Esta vez sí. A la segunda fue la vencida, por un solo voto. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes ha conseguido aprobar, por un mínimo margen, su vieja ambición de someter a un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su supuesta dejación de funciones en su gestión de la frontera con México. Pero, salvo sorpresa, el gesto, el primero de este tipo en siglo y medio, no tendrá consecuencias para el responsable de la inmigración estadounidense: el impeachment se traslada ahora al Senado, donde no tiene perspectivas de prosperar, dado el control del Partido Demócrata en esa institución.
Un total de 214 diputados republicanos votaron a favor de castigar a Mayorkas por los cargos de dejación de funciones en su deber de proteger la frontera y violación de la confianza pública depositada en él al hacer declaraciones falsas ante el Congreso. Otros 213, toda la bancada demócrata y los tres republicanos que se habían sumado a ellos en la votación de la semana pasada, se pronunciaron en contra.
Es la primera vez en 150 años que los congresistas se pronuncian a favor de abrir un impeachment, o juicio político, contra un miembro del Gobierno. La Constitución de EE UU prevé esa opción para casos de traición o delitos igualmente graves.
Mayorkas niega haber cometido ninguna infracción y argumenta que los problemas en la frontera sur, donde en 2023 se batieron los récords de cruces irregulares desde México hacia Estados Unidos, se deben a un sistema migratorio heredado y plagado de problemas. La semana pasada, la oposición republicana bloqueaba la aprobación de un proyecto de ley consensuado entre ambos partidos que combinaba la ayuda a Ucrania e Israel con una reforma migratoria que imponía un régimen mucho más duro de control en la frontera. Los demócratas denunciaron que los republicanos habían vetado la medida porque querían aprovechar los problemas migratorios como tema de campaña en este año electoral.
La Cámara entregará al Senado los artículos en los que basa el juicio político el próximo 26 de febrero, cuando la Cámara Alta retome la actividad después de dos semanas de descanso iniciadas este mismo martes, después de haber aprobado un proyecto de ley de 95.000 millones de dólares para la ayuda a Ucrania e Israel
La consulta de este martes en la Cámara de Representantes estuvo en duda hasta el último momento, dado el temporal de nieve en el noreste de Estados Unidos que ha causado retrasos y cancelaciones de vuelos y trenes. Los republicanos solo cuentan con una mayoría de siete diputados, y cualquier ausencia, o cambio de opinión a última hora, podía representar un resbalón. En la mente de todos ellos estaba el fiasco de la semana pasada, cuando un mal cálculo de los “síes” con los que contaban les llevó a precipitar una votación que acabaron perdiendo por el voto en contra de tres de los suyos, 214 síes por 216 noes.
Este martes se había incorporado a las filas de los favorables al castigo contra Mayorkas el “número dos” de la bancada republicana, Steve Scalise, que la semana pasada había estado de baja para tratarse el cáncer que padece.
La inmigración se ha convertido en uno de los grandes temas de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo noviembre en Estados Unidos, ante el aumento de las llegadas de migrantes irregulares. El año pasado batió los récords de entradas ilícitas: 2,4 millones, un 14% más con respecto al año anterior. En diciembre, la Patrulla Fronteriza detuvo a casi 250.000 personas que trataban de cruzar la frontera de manera ilegal, la cifra más alta en décadas. Pero en enero, los cruces descendieron casi a la mitad, según los datos que ha dado a conocer este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Inmediatamente después de darse a conocer el resultado de la votación, el presidente Joe Biden condenó la iniciativa contra el miembro de su equipo de gobierno. “La Historia no juzgará con amabilidad a los republicanos en la Cámara por este acto petulante de partidismo anticonstitucional contra un funcionario honorable con el fin de jugar jueguitos políticos mezquinos”, ha denunciado en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.
“Los mismos republicanos que han impulsado este juicio político sin base rechazan los planes bipartidistas en los que el secretario Mayorkas y otros en mi Administración han trabajado duro para fortalecer la seguridad fronteriza ya mismo - y revierten así años de sus propias exigencias de aprobar leyes migratorias más duras”, ha continuado Biden, en referencia al fracaso del proyecto de ley la semana pasada. “Renunciar a soluciones de verdad cuando más se necesitan para hacer politiqueo no es lo que el pueblo estadounidense espera de sus líderes”.
Por su parte, el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson -que no podía reprimir una sonrisa al anunciar el resultado de la votación- declaraba en un comunicado paralelo que el secretario de Seguridad Nacional “ha rechazado consciente y consistentemente cumplir las leyes migratorias, lo que ha alimentado la peor catástrofe fronteriza en la historia de Estados Unidos.... Merece ser sometido a juicio político, y el Congreso tiene la obligación constitucional de hacerlo. Junto a la declaración de guerra, el juicio político es la potestad más seria que tiene la Cámara y así la hemos tratado”.
Los legisladores demócratas, expertos constitucionales y predecesores de Mayorkas en el cargo habían condenado la medida, al acusar a los republicanos de querer convertir lo que solo era una diferencia de opinión política en un castigo legal. Alegaban también que no existía ningún indicio de que el secretario de Seguridad Nacional hubiera cometido el tipo de delitos que se castigan con un impeachment.