LA RAZÓN: AMLO va por siete autónomos, menos ministros y votados, 64 mmdp a pensiones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un paquete de 20 reformas constitucionales orientadas a echar atrás los cambios “antipopulares” introducidos durante el periodo neoliberal, “contrarios al interés público”, con el fin de proteger los logros del movimiento de transformación, beneficiar al pueblo y tener una sociedad más justa, libre e igualitaria.

“No olvidemos que, si por nuestros errores, desidia o desviaciones, y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación, que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás, y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo por el bien del pueblo.

“Y que, con esa certeza, si regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegado el momento, recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato, hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle, el porvenir vendrá acompañado de la justicia”, afirmó el mandatario.

En un mensaje de 40 minutos dirigido desde el histórico recinto legislativo alterno a Palacio Nacional, sostuvo que su reflexión sobre la necesidad de devolver el espíritu de justicia a la Carta Magna va más allá de los próximos años, porque “nada en política es eterno y la democracia se gana o se pierde, y el pueblo es el que manda, y si se equivoca, vuelve a mandar”.

Las reformas abarcan al Poder Judicial, la reorganización del sistema político, medidas económicas en las que los mexicanos “serán dueños de sus viviendas”, reforzamiento de los programas sociales; aumento al salario mínimo arriba de la inflación; elevar a rango constitucional la pensión de adultos mayores y personas con discapacidad, y otorgar becas a estudiantes de familias pobres.

Sobre la Reforma Electoral, dijo que se propone reducir los gastos a campañas y partidos políticos, disminuir el número de regidores en gobiernos municipales, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar candidaturas plurinominales, para que sean 300 diputados y 64 senadores.

“Tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos; se fortalecerá la democracia participativa, con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato”, detalló.

El mandatario planteó que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos de manera directa por el pueblo, y no los elija el Presidente, los diputados o senadores, mucho menos los congresos estatales. Añadió que para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, se propone que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos.

En el caso de la iniciativa para revertir las reformas de los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón para garantizar la jubilación al 100 por ciento, propuso la creación de un fideicomiso de 64 mil 619 millones de pesos, a partir del 1 de mayo de este año, que se incrementará poco a poco. También se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las leyes “antilaborales” del neoliberalismo.

Explicó que se busca reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos públicos; garantizar atención médica e integral gratuita a todos los mexicanos; prohibir el maltrato animal; proscribir en el terreno nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, y no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.

López Obrador agregó que otros cambios a la Carta Magna prevén hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo utilizar donde haya concesiones para uso doméstico; prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo; penalizar con severidad el delito de extorsión por parte del crimen organizado y lo mismo que el delito fiscal mediante las factureras.

El Jefe del Ejecutivo federal planteó garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo; que todos los campesinos que cultiven sus tierras tengan un jornal seguro, justo y permanente, además de entrega de fertilizante gratuito; utilizar para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados por Zedillo.

Propuso convertir en política de Estado la austeridad republicana. “Se volverá a redactar, con mayor claridad y contundencia, en el artículo 127 de la Constitución, el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más de lo que perciba el Presidente (…) No se permitan privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del Gobierno federal”.

Informó que también se busca eliminar todas las dependencias y organismos autónomos “elitistas”, creados en el periodo neoliberal, con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público.

Para ser juzgador, campañas y debates

Para “modernizar” y darle “legitimidad democrática” al Poder Judicial de la Federación (PJF) y al Instituto Nacional Electoral (INE), el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que sus miembros sean electos por voto directo, por lo que tendrán que hacer campañas, spots y participar en debates.

Dos de las reformas estratégicas que el mandatario envió al Congreso de la Unión impulsan modificar radicalmente las estructuras internas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) —que desaparecería—, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el INE, así como sus similares estatales.

Establece mecanismos que, dice, harán un combate efectivo contra “la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del PJ, abriéndolo al escrutinio público”.

Plantea que para el proceso electivo de los ministros, los tres Poderes de la Unión postularán 10 candidaturas cada uno y el proceso estará en manos del que se convertirá en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituirá al INE.

Los candidatos deberán participar en debates organizados por el instituto y en campañas. Se facultaría al TEPJF para resolver las impugnaciones, calificar la elección y declarar los resultados, para que los electos asuman el cargo el 1 de septiembre.

