El proceso electoral en México aún no comienza oficialmente y ya viene teñido de sangre. Al menos 33 personas del mundo de la política, una gran parte de ellos aspirantes a algún cargo en los comicios del próximo 2 de junio, han sido asesinados en los dos primeros meses de 2024. Las estadísticas han empezado a prender alertas, por temor a que las elecciones de este año se conviertan en las más violentas de la historia del país, unas cifras que se suelen superar en cada cita a las urnas. Solo este lunes asesinaron a dos candidatos a la presidencia municipal de Maravatío, en Michoacán. La campaña arranca este viernes y los ataques no han parado de arreciar. Quienes llevan el recuento de la violencia señalan que además de los homicidios, se han registrado secuestros, desapariciones, balaceras y amenazas de muerte por lo menos en 14 Estados.
La inseguridad en México, una de las asignaturas pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta uno de esos momentos políticos en los que florece con mayor fuerza. México elige este año 20.708 cargos públicos, entre Presidencia, gubernaturas, Congresos locales y federal, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas. Y con los comicios, suele recrudecerse las cifras de la violencia.
Los primeros indicadores de este año van en esa línea. Solo en enero, de acuerdo a la organización Data Cívica, se registraron 35 ataques o amenazas contra funcionarios o exfuncionarios. En 21 casos, las víctimas perdieron la vida. Los datos de febrero no están cerrados aún, pero las cifras preliminares, que solo alcanzan a contar hasta el 10 de febrero, señalan que los asesinatos de personajes políticos alcanzarían a 33, según dijo la organización a este periódico. El conteo hecho por la consultora Etellekt en los comicios de 2021 señaló que al menos 35 aspirantes fueron asesinados, mientras que en las últimas presidenciales, las de 2018, el número de víctimas fatales alcanzó las 48.
El rol que juega el crimen organizado en la violencia es un factor constante. A veces es quien aprieta el gatillo, a veces simplemente está metido en la disputa por los poderes locales. Se garantiza así su tajada de poder con todos los partidos que compiten. Un análisis reciente hecho por el Colegio de México, sobre 32 asesinatos cometidos en las elecciones de 2021, se mata a los candidatos para incidir en el resultado de unos comicios, ya sea para evitar que triunfe determinado aspirante o para desmotivar a la ciudadanía de participar en el voto.
La violencia trasciende a todos los colores políticos y a varios niveles de gobierno, pero se concentra con mayor saña en los ámbitos locales. El último ataque, o los dos últimos, impactaron por atentar contra la vida de dos candidatos a la misma presidencia municipal, la de Maravatío. Miguel Ángel Zavala Reyes, de Morena, y Armando Pérez Luna, del PAN, fueron atacados a balazos en las calles del municipio del Estado de Michoacán con apenas unas cinco horas de diferencia. A Zavala Reyes le dispararon en su coche, cuando salía de la clínica en donde trabajaba, ubicada a un kilómetro del centro de la ciudad. Y a Pérez Luna le balearon dos hombres en motocicleta en una unidad habitacional del Infonavit.
A inicios de febrero, el drama tocaba a la familia de Ricardo Monreal. Primero fue su cuñado. Juan Pérez Guardado, que se desempeñaba como director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, en Zacatecas, fue atacado a balazos cuando trabajaba en un camellón de la avenida central del municipio. A él le siguió el sobrino del senador de Morena y del gobernador del Estado, David Monreal, apenas cuatro días después de ese ataque. El 11 de febrero, Jorge Antonio Monreal, también funcionario del municipio, fue asesinado a tiros a la salida de su domicilio.
La lista de muertes de políticos en febrero también incluye la de Yair Romero, un aspirante a diputado federal por Morena en el Estado de México. A él y a su hermano los atacaron el 10 de febrero a balazos y dejaron sus cuerpos sin vida tirados en medio de la calle en el municipio de Ecatepec, uno de los más inseguros de esa entidad. Y la de Jaime Vera, precandidato a alcalde del municipio Mascota, en Jalisco, que fue baleado el 1 de febrero por la mañana. El hombre, de 62 años, pertenecía al Partido Verde.
El Estado de Morelos también se encuentra bajo fuego. El regidor Alfredo Giovanni Lezama, del PAN, fue atacado el 5 de enero en un gimnasio en Cautla por un tirador solitario que ingresó al sitio y le dio cinco disparos. Ese mismo día, en Chiapas, donde el crimen organizado se ha instalado con más comodidad en los últimos meses, se sumó la muerte de David Rey González. El representante del opositor Frente Amplio por México buscaba competir por la alcaldía de Suchiate. El comando armado le dio cuatro tiros cuando viajaba cerca de la frontera con Guatemala. Un tercer homicidio tuvo lugar ese mismo viernes gris. Sergio Hueso, aspirante de Movimiento Ciudadano a la alcaldía en Colima, fue atacado a balazos en la capital del Estado.
En Guerrero, un matrimonio de políticos fue también asesinado el 24 de enero. Marcelino Ruiz Esteban, exalcalde de Atlixtac, y su esposa, Guadalupe Guzmán, consejera del PRD, fueron víctimas de un ataque armado por la noche. Viajaban en su camioneta por la carretera cuando fueron baleados. En Michoacán, la activista y defensora de los derechos LGBT Miriam Ríos fue baleada el 6 de enero cuando atendía un puesto comercial. Era la comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en la ciudad de Jacona.
La activista trans Samantha Gómez Fonseca fue asesinada el 15 de enero al salir de una visita en un reclusorio de Ciudad de México. La otrora aspirante al Senado por Morena, recibió varios disparos cuando viajaba en un coche en la alcaldía de Xochimilco. La lista de víctimas fatales incluye a José Naredo García, dirigente del PRD en Veracruz, que fue acribillado en el municipio de Cuitláhuac el pasado 27 de enero. Un comando intentó primero secuestrarle, pero al no lograrlo, le disparó múltiples veces. El recuento, que parece demasiado largo, ni siquiera alcanza a los fallecidos el año pasado, porque el proceso electoral empezó de manera irregular hace ya muchos meses.
El próximo viernes arranca oficialmente la campaña y quedarán por delante tres meses que se esperan intensos. Los diferentes grupos opositores, a nivel federal, pero también local, han reclamado medