El estimado es de José Ignacio Martínez, académico investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien además asegura que sería posible cubrir el gasto si se abordan las fugas en el sistema tributario. “Podrían financiarse con una reforma fiscal a través del combate a la elusión, evasión, subvaloración, subvaluación, distorsión, revisión de subsidios e incentivos a grandes contribuyentes, dominancia y predominancia” asegura el especialista.
“Con ello, se eliminaría la economía ilícita y la economía informal dando paso a una nueva economía fiscalizada que representa el el 10,3% del PIB”, apunta el especialista. “Esta será la siguiente reforma que debe impulsar el nuevo Gobierno Federal y, al respecto, no debe confundirse reforma fiscal con reforma tributaria”, agrega. Ambas candidatas a la presidencia al frente de la contienda electoral de este año han asegurado que no planean subir impuestos.
Por su parte, el exfuncionario de la secretaría de Hacienda y Crédito Público y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Víctor Gómez, considera que, de implementarse las reformas, sería un rompimiento con la responsabilidad fiscal que ha caracterizado a México en las últimas décadas. “El factor en común es la ausencia de un sentido de responsabilidad fiscal”, opina Gómez, “es decir, no existe un análisis técnico y profundo del impacto sobre las necesidades de gasto que va a presionar sobre las pensiones, del gasto que van a ocasionar para el gobierno federal. Por ende, no existe una contraparte en ingresos que, de manera continua y sostenida, permita financiar ese incremento en el gasto”.
Gómez señala a la reforma al sistema de pensiones como “la más dura de asimilar”. El Gobierno planea garantizar que los trabajadores cobren una pensión igual a su último salario, siempre y cuando no supere los 16.777 pesos. Pero este monto está referenciado al salario base de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que fluctuará a futuro. Para financiarlo, el Ejecutivo propone canalizar los recursos que actualmente van al de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), así como del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Financiera Rural, los fideicomisos del Poder Judicial y el presupuesto que ahora corresponde a los órganos autónomos que López Obrador busca desaparecer.
En su discurso en Palacio Nacional, López Obrador también mencionó un “fondo semilla” de 64.619 millones de pesos que sería un paso inicial para financiar estas pensiones. “Es poco menos que un curita”, dice Gómez, “es un monto por a todas luces insuficiente, dado el tamaño de la población que que se beneficiaría con esta medida”. Lo que busca el presidente es que todas las personas que se retiraron a partir de 1997 bajo la ley actual del IMSS, tendrían derecho a una pensión equivalente al 100% de su salario de su último salario, es decir, una tasa de reemplazo del 100%.
En 1997, México reformó su ley de pensiones para introducir un sistema de cuentas individuales en las que se invierten contribuciones del patrón y voluntarias, llamadas Afores. La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) dijo en un comunicado el lunes que “lograr tasas de reemplazo de 100% para los trabajadores de menores ingresos es deseable y consistente con las mejores prácticas internacionales, ya que, quienes menos ganan, son quienes tienen menor capacidad de ahorro adicional”.
Esto implica que el gobierno tendría que compensar a todas las personas que se retiraron ya bajo el sistema Afore para llegar a esa a la tasa de reemplazo de 100%, explica Gómez. “Obviamente los 64.000 millones de pesos se van a quedar muy cortos muy pronto, no alcanzan, ni siquiera para el primer año”, señala.
López Obrador también propuso apoyar con becas a jóvenes que terminaron de estudiar y no tienen empleo durante un año, así como los ajustar salarios de algunos trabajadores del sector público como policías, maestros y militares, entre otros, de manera que no ganen menos del promedio del salario promedio del IMSS. “Esta medida puede generar cierta presión sobre la nómina del gobierno federal y del sector público federal en general, quizás no directamente, pero sí por canales indirectos”, aseguró Gómez.