Elección de junio: Estado o narco-Estado

 

No nos engañemos: México va camino a convertirse en un narco-Estado.

¿Eso es lo que deseamos?

Entregar definitivamente el país a los grupos criminales o someterlos y reconquistar la paz, es decisión nuestra y la tomaremos el 2 de junio.

Ya no es necesario que lo diga el jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, general Glen VanHerck (hace tres años informó al Congreso de su país que el gobierno mexicano no tenía control sobre un tercio del territorio, donde mandan los cárteles).

Tres años después se ha perdido mucho más que eso. Hay territorios donde gobierna el narco, otros donde cogobierna con las autoridades, y zonas blancas en que sólo hay comercio ilegal.

Un informe del prestigioso Instituto Baker de la Universidad de Rice, en Houston, lo plantea así:

“Esto se debe en gran medida a que el partido del Presidente, Morena, espera que el crimen organizado opere a su favor durante las elecciones de 2024. Como resultado, habrá muy pocos avances en lo que respecta a un marco para la gestión conjunta de las cuestiones fronterizas”.

No vayamos hasta Houston.

La semana pasada un grupo de mujeres indígenas del norte del estado de Jalisco leyó un comunicado en que solicitan de manera respetuosa al líder del CJNG, Nemesio Oseguera (el Mencho), que cambie al jefe de plaza por sus excesos: cobro de derecho de piso, extorsión, crímenes, desapariciones, retenes, una cuota mensual a ganaderos, comerciantes y alcaldes.

Dice el texto dirigido al Mencho:

“Estamos cansadas de tantos atropellos que hemos padecido en nuestra región, por cobro de piso, extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos, todo lo contrario de los principios del CJNG, que usted comanda”.

Las mujeres del norte del estado no se dirigen a la Guardia Nacional, ni al Ejército ni al Presidente, que son los que tienen la responsabilidad de combatir la delincuencia organizada y preservar la soberanía nacional.

Le escriben al que de verdad manda, el jefe del cártel: el Mencho.

Acusan al jefe de plaza, el Rojo, de “asesinatos injustificados”. Es decir, asumen que el cártel tiene derecho a asesinar cuando se justifique.

Y reconocen al CJNG como una organización “con principios”.

Madres buscadoras de desaparecidos en Tamaulipas solicitaron a cárteles de Tamaulipas que les permitan “excavar en La Bartolina, un campo de exterminio junto al mar, del que extrajeron 500 kilos de restos óseos calcinados”, indica la nota de Pablo Ferri, de El País.

Piden “que nos den permiso para encontrar a nuestros desaparecidos. No queremos justicia, lo único que queremos es encontrarlos y darles sepultura”.

El Cártel del Norte publicó un video en el que integrantes del grupo, uniformados y armados con ametralladoras ligeras y fusiles Barret, aceptaron la tregua solicitada por las madres, a fin de “lograr el bienestar del país”.

Hasta la fecha –enero de este año–, apunta Ferri, las madres buscadoras han pedido a nueve cárteles que las dejen trabajar y cese la violencia contra ellas.

Ceci Flores, líder de madres buscadoras de Sonora, dijo a la periodista Almudena Barragán, también de El País, en junio del año pasado:

“Lo que pedimos es que cuando los maten, los dejen en un lugar visible donde los podamos encontrar… En Ciudad Obregón, el día de antier, dejaron a unas personas muertas ahí tiradas, así que creemos que es una respuesta a la petición que hacemos”.

¿Y el Estado?

¿Y el Presidente?

En Chiapas los indígenas tzotziles y tzeltales sufren la leva, es decir, reclutamiento forzoso de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para la guerra que sostienen por el control de la frontera sur del país. Luchan por territorios estratégicos para el tráfico de migrantes, armas y drogas.

La semana pasada, el reportero David Saúl Vela, de EL FINANCIERO, detalló cómo ha crecido la violencia en Guerrero, entidad emblemática de asociación delictiva entre criminales y autoridades. Escribió:

Reportes del gobierno federal advierten que son alrededor de 20 grupos criminales los que se asientan en Guerrero y señalan a La Familia Michoacana y al Cártel Jalisco Nueva Generación como los principales responsables de la violencia en la entidad.

En Iguala operan los grupos Los Ardillos, liderado por Celso Jiménez Ortega, la Vela; Los Rojos y/o Los Jefes, de Cándido Nava Millán, el Japo; Los Tlacos, que encabezó el detenido Comandante 80, y Guerreros Unidos.

Acapulco lo disputa el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), que dirigió el detenido Félix Alejandro M. A., el Correcaminos, y al día de hoy lo lideran Marco Antonio R. J., el Panadero, y Óscar A. O.

Esa organización pelea la plaza con Los Rusos (cuyo origen está en el Cártel de los Beltrán Leyva), dirigido por Carlos Alberto N. S., el Ruso.

Por la disputa de Acapulco entró la facción de La Familia Michoacana que comandan los hermanos Jhonny y Alfredo Hurtado, el Pescado y la Fresa, respectivamente, que antes se concentraban sólo en Tierra Caliente.

En Guerrero también se ha identificado la presencia de organizaciones como Los Capuchinos, Los Virus, el Cártel de la Sierra, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, el Cártel del Sur, Los Gil, Los Dumbo, Los Treinteños, Los Arreola, Los Marín.

Hasta ahí dejamos la nota de David Vela.

¿Y cómo anda el resto del país? Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México, Baja California…

Un par de años más de benevolencia gubernamental a los grupos criminales y perdemos el país.

Hay una candidata presidencial que dice que en México la gente está más feliz que nunca y ofrece continuidad.

La otra postula el fin de la impunidad y de los abrazos para los criminales.

El Presidente lo niega todo.

Así es que en junio votaremos por tener un Estado de derecho o por tener un narco-Estado.