Guadalajara, Jalisco (12 septiembre 2016).- Trate de imaginar cómo 326 millones de pesos del dinero de los contribuyentes se esfuman y no hay nadie que responda por ese recurso.

Pues eso ocurrió en 2012 con dinero del Seguro Popular que pagó la Secretaría de Salud Jalisco para adquirir un software que digitalizara los expedientes de afiliación de beneficiarios.

Dicho monto fue entregado a Global Incom, empresa de la Ciudad de México, por un sistema que no se pudo utilizar, pues no se completó la capacitación del personal que lo operaría ni se previó que se necesitaría pagar cada año por actualizarlo.

Esto motivó una auditoría de la Contraloría estatal en marzo de 2014, la cual derivó en una denuncia penal contra cuatro ex funcionarios del organismo público descentralizado presentada en diciembre de ese año.

El delito que se imputó fue desvío y aprovechamiento de atribuciones y facultades en agravio de la sociedad, al hallarse irregularidades desde la licitación para la asignación del contrato.

Dado que firmaron el contrato LPN-43068001-007- 12 sin tener atribuciones legales, fueron acusados los funcionarios del Seguro Popular: Álvaro Córdoba, ex titular de Administración; José Luis Gómez, ex director del organismo; José Ángel Orozco, ex director de Recursos Materiales, y Fidel Ortega, ex titular de Asuntos Jurídicos.

La Fiscalía estatal emitió órdenes de captura contra los cuatro, aunque sólo aprehendió a Córdoba en 2015. Éste obtuvo un amparo y fue liberado en mayo de 2016.