En México, más del 70 por ciento de las mujeres que habitan en el país han declarado haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Aunque el Estado mexicano ha desarrollado mecanismos para prevenir y combatir este tipo de agresiones, como la instalación de los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum), los datos indican que la meta de garantizar una vida libre de violencia a ese sector de la población aún es distante.

Cifras reportadas por instancias federales y civiles revelan que la política de los Cejum, implementada en el territorio nacional a partir de 2011, ha atendido a miles de mexicanas y contribuido a que accedan a entornos seguros. Sin embargo, a más de una década de que se abrieron los primeros centros en Chihuahua, Campeche y Chiapas, la estrategia presenta deficiencias.

Un ejemplo de esto es que fue hasta el 8 de mayo de 2023, a partir de una de las recientes reformas realizadas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que se precisó la definición de estas instancias en la disposición legal, detalla el estudio “Centros de Justicia para las Mujeres, Informe nacional 2018-2021”, presentado el 7 de febrero de 2024 por la organización EQUIS.

“Son espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que brindan, de manera gratuita, atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad, desde las perspectivas de género, derechos humanos, intercultural, diferencial e interseccional, mediante la prestación de servicios en un mismo lugar, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y su empoderamiento”, precisa el apartado XVII del artículo 5 de la LGAMVLV.

El informe destaca que de la reforma también se derivó que se enlisten las atribuciones de los Cejum, así como los servicios mínimos que brindan y las instituciones encargadas de ello; se enumeren los requisitos para ocupar su dirección y las atribuciones de este encargo; se establezca la obligación de profesionalizar a todo el personal en atención a víctimas de violencia, así como de evaluarlo periódicamente; y se incorporen los enfoques intercultural, interseccional y diferenciado al modelo de atención.

De los aportes que dejó la modificación legal resalta que, a partir de 2023, se distingue a la Secretaría de Gobernación como el organismo encargado de impulsar la creación de los Centros de Justicia y su equipamiento, así como certificarlos; y es a las entidades federativas a las que les corresponde crearlos y operarlos.

Poco personal, mucha demanda

Nancy Carmona Arellano, coordinadora del Área de Políticas Públicas en EQUIS, dice a Reporte Índigo que en los últimos años se han observado avances en la ejecución de los Cejum como parte de la política pública del Gobierno federal para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres; no obstante, tras el análisis realizado por la organización y los testimonios recabados, se distinguen cuatro categorías en las que las autoridades pueden fortalecer a los centros con el fin de que presten mejores servicios.

“Por un lado, tiene que ver con la insuficiencia de personal. Hay una demanda de servicios mucho más grande que no puede ser cubierta con el personal que se tiene y esto es porque tienen poco personal o porque solo hay un Centro de Justicia en algunas entidades federativas, entonces todas las usuarias llegan ahí y les sobrepasan. También tiene que ver con la propia rotación del personal, específicamente el que está comisionado por otras instituciones”, menciona.

La investigadora detalla que los Cejum puede contratar trabajadores por su cuenta o a través de las fiscalías estatales, pero también hay personal que ahí labora que es comisionado por parte de diversas instituciones, entre ellas, la Secretaría del Trabajo o la Secretaría de las Mujeres; sin embargo, la gente no siempre llega o las dependencias no la envían aunque existan los convenios de colaboración.

Los resultados de la investigación “Centros de Justicia para las Mujeres 2023”, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que, al 31 de diciembre de 2022, de los 65 Cejum analizados, se registró que el 58.5 por ciento del personal estaba adscrito a los Cejum; 27.8 por ciento fue asignado o comisionado; y 13.6 por ciento se encontraba en su servicio social y/o en prácticas profesionales.

Detalla que el 80.5 por ciento del personal en 2022 estaba compuesto por mujeres y 19.5 por ciento por hombres; y el nivel de escolaridad promedio fue licenciatura, con el 70.4 por ciento, seguido del “no especificado”, con 12.4 por ciento: preparatoria o bachillerato, con 8.2 por ciento; maestría, con 6.5 por ciento; y estudios técnicos o comerciales, con 2.3 por ciento.

Según el INEGI, el área de atención que cuenta con más personal de los Cejum a su servicio son las fiscalías o agencias del Ministerio Público, con el 22.3 por ciento; después se encuentra el área de Atención Jurídica, con 12.2 por ciento; personal administrativo o de apoyo, con 11.1 por ciento; y atención psicológica, con 10.6 por ciento, principalmente.

El informe de EQUIS precisa que la asignación de recursos financieros, humanos y materiales es una condición indispensable para que los estados, a través de los Centros de Justicia, garanticen de manera progresiva el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Además de la disponibilidad de presupuesto, incluso en periodos de austeridad, debe procurarse que se gaste de modo que tenga las mejores repercusiones, “como han señalado los órganos de vigilancia de derechos humanos”.

De acuerdo con dicha asociación, actualmente existen 67 Cejum en México, uno de ellos, el de Tabasco, entraría en operación en 2024.