En Palacio Nacional sacudió la aparición, con pocas horas de diferencia, de un conjunto de reportajes sobre el financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador en 2006.

El vocero Jesús Ramírez Cuevas activó las plumas y las voces que tiene a su disposición para intentar frenar la estruendosa marejada que desató la filtración de una investigación de la DEA realizada en torno a personajes del círculo cercano al mandatario, entre estos, el humilde chofer hoy convertido en multimillonario con fuertes inversiones inmobiliarias en los terrenos en donde se construye el Tren Maya, quien de acuerdo con los datos recabados por Tim Golden, a partir de cuatro testimonios, habría recibido 2 millones de dólares del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, La Barbie.

La polémica proximidad del gobierno de AMLO con el Cártel de Sinaloa ha sido un tema recurrente desde la liberación de Ovidio Guzmán a principios de esta administración.

A unos días de que las aguas se agitaran con las revelaciones, los audios y los documentos que muestran la participación de los hijos de López Obrador en negocios relacionados con las grandes obras del sexenio, los reportajes sobre la investigación de la DEA y el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa, dominaron la conversación e impusieron durante cinco días, y a pesar de los esfuerzos de las redes al servicio de Ramírez Cuevas, el hashtag “Narcopresidente”.

En Palacio Nacional se afirma que el presidente estuvo recibiendo reportes sobre el impacto del tema en redes sociales y medios de comunicación. La primera preocupación era, y sigue siendo, que esta supuesta cercanía con el Cártel de Sinaloa se convirtiera en tema de la campaña presidencial, no en México, sino en los Estados Unidos.

Una segunda inquietud es que filtren nuevas revelaciones que pongan en entredicho su figura, en días en que su poder ha entrado en fase menguante. Por eso López Obrador comenzó a enviarle mensajes a Joe Biden desde la “mañanera”, e incluso pidió al gobierno de Estados Unidos que, si no tenía pruebas, se retractara:

“Como vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga, si una institución de ellos está filtrando información y perjudicándome”, dijo.

Los esfuerzos no bastaron para echar por tierra lo esencial: la investigación existió, no es un invento, e incluso la DEA intentó reactivarla durante la campaña presidencial de 2012.

ProPública, el medio donde se dio a conocer la investigación de Tim Golden, reveló que una semana antes de la publicación compartió un resumen de sus hallazgos con el vocero Ramírez Cuevas y que “él decidió no hacer comentarios”.

El editor de ProPublica, Stephen Engelberg, declaró que López Obrador “ha tenido mucho que decir desde entonces, pero ninguno de sus comentarios ha identificado una sola inexactitud o error fáctico” en el trabajo.

Todo puso al Presidente contra las cuerdas en la última semana.

En esos días se filtró también un escandaloso audio, dado a conocer por Sanjuana Martínez, que mostraba la manera en que el vocero Ramírez Cuevas intervino en el conflicto laboral de Notimex, acordando con la entonces directora de la agencia, la propia Martínez, la manera en que, con su ayuda y con la apertura de carpetas de investigación en contra de trabajadores en huelga, se podría resolver el conflicto que paralizaba Notimex.

Tras el escándalo, legisladores de oposición exigieron la renuncia del vocero, a quien acababa de estallarle otra filtración: la de los datos personales de 300 periodistas que cubren las “mañaneras” de López Obrador, y mediante la cual se expuso en un sitio web sus nombres, su CURP, sus direcciones: una información de cuya confidencialidad era responsable la Presidencia de la República, y cuya divulgación pone en grave riesgo a los comunicadores, en “uno de los países más peligrosos para ser periodista”.

A resultas de la filtración masiva, organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión condenaron al gobierno mexicano. Tras una conferencia de prensa en la que se culpó a un extrabajador de Presidencia, 23 reporteros anunciaron que tomarían medidas legales contra el gobierno de AMLO.

La semana había comenzado con una “mañanera” en la que el periodista Jorge Ramos acusó a López Obrador de “dejar un país sumido en la violencia”, y en la que se exhibió el gobierno de este como el que acumula más asesinatos que ningún otro en la historia (166, 193 muertes violentas).

El Presidente se perdió en una serie de respuestas: ante las cifras presentadas por Ramos dijo, por ejemplo, que causaban más muertes los infartos, y volvió a sacar el tema de que es el único presidente en el mundo que se levanta a las seis de la mañana para darle atención al tema de la violencia. Volvió a echar mano, incluso, del “me canso ganso”, para prometer que si su política de seguridad se mantiene el próximo sexenio, el problema se resolvería.

Faltaba un revés en la semana negra de López Obrador: se lo dio el ministro Alberto Pérez Dayán al sepultar y declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Presidente en 2021.

Días negros para el Presidente: quiso revivir 30 años después, y en año electoral, el caso Colosio, y el propio hijo del candidato asesinado lo paró en seco. Se enteró que el TEPJF había multado a Morena por 62.2 millones de pesos, ante la falta de comprobación de gastos del proceso que llevó a Claudia Sheinbaum a la candidatura presidencial. Para acabar, el Presidente se enteró también de la anulación de la causa penal seguida al abogado Juan Collado (“el abogado de Salinas de Gortari”, dijo AMLO) por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita durante la compra-venta de un terreno.

Pocas veces a lo largo del sexenio el Presidente ha enfrentado una semana como la que acaba de terminar. México ha entrado de lleno, al parecer, en 2024, el último año del obradorismo.