Para subsanar la falta de justicia pronta y expedita, va por sustituir al CJF por dos nuevos entes: Uno es el órgano de administración judicial, y el otro es el Tribunal de Disciplina Judicial, el cual se encargaría incluso de atender casos de corrupción de jueces locales, que podrían ser sujetos a juicio político en San Lázaro.

La reforma judicial ratifica que se debe privilegiar la política de austeridad, por lo que se modificarían diversos artículos para que los ministros de la SCJN, magistrados y jueces no perciban una remuneración superior a la del Presidente de la República.

Otros cambios sustantivos señalan que se elimina el “haber por retiro” o pensión vitalicia, se reduce de 11 a 9 la cantidad de ministros y se eliminan las dos salas de la Corte. También propone que las ministras y ministros durarán en su encargo 12 años improrrogables; es decir, una reducción de tres años al periodo actual.

La elección por voto directo también alcanza a los consejeros del que plantea como nuevo INEC, además de los magistrados del TEPJF, cuyos aspirantes, según la reforma electoral, serían propuestos por los tres Poderes de la Unión.

El INEC, que sería conformado por siete personas (en el Consejo General son 11), se encargará de organizar los comicios de sus propios integrantes, así como de los del PJF, entre los que también repartirá los tiempos del Estado, pues propone una nueva forma de comunicación política.

Plantea un esquema de ahorro de recursos que incluye reducir a la mitad el financiamiento público de los partidos y permite el financiamiento privado sin rebasar los límites y con apego a la fiscalización.

Además, “borra” los 200 diputados federales y los 64 senadores plurinominales, al igual que 459 legisladores locales, con base en un cálculo de la población de cada estado, y elimina todas las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, de las entidades.

Como el nuevo INEC se encargará de lo relacionado con las consultas y la revocación de mandato, bajaría de 40 a 30 por ciento el requisito para que sus resultados sean vinculatorios y abre la puerta a someter a consulta temas que actualmente no se pueden.

Daría a SFP cuidado de datos personales

En una de las iniciativas presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador propone la extinción de siete órganos autónomos y organismos descentralizados, entre los cuales se encuentra el Inai, cuyas funciones sugiere trasladarlas al Poder Ejecutivo, y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), figura con la que busca sustituir en otra reforma al INE.

De esta forma, el mandatario propone que la tutela del derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales, así como la política de transparencia vinculadas a los entes de la Administración Pública Federal, al órgano de control del Poder Judicial, a los demás órganos autónomos y a las contralorías del Congreso de la Unión en su nivel federal, pero también los equivalentes al nivel estatal, queden en manos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Mientras tanto, la política de transparencia relativa a partidos políticos quedaría en manos del INEC, mientras que la de los sindicatos quedaría bajo el control del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

“En lo que se refiere a la tutela y protección de los datos personales en posesión de particulares, las atribuciones y obligaciones quedarían a cargo del Ejecutivo federal, conforme se determine en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, señala el documento.

También propone desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que las funciones las asuma la Secretaría de Economía, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y que sus facultades se transfieran a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La misma suerte plantea para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que se trasladaría al Inegi; la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a la Secretaría de Energía (Sener).

Por último, plantea también la extinción del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), que pasaría a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los comisionados de los órganos a desaparecer continuarán en el cargo y concluirán sus funciones hasta la fecha en que entre en vigor esta reforma, en caso de que se apruebe, para lo cual requerirá los votos de dos terceras partes del Congreso, que en esta Legislatura no tiene el bloque de la Cuarta Transformación.

Para argumentar estos cambios, el Presidente acusa que dichos órganos y organismos fueron producto de una “burocracia dorada” y la implementación del modelo neoliberal en el país, que derivó en una menor eficiencia, escasa transparencia y un mayor poder a actores privados, en detrimento del poder público.

Luego de mencionar que la función del Estado es reconstruir los derechos bajo la tutela directa del Poder Ejecutivo, apunta que el país “debe aprender de las experiencias vividas” y ahora plantear una interacción del sector privado, pero con un Estado capaz de garantizar el acceso a los derechos fundamentales.

