El hoy alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, ha sido señalado por presuntamente recibir siete millones de pesos a cambio de convertirse en candidato por el Partido Social Demócrata de Morelos. La sospecha no debe quedar en eso, sino en una investigación a fondo que, en caso de encontrarlo culpable, concluya en una sanción ejemplar por el grave engaño que implica.

No sólo significaría tener a una persona sin experiencia que hoy decide sobre temas de seguridad, servicios públicos y otros temas que impactan en la vida de miles de personas. Adicionalmente se tendría a un hombre sin escrúpulos decidiendo sobre millones de pesos de recursos.

Sin embargo, no hay en la ley un apartado que especifique la ilegalidad de “venderse” a un partido político a cambio de aceptar ser su candidato. Por eso, hace bien la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) al investigar los gastos de campaña de Blanco, en vez de su supuesta motivación económica para aceptar la candidatura.

Con el paso de los años, y luego de consecutivos procesos en los que se han detectado innumerables irregularidades de campaña, la clase política y las instituciones que conforman el sistema electoral tendrían que darse cuenta del absurdo círculo de reformas políticas en el cual han caído en su afán de controlar prácticas a las que, al final, todos vuelven a recurrir.

Es evidente que dichas reformas no han resultado en elecciones más limpias y eficientes, sino en más complejas pantomimas de los partidos con el fin de dar la vuelta a la legislación. Ni siquiera ha habido sanciones efectivas que eviten a los partidos políticos hacer trampa.

La última vez que existió una sanción verdaderamente ejemplar contra un partido —la multa por mil millones de pesos al PRI por el caso conocido como Pemexgate—, ésta resultó después en una revancha que despojó al Instituto Federal Electoral de su halo ciudadano y de independencia del poder.

Resolver el caso Cuauhtémoc Blanco ayudaría a restablecer parte de la confianza perdida en las instituciones electorales, no tanto porque sea el caso más grave hasta la fecha, sino porque el tema es tan conocido por el electorado, que una sanción o absolución resonaría más que muchas otras medidas cuya ejemplaridad no se difunde.

En teoría, la reforma electoral de 2007 tuvo el objetivo de inhibir la influencia del poder económico en la selección de candidatos. Pero casi diez años después queda claro que ese fin no se consiguió. Tener dinero y rebasar con él los topes de campaña, sigue siendo la estrategia más recurrida durante elecciones.

El riesgo de no actuar con contundencia es que puedan llegar a cargos elección popular —por vía de “compra” de candidaturas— incluso personajes ligados a la delincuencia o a otros poderes no estatales. No es descabellado considerando la debilidad de nuestras instituciones.