Las elecciones en México siempre vienen precedidas de decenas de asesinatos. Matar es la forma de definir el cartel electoral: si un candidato se revela como posible ganador, el adversario le dará dos tiros y asunto arreglado. A veces son asesinados antes incluso de postularse por un partido. El 1 de marzo comienza la campaña presidencial, legislativa y de renovación de puestos en miles de Ayuntamientos, que llevará ante las urnas, el 2 de junio, a un total de 20.375 aspirantes. Las organizaciones que rastrean esta estadística ya cuentan una decena de personas asesinadas por sus vínculos electorales y la campaña no ha empezado. Cuando se lea este artículo, la cifra habrá subido, no hay día que los periódicos no informen sobre nuevas víctimas de una democracia todavía imperfecta.
En los últimos comicios, de junio de 2021, la consultora Etellekt llevaba la cuenta: al menos 35 aspirantes fueron asesinados, y no se esperan grandes cambios en esta ocasión. Los que matan, o mejor, mandan matar, son políticos o criminales, dos figuras que a veces es una sola. Quieren situar en el ámbito local a gente de su cuerda que les faciliten no solo el mando y el acceso al presupuesto público, sino la delincuencia organizada en esas zonas, razón por la cual estos crímenes se dan sobre todo en ayuntamientos más o menos remotos, pero no siempre. Sin llegar a un magnicidio como el de Luis Donaldo Colosio en 1994, aún sin aclarar quién mandó apretar el gatillo, son muchos los que caen en ciudades pequeñas y saltan a los medios de comunicación.
La semana pasada, dos crímenes fueron especialmente sonoros, puesto que las víctimas pertenecían a una misma familia y cayeron en el mismo pueblo, Fresnillo, uno de los más violentos del país, en el Estado, terrible también, de Zacatecas. Juan Pérez Guardado era cuñado del senador Ricardo Monreal, una de las figuras políticas más conocidas en México. Fue el 7 de febrero. Cuatro días más tarde, las balas acabaron con la vida de Jorge Antonio Monreal, sobrino del senador y del gobernador de Zacatecas, David Monreal. Los políticos saben a lo que se exponen cuando se presentan a elecciones en México o simplemente cuando trabajan en la Administración pública, sobre todo en algunas zonas más calientes.
Los tres candidatos presidenciales cuentan con una buena escolta organizada por los militares, la guardia nacional y otros agentes. Sin embargo, la pelea es más feroz en el ámbito local, donde el crimen organizado se desenvuelve como gato panza arriba. La cifra de ataques de toda clase, con voluntad de matar o de amedrentar, esa sí alcanza los centenares, 782 en 2021: vulneran las viviendas, secuestran, torturan, amenazan o disparan. Ay del que encuentre un árbol o una piedra atravesada en la ruta y se baje del coche. Ese es solo un método, hay diversos, a la vista de todos o en lo oscuro.
México avanza en su conquista democrática, que se traduce en comicios casi libres con resultados diversos. Ya queda lejos el tiempo del partido único, cuando nadie en el mundo se preguntaba quién ganaría las elecciones en el país, porque la respuesta siempre era la misma, el PRI. Paradójicamente, aquella circunstancia, que se calificó como la dictadura perfecta, engrasaba el sistema de forma que nadie se movía de la fila y los crímenes eran menos. Con el avance de la democracia, el esquema se descompuso y no son pocos los que se inconforman y recurren a las armas para garantizar el resultado deseado. Como señalaba el experto Rubén Salazar a este periódico, “México no acaba de digerir la alternancia del poder”.
“En este país el crimen sigue condicionando los procesos electorales, sobre todo en el ámbito local, donde tienen más presencia y capacidad de presión”, comienza José Antonio Álvarez León, experto en Derecho y Política Criminal de la UNAM. “Y es complicado decir cuándo acabará esto porque los tentáculos de los poderes fácticos son muy poderosos, hay veces que la alternancia entre un partido y otro en cualquier gobierno no significa nada, porque todo el mundo sabe quién es el que de verdad está gobernando”, explica. Si embargo, cree que se podrían implementar algunas reglas. “Si excederse en el gasto previsto para las elecciones es motivo de anulación de una candidatura, ¿por qué un asesinato no lo es? Creo que debería quedar anulado el proceso y repetirse después. Si todo sigue adelante es señal de que no importa mucho lo ocurrido”, afirma. “Si hubiera más vigilancia para la transparencia de los procesos, quizá el crimen mirara para otro lado, quizá”, dice el profesor de la UNAM. Pero no parece que los tiempos vaya en esa dirección, cada vez más el narco, como se le llama genéricamente a esta mafia, gusta de inmiscuirse en los dineros públicos y los recursos humanos de los Ayuntamientos.
El resultado de estos crímenes es que el partido que puso la víctima queda sin su candidato más relevante, la gente siente miedo y no hay quien se atreva a no facilitar las cosas al supuesto victimario. No puede llamarse a esto un proceso democrático con mayúsculas. Los partidos políticos y el crimen suelen subsumirse en los lugares remotos. Si un partido tiene las de ganar, el crimen se aliará con ese candidato, o matará al que le haga sombra en sus propósitos, nunca se sabe cuál es la fórmula, explica Álvarez León. “Aparentemente, ganan los dos, hay muchas negociaciones por debajo”, dice.
Es difícil decir en México si falta democracia o sobran criminales. Si no se han acostumbrado a una alternancia pacífica o no les dejan, porque a veces ambas cosas son caras de la misma moneda.