las necesidades y los derechos de las personas victimizadas por estas redes no se consideren. En la lógica de los fiscales en Estados Unidos las víctimas mexicanas de estas redes no existen”, considera el director del Centro Pro.
Para los fiscales estadounidenses, dice, su única prioridad es el daño que generan las drogas en Estados Unidos; no tienen ni les importa la perspectiva íntima de los desaparecidos en México.
Las autoridades mexicanas son otra historia, pues la desaparición de la Sajai en la FGR significó una burocratización de los temas que requieren cooperación internacional. Ello redunda en que este tipo de temas se descuiden, aunque sean prioritarios.
En septiembre de 2023 se confirmó la salida del fiscal Omar Gómez Trejo, lo cual interrumpió la comunicación y la confianza que se había logrado con las autoridades mexicanas. Entonces asumió Rosendo Gómez Piedra, alguien que recibió críticas desde el inicio.
“No tiene ni idea de este tema [el de Vega Cuevas], lo ha descuidado y está más ocupado en envenenar el caso hablando mal de las organizaciones, de los padres y de las madres.
"Es él quien tendría que estar avanzando en entrevistar a Pablo Vega, pero como es incompetente, perdió la confianza de las autoridades americanas”, critica Aguirre.
Sin embargo, sigue la presión de las familias hacia el gobierno mexicano para que se logre un interrogatorio con el ‘Transformer’ antes de que logre la libertad definitiva.
El pasado 11 de noviembre, en una mesa entre los padres de los 43 y el gobierno federal se criticó el letargo del actual gobierno con un caso que debería ser también su prioridad.
Pero Vidulfo Rosales, abogado de los padres, confirma que se han dejado de lado diversas líneas de investigación del caso Ayotzinapa al igual que la cooperación de ‘El Transformer’.
“La cooperación con testigos relevantes e importantes, los incentivos que se llegaron a ofrecer tampoco se están siguiendo. La prueba es lo de Pablo Vega: cuántas veces se pidió que se buscara un incentivo para esta persona a efectos de que pudiera colaborar, pero nunca se hizo”.