Castigar a quien tarde más de medio año en resolver un litigio tributario y que una nueva SCJN asuma funciones en 2025 son propuestas de la reforma judicial
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En octubre pasado, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en contra de la iniciativa de reforma que anunció el Ejecutivo. Foto: Mateo Reyes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador plantea una transformación de fondo del Poder Judicial en una de las iniciativas que enviará a la Cámara de Diputados la próxima semana.
La reforma, a la que Excélsior tuvo acceso, propone que los ministros de la Suprema Corte ya no tengan derecho al haber de retiro y que los magistrados electorales estén impedidos para aspirar a integrarse al máximo tribunal.
Actualmente, el haber de retiro es vitalicio y consiste en el pago del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo. Es de 100% en los primeros dos años y de 80% durante el resto del tiempo.
También fija de plazo el 1 de septiembre de 2025 para despedir a los actuales 11 ministros y desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal. Establece que el 1 de octubre de 2025 causen baja los actuales magistrados de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral federal.
Reduce de 11 a nueve el número de ministros de la Corte y acorta el periodo de su encargo de 15 a 12 años. También, que sean castigados si tardan más de seis meses en resolver un litigio en materia de impuestos.
Los jueces de distrito, magistrados de circuito, electorales y los ministros deberán ser electos por la sociedad, previa convocatoria del Senado.
PLANTEAN NUEVA CORTE EN 2025 Y MENOS MINISTROS
Con el plazo del 1 de septiembre de 2025 para despedir a los actuales 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y desaparezca el Consejo de la Judicatura Federal, y el 1 de octubre del 2025 causen baja los actuales magistrados de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Presidente de la República plantea una transformación de fondo del Poder Judicial.
La propuesta de reforma al Poder Judicial que el Presidente de la República enviará a la Cámara de Diputados la próxima semana y a la que Excélsior tuvo acceso, contempla prohibir la suspensión de las normas generales que sean sujetas de controversia y acciones de inconstitucionalidad.
También incluye la disminución de 11 a nueve ministros, para que la mayoría calificada en el pleno se forme con seis y no ocho votos; reducir su periodo de encargo de 15 años a 12 años; que sean electos de forma directa por la sociedad y ya no por el Senado, que ganen un salario igual que el Presidente de la República y sean castigados si tardan más de seis meses en resolver un litigio en materia de impuestos.
De acuerdo con el documento, el mandatario federal propone que los ministros ya no tengan derecho al haber de retiro y que los magistrados electorales estén impedidos para aspirar a convertirse en ministros de la Suprema Corte.
La propuesta presidencial, que comenzó a ser conocida por senadores de Morena la noche de este viernes, ordena que todos las juezas y jueces de Distrito, todos las y los magistrados de Circuito, todos los magistrados de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral y todos los ministros de la Corte sean electos por la sociedad, en elecciones que se efectúen a nivel nacional para el caso del pleno de la Corte y la Sala Superior del Tribunal, así como a nivel regional y por circuitos judiciales.
El mecanismo para la elección de los nueve ministros de la Corte y siete los magistrados del Tribunal Electoral es el mismo: la elección será a nivel nacional; el Senado emite la convocatoria y revisa que los aspirantes cumplan con los requisitos.
El Presidente de la República propone a 10 candidatos; el Senado a cinco, la Cámara de Diputados a otros cinco y el Poder Judicial a 10 más y precisa que “los Poderes de la Unión procurarán que sus postulaciones recaigan en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia, o bien, que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.
Será el INE el que organice la elección. Éste enviará el resultado al Senado, que a su vez turna al TEPJF para que califique la elección.
Para la elección, los candidatos tendrán derecho a tiempos en radio y TV, pero no pueden recibir financiamiento público ni privado. En caso de ausencia superior a un mes o fallecimiento, el Presidente propondrá una terna al Senado, que elegirá por mayoría calificada a un interino, que ocupará la posición mientras se desarrolla la elección popular correspondiente.
Para suplir al Consejo de la Judicatura Federal, propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, y un órgano de administración de justicia.