La guerra de egos en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, en donde hay una feroz competencia por ver quién le garantiza a la exjefa de Gobierno la mejor asesoría jurídica y se coloca la estrellita de ser el operador que le saque a la candidata de Morena la declaratoria de validez de la elección y su declaración de “presidenta electa”, fue lo que realmente provocó la reciente explosión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el cambio en la Presidencia de la máxima autoridad que calificará la próxima elección presidencial y declarará ganadora o ganador de la contienda.

El asalto de los claudistas al Tribunal Electoral comenzó a principios de diciembre pasado con la formación de un nuevo “bloque” mayoritario de tres ministros que tomaron el control de la Sala Superior y solicitaron la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón, argumentando “pérdida de confianza” por presuntas irregularidades administrativas y por el manejo discrecional del presupuesto del órgano judicial. Las inconformidades que sí existían entre los magistrados por las políticas “de austeridad” implementados por Reyes y las diferencias particulares entre el magistrado Felipe de la Mata y el exmagistrado presidente, fueron el caldo de cultivo para que tres colaboradores y cercanos a Claudia Sheinbaum diseñaran y planearan la toma de la máxima autoridad electoral en México.

Arturo Zaldívar, exministro de la Corte venido a porrista del oficialismo; Salvador Nava Gomar, exmagistrado del Trife y asesor jurídico de Sheinbaum, y la actual ministra de la Corte, Yasmín Esquivel Mossa, fueron los tres claudistas que agitaron las aguas del tribunal y azuzaron el golpe de la nueva mayoría que obligó a renunciar a Reyes Rodríguez. Para ello aprovecharon muy bien el debilitamiento del Tribunal Electoral provocado por la estrategia del presidente López Obrador de ordenarle al Senado que no nombrara al magistrado faltante, que debía ocupar el espacio que dejó vacante José Luis Vargas, quien concluyó su magistratura desde el 1 de noviembre de 2023.

Un Tribunal de 5 magistrados, en lugar de 7, le convenía mucho más a la 4T porque para formar una mayoría que controlara a la Sala Superior en materia electoral solo se necesitan 3 magistrados en lugar de 4 o 5. Por eso, con la misma estrategia perversa que le aplicaron al Inai, la mayoría de Morena en el Senado le dio largas al nombramiento de las dos magistraturas pendientes y con ello abrió la puerta para que se concretara el asalto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que solo necesitó de convencer a tres magistrados de que formaran la nueva mayoría y depusieran al anterior presidente Reyes Rodríguez, a quien no le tenían confianza por sus vínculos con el panismo, para colocar en el cargo a alguien más fácil de controlar para el oficialismo de Morena.

El ascenso de la magistrada Mónica Soto, como nueva presidenta del tribunal que calificará las elecciones fue la culminación de esa estrategia y detrás de ella también hubo una feroz competencia entre los tres claudistas mencionados, Zaldívar, Nava y Esquivel, quienes se disputan no sólo la influencia como juristas con la candidata morenista, sino también el mérito de ser quien le venda a Sheinbaum que gracias a sus buenos oficios y a su operación política dentro del Tribunal, se logre sacarle su declaración de presidenta electa, y por ende la banda presidencial.

Desde el cuartel de campaña Arturo Zaldívar operó con el magistrado Felipe Fuentes, con quien tiene una relación dentro del Poder Judicial. Fuentes conoce como pocos el manejo interno del Tribunal y ya había operado internamente en el desconocimiento y las renuncias de dos expresidentes del Tribunal: Janine Otálora en enero de 2019, y José Luis Vargas, en agosto de 2021. En ambas remociones, el magistrado jugó un papel principal, tanto en el de Janine, cuando fue nombrado presidente interino por casi 11 meses, como en el de José Luis Vargas, a quien también sustituyó en agosto de 2021 para dar paso luego a la presidencia de Reyes Rodríguez, de quien también fue parte del bloque que pidió su salida.

El otro operador claudista que tuvo injerencia en el cambio de presidenta del Tribunal fue Salvador Nava Gomar, quien tiene una relación cercana con Felipe de la Mata Pizaña, actual magistrado de ese órgano y quien trabajó con Nava en la época que este fue magistrado electoral de 2006 a 2016. De la Mata fue otro de los protagonistas en la formación del minibloque mayoritario que solicitó la renuncia de Reyes Rodríguez. Curiosamente Reyes y Felipe de la Mata fueron muy cercanos y pertenecieron al mismo bloque durante varios años, junto con Janine Otálora, pero en los últimos meses tuvieron varios choques y diferencias que los llevaron hasta el rompimiento, por una colaboradora cercana de De la Mata que lo acusó de “proposiciones indebidas” y dejó su oficina para irse a trabajar con Reyes Mondragón.

Y la tercera operadora que metió las manos al Tribunal Electoral, también en busca de quedar bien con Sheinbaum, fue la ministra Yasmín Esquivel. Su relación cercana con la magistrada Mónica Soto Fregoso data de hace décadas y tiene que ver con la carrera de ambas en tribunales judiciales y administrativos. Es tan cercana esa relación que actualmente hay familiares de la magistrada Soto que trabajan en la Suprema Corte y en concreto en la ponencia de la ministra Esquivel.

Entre Zaldívar y Salvador Nava hay fuertes diferencias. A partir de que el expresidente de la Corte dejó tiradas la toga y el birrete para mostrarse finalmente como el simpatizante que siempre fue de la 4T, creyó que sería el principal asesor de Sheinbaum en materia jurídica y de justicia. Pero cuando el ministro renegado llegó a la campaña, Nava Gomar ya tenía más de un año asesorando a la candidata y elaborando sus denuncias y litigios en materia electoral y judicial, lo que no le gustó a don Arturo y comenzó un choque de egos y una competencia por encabezar el equipo jurídico de la candidata.

A ese duelo de dos se sumó la ministra Yasmín Esquivel, quien también busca quedar bien con su amiga Claudia Sheinbaum y ganarse su confianza en materia judicial y jurídica. Hoy en manos de esos tres abogados claudistas (dos con el título y una bajo investigación por plagio) está el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A cual más quiere agradar y complacer a la candidata y venderle en un futuro todavía hipotético, que fueron ellos dos o ella, los que le operaron el reconocimiento a su triunfo en el Tribunal y por ende los que le garantizaron, también eventualmente, que obtuviera la banda presidencial.

NOTAS INDISCRETAS… En medio de la guerra política que se vive en Tamaulipas, ayer el secretario del Ayuntamiento de Reynosa, Antonio Joaquín De León Villarreal, dio a conocer un documento en donde el Notario Púbico número 305 de esta ciudad, Francisco Garza Treviño, niega la validez del poder notarial presentado por el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para tramitar una carta de residencia en ese municipio. Según acusa el funcionario municipal, el notario Garza Treviño aseguró que es falso el Poder General con el que compareció Claudia Margarita Rodríguez Martínez a solicitar la constancia de residencia en nombre y representación de Cabeza de Vaca y agregó que dicho poder “por ser de actos de dominio, para su validez, debe de estar inscrito en el Registro Nacional de Poderes (RENAP) y no lo está”. Y de acuerdo con documentos presentados, la firma que aparece en el poder notarial, que desconoce el Notario 305 de Reynosa, habría sido falsificada, porque según el notario Garza Treviño el exgobernador Cabeza de Vaca no estuvo en su notaría a las 13:00 horas del día 23 de septiembre del año 2022 para otorgar un poder en favor de un tercero como se asegura en el documento y además dijo desconocer “como puesta de mi puño y letra, la firma que obra en dicho poder, ni el sello que aparece en el documento”. El tema es delicado no sólo por las acusaciones de falsificación que hace el notario, sino porque esa constancia de residencia, que se tramitó con un poder notarial presuntamente falso, es un requisito legal para que Francisco García Cabeza de Vaca pueda ser postulado como candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional, ya sea por la vía de mayoría o incluso por la vía plurinominal. Y si no cumple con ese requisito, a Cabeza se le podría cerrar la puerta de cualquier candidatura ya sea a una diputación o de una senaduría por Acción Nacional  en el actual proceso electoral en curso. Eso sin contar que el haber presentado un documento apócrifo podría traer problemas para el exgobernador, ya que el artículo 250 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, contempla el delito de Falsificación de Documentos Públicos o Privados y, el artículo 251, la forma en que se castigará dicho delito, mencionando que, si se trata de un documento privado, la sanción a imponer será de 6 meses a 5 años de prisión y multas de 100 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Habrá que esperar la respuesta de Cabeza de Vaca a las graves acusaciones de falsificación que le hace el notario, pero por lo pronto, queda claro que alguien no quiere el regreso del exgobernador a la política nacional. ¿Será por miedo o por pura precaución?... Hablando de miedos, el que de plano no tiene miedo de violar la ley electoral o de plano la viola conscientemente es el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona. Y es que ayer domingo, en pleno acto oficial con el presidente López Obrador en su estado, y siguiendo el ejemplo del mandatario que predica que “no me vengan con que la ley es la ley”, ayer el gobernador Verde, aliado de Morena, gritó a voz de cuello y en presencia del inquilino de Palacio: “Ahora, las y los potosinos le decimos, señor presidente, que estamos con usted, y con la consolidación de la Cuarta Transformación que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo en este año 2024. Ya confirmamos en San Luis Potosí, la alianza entre el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo, para arrasar en el próximo proceso electoral”, dijo con total descaro el mandatario potosino. A ese paso, y si no hay sanciones ejemplares del INE, que con la señora Guadalupe Taddei se ha vuelto lerdo y complaciente con las violaciones legales, la contienda presidencial y federal terminará siendo una disputa sin ley o bajo la ley de la selva en el que gana el más fuerte. Y hasta ahora ese es el partido gobernante. Cómo se están pareciendo los morenistas al más viejo y rancio PRI… Escalera Doble mandan los dados para iniciar la semana. Muy buena señal.