Día difícil en Zacatecas

Fue el propio secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien calificó así la jornada negra que se vivió en esta entidad. En la mañana fue ejecutado en Fresnillo Juan Pérez Guardado, funcionario municipal y cuñado del senador Ricardo Monreal. Y por la tarde corrió la misma suerte Cecilio Murillo, hermano del presidente municipal de Sombrerete, Alan Murillo. Dos crímenes de alto impacto en contra de figuras asociadas a la política, en menos de 12 horas. Estos lamentables hechos se dieron en una entidad que ocupa el segundo lugar en incidencia de ataques contra políticos, con una tasa de 2.7 casos por cada 100 mil habitantes. “Hoy ha sido un día difícil en términos de seguridad”, reconoció Reyes Mugüerza. Pero hay quienes creen que no ha sido un día, sino poco más de dos años difíciles, los transcurridos de la actual administración.

“Somos más por la pacificación”

Y fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien ayer salió al paso ante hechos de violencia ocurridos en la entidad. “Tenemos muchas herencias históricas que no han sido nada buenas, ésas hay que arrancarlas de raíz, hay que arrancar de raíz la corrupción, todo lo que no nos hace bien y ser el estado valiente, noble, con gente buena y trabajadora. Somos más los que queremos la paz, la gente que quiere la pacificación”, señaló al iniciar la Feria de Servicios Institucionales “Mi prevención es primero” en el municipio de Chilapa. Se trata de un programa, nos aseguran, que tiene como propósito fomentar la prevención del delito en los jóvenes atendiendo las causas que originan la violencia como la pobreza, marginación y falta de oportunidades. El gobierno estatal tiene previsto que este programa esté activo en las ocho regiones del estado “atendiendo de manera directa a todas las familias con todos los servicios que ofrece el gobierno del estado”. Ahí el dato.

Contratos y cuestionamientos

Y hablando de temas de contratos, nos cuentan que el nombre de Marco Reyes, representante de la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza, está siendo señalado por cuestionar licitaciones del sector en las que empresas presuntamente afines a su movimiento pierden los concursos. Y es que, nos aseguran, como en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han abierto espacios a más empresas, muchas compañías consideradas cercanas a Reyes han estado perdiendo. Y cuando esto ocurre viene entonces el cuestionamiento y los señalamientos a funcionarios públicos en quienes recaen los procesos de compra y adjudicación. Las firmas perdedoras, nos comentan, argumentan que dan el precio más bajo y que se alinean al contrato marco que ostentan a través de la Secretaría de Hacienda, sin embargo, en la 4T, enterados de lo anterior han optado por abrir la competencia a más jugadores que no precisamente traen el cobijo de la UNITYEL.

Activan opositores a la OEA

Y ahora fue el candidato de PRI-PAN-PRD en la Ciudad de México, Santiago Taboada, el que acudió ante la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar sendas denuncias por el presunto uso de instituciones de procuración de justicia en la capital con fines electorales. Y es que, ha señalado el exalcalde de Benito Juárez, que en la Fiscalía local, a cargo de Ulises Lara, alistan nuevas acciones legales en su contra con el fin de sacarlo de la contienda, situación que calificó como una elección de Estado similar a la que ha ocurrido en países como Nicaragua o Venezuela. El organismo internacional a cargo de Luis Almagro, nos hacen ver, en pocos días ha sumado llamados de políticos de oposición en México a que ponga los ojos en el proceso electoral. Ya se verá qué hace con los balones que le han puesto en su cancha.

Una a favor del periodismo crítico

Y fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que, con el voto unánime de sus integrantes, determinó revertir una sanción que se había impuesto a Denise Dresser, por emitir expresiones en contra de la actuación y aparente uso indebido de recursos públicos de la diputada de Morena, Andrea Chávez. Fue la magistrada presidenta, Mónica Soto, quien planteó el proyecto de resolución que obtuvo el apoyo de sus compañeros magistrados. En éste, sostuvo que en una democracia, el derecho a la actividad periodística y a la libertad de expresión resultan fundamentales para su fortalecimiento y consolidación, argumentos respaldados por otros en el sentido de que las denuncias por violencia política de género no deben usarse para acallar voces críticas.