“Además, los organismos descentralizados y órganos constitucionales autónomos, en vez de consolidarse como entidades técnicas e imparciales, fueron creados para garantizar intereses privados de diversa índole en su beneficio, lo que fue evidente en distintos casos en que surgieron a partir de la separación de funciones de alguna secretaría, sin relación con necesidades de la sociedad. Incluso, en varios casos, su objetivo fue expresamente clientelar”, señaló.

Entre los artículos transitorios, apunta que las economías y ahorros que deriven de esta extinción se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que propone crear para que la población se pensione con su último salario.

Plantea fondo semilla y pensión al 100%

En materia de pensiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que las personas que comenzaron a cotizar en 1997 reciban un monto igual a su último salario, con un sistema que busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar o Fondo Semilla, de 64 mil 619 millones de pesos, que se alimentará de recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, entre otros.

La modificación versa sobre el artículo 123 constitucional, para que los mayores a 65 años que cotizan a partir del 1 de julio de 1997 en el IMSS —cuando entró en vigor la reforma antepasada—, y aquellas bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE, tengan derecho a que la pensión sea igual a su último salario, hasta una cantidad equivalente al sueldo promedio registrado en el IMSS, sólo en caso de que su pensión sea menor a dicho promedio.

A este salario se le ajustará la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda en los Criterios Generales de Política Económica, de acuerdo con el ejercicio fiscal que corresponda.

Para esto, se propone crear el Fondo de Pensiones que recibirá aportaciones del Gobierno: 75 por ciento de los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que el Congreso extinguió en 2023.

También, de los bienes inmuebles sin construcción que sean del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, así como las deudas de las dependencias federales, órganos autónomos, estados, los poderes legislativos y judiciales locales, y cualquier otra con adeudo ante el SAT, ISSSTE o IMSS.

Asimismo, se complementará con el reintegro de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial que, acusa, se usaron “para financiar el mantenimiento de casas habitación y otras extravagancias de jueces, magistrados y ministros, una vez que concluyan los procedimientos legales en curso”.

Planea usar los recursos que queden tras la extinción de los órganos autónomos que también propuso en este paquete, así como el 25 por ciento del remanente de las utilidades de las secretarías de la Defensa y la Marina.

Igualmente, sugiere permitir las donaciones o cualquier otro tipo de aportación provenientes de cualquier persona física o moral, sin que por ello se consideren fideicomitentes o fideicomisarios o tengan algún derecho sobre el patrimonio fideicomitido. Entre los transitorios, apunta que cada ocho años se realizará una evaluación actuarial de la suficiencia del proyecto, para determinar si debe tener más fuentes de financiamiento.

Para argumentar esta reforma, el Ejecutivo federal acusa que las reformas de 1997 y 2007 fueron en detrimento de los sectores más vulnerables, por lo que el cambio propuesto “busca prevenir una crisis que padecerán las personas trabajadoras que se jubilarán” con dichos regímenes.

Dijo que, con la reforma de Ernesto Zedillo, se realizó uno de “los mayores atropellos” a la seguridad de la población y representó una “regresión histórica” al progreso alcanzado, pues la administración de los recursos pasó a manos del sector privado y a merced de los cambios en el mercado.

“Si la reforma estructural sobre la privatización de pensiones se logró bajo un régimen corrupto y autoritario, entonces se puede revertir el daño bajo un régimen democrático y humanista, que reivindica las luchas sociales del pueblo, por lo que el presente proyecto de reforma constitucional invita a otorgarle legitimidad a un verdadero sistema de pensiones que brinden una mejor calidad de vida”, señaló.

Garantiza derechos al agua, alimentos…

Como parte del paquete de reformas que presentó el Ejecutivo, plantea una iniciativa que busca garantizar el derecho de acceso al agua para consumo personal y uso doméstico, y no otorgar concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad del líquido en cantidad y calidad, además de sólo autorizar asignaciones a entes públicos para el consumo personal y uso doméstico.

Otra de las propuestas pretende garantizar el derecho a la alimentación, la cual contempla “reforzar y actualizar el marco jurídico constitucional para declarar a nuestro país libre de maíz genéticamente modificado, como el transgénico, para siembra y consumo humano, así como el reconocimiento del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional”.

También plantea impedir prácticas que dañen el medio ambiente y la salud de la población, mediante la prohibición de las actividades de minería a cielo abierto y del fracturamiento hidráulico (fracking) con agua como fluido base, para la extracción de hidrocarburos.

En otra iniciativa, impulsa modificar los artículos 4 y 5 de la Constitución, en materia de protección de la salud, la prohibición definitiva de producción, distribución y comercialización de vapeadores o cigarrillos electrónicos, así como de “sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”.

También impulsa otra modificación al artículo 4 de la Constitución, para agregar la obligatoriedad para el Estado de garantizar una atención médica integral, universal y gratuita.

Además, López Obrador presentó reformas para que se utilicen los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionadas durante el Gobierno de Ernesto Zedillo y que actualmente sólo se utilizan para el transporte de carga, para que se empleen para los trenes de pasajeros.

Igualmente, otra para que se le devuelva a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresa pública estratégica, que en la reforma durante el Gobierno de Enrique Peña, señaló, le quitaron para favorecer la privatización del sector.

Además, planteó la obligación del Estado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o concesión a particular.

Añade 6 delitos a la prisión preventiva

Ante el incremento grave en los delitos de extorsión, tráfico de fentanilo y defraudación fiscal mediante facturas falsas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso de la Unión establecer la prisión preventiva oficiosa a quienes incurran en esos ilícitos.

En la iniciativa de reforma en materia penal enviada ayer a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal planteó modificar el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución, para ampliar el catálogo de delitos donde se aplique la prisión preventiva.

El citado artículo quedaría como sigue: “El juez debe ordenar la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, narcomenudeo, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados.

“Defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley”, añade.

En los artículos transitorios deroga todas las disposiciones que se opongan al contenido, previstas en leyes secundarias. El Congreso, en un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, deberá armonizar el marco jurídico de las leyes en la materia, y las legislaturas locales deben adecuar la norma en un año.

En el diagnóstico sobre la problemática en este rubro, detalló que el fentanilo, que es 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces que la morfina, “ha puesto en jaque a las autoridades de diversos países”, pues su consumo va en aumento y ha causado miles de muertes, incremento de la violencia y delitos vinculados con su tráfico, que erosionan el tejido social.

Argumentó que, en México, el Ejército documentó que, a partir del 2009, se multiplicaron los laboratorios para elaborar drogas sintéticas. Sin embargo, añadió, en este Gobierno fueron decomisados más de 50 mil millones de pesos en drogas tradicionales, como la mariguana, y 76 mil 452 millones de pesos en opioides.

Considera que la aprobación de la iniciativa proveerá de una herramienta jurídica para otorgar mayor eficacia y contundencia a las acciones del Gobierno para mitigar el consumo de drogas sintéticas en el país y, con ello, debilitar a las organizaciones criminales, sus jerarquías y fortalezas económicas.

Al referirse al delito de extorsión, resalta que ha tenido un fuerte impacto en el tejido social donde el uso de las tecnologías se ha diversificado, lo que tiene como consecuencia un alto grado de impunidad, sumado a que la autoridad no cuenta con las herramientas legales efectivas para abatir ese ilícito.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2022 se registró el mayor número de carpetas por extorsión, con 10 mil 343 casos en comparación con 2019, cuya cifra reportada fue de 8 mil 734. La incidencia de diciembre de 2018 a 2023 aumentó 47.6 por ciento.

López Obrador expuso que la defraudación fiscal, a través de la evasión del pago de impuestos, mediante facturas falsas que amparan operaciones simuladas, sumó 339 mil millones de pesos en los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, de acuerdo con el SAT.

Puntualizó que, al mes de diciembre del 2023, se tienen identificados públicamente a 10 mil 798 sujetos que en definitiva incurrieron en esquemas de facturación falsa.

Oficialismo y oposición difieren por iniciativas

Luego de la entrega a la Cámara de Diputados del paquete de 20 reformas constitucionales presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el bloque de la Cuarta Transformación se comprometió a respaldar, mientras que la oposición dijo que las analizará y sostuvo su negativa a apoyar aquello que vulnere derechos alcanzados. 

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, entregó el paquete a la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, donde la funcionaria detalló que la lista contiene 18 proyectos de cambio a nivel constitucional y dos, legal.

Ante la falta de votos que el bloque guinda enfrenta en la actual Legislatura para aprobar dichas reformas, la secretaria dijo: “Ya veremos, se va a abrir la discusión”, pues esto dependerá de lo que digan las y los legisladores en el Congreso. 

Asimismo, calificó las iniciativas como proyectos que “reivindican los derechos de la población y que nuevamente retoman el sentido social de la Constitución de 1917… Ponemos ahora en sus manos esta discusión, este análisis”. 

Al respecto, Marcela Guerra apuntó que en la próxima sesión ordinaria del 7 de febrero se notificará al pleno de la recepción de las iniciativas para que sean turnadas a las comisiones correspondientes. 

El coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, dijo que el bloque de la 4T definirá este miércoles la ruta a seguir para la discusión de las 20 reformas, pues aseguró que todas tienen el “espíritu” de “recuperar el sentido social de democracia de justicia de solidaridad fraternidad de igualdad austeridad y democracia”. 

“Vamos a analizar de manera específica cada una de estas 20 iniciativas y, conforme al reglamento, a la práctica parlamentaria y el acuerdo político que se suscribe en la Junta de Coordinación Política, definiremos cuál va a ser la ruta el próximo miércoles”, declaró. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, destacó en sus redes sociales la importancia de las iniciativas presidenciales.

“Son de gran calado; robustecen el bienestar y afianzan la política social; refuerzan la austeridad como política de Estado; subrayan la eliminación de entes surgidos en el neoliberalismo; mejoran la condición del campo y sus habitantes; otorgan fuerza legal a las comunidades indígenas y afromexicanas, y justicia social en materia de educación, salud y bienestar a las mexicanas y los mexicanos. Reformas históricas”, detalló.

Sin embargo, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD coincidieron en acusar que el proyecto tiene fines electorales y sostuvieron su postura en contra de dar votos para desaparecer a los órganos autónomos. 

“Si Morena se empeña en consumar la regresión autoritaria, se va a topar con el PRI. Le hemos demostrado una y otra vez que, por el bien de México, de su pueblo y de la democracia, lo damos todo. No cuenten con el PRI para destruir al país”, señaló el tricolor en un comunicado.

En tanto, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, exigió que se realice un parlamento abierto sobre las iniciativas y que se acepten las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales en las distintas materias relacionadas a las iniciativas.

Expuso que por tratarse de temas torales para la vida democrática y social del país, no debe haber prisas ni presiones en el análisis, debate y discusión en cada una de las iniciativas.

Damián Zepeda, senador albiazul, enfatizó que desde la oposición están dispuestos a apoyar las reformas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, pero no las que ataquen a las instituciones.

En tanto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, expuso en sus redes sociales: “Como ya se preveía, las iniciativas constitucionales que presentó el Presidente son pura demagogia, parte de su estrategia de distracción como jefe de campaña que es, aunado a que son regresivas y atentan contra la división de poderes y las instituciones democráticas. ¡No van a pasar! El PRD sólo irá con iniciativas que busquen el bienestar de la gente”.

Gobernadores guindas apoyan al Ejecutivo

Mandatarios estatales de la Coalición Juntos Haremos Historia externaron su apoyo a las 20 reformas constitucionales propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La mejor forma de conmemorar nuestra Carta Magna a 107 años y su promulgación es consolidando la vigencia de su espíritu libertario justiciero y nacionalista”, dijeron a través de un comunicado de prensa.

Los mandatarios estatales manifestaron que las reformas representan en materia de democratización la representación política y el combate al “despilfarro en materia electoral; la eliminación de organismos con altísimos salarios y privilegios para quienes los dirigen y sin beneficios tangibles para el pueblo, por lo que significan un desperdicio de recursos públicos”.

Los gobernadores dijeron que la actualización republicana y democrática del Poder Judicial, la recuperación del sentido de justicia laboral en pensiones y poder adquisitivo del salario mínimo frente a la inflación, entre otras propuestas, son medidas que se corresponden con la profunda transformación que vive México.

También refirieron que las iniciativas presentadas este 5 de febrero expresan el carácter republicano, cívico y pacífico “del humanismo mexicano, así como la necesidad de profundizar en la renovación de nuestras instituciones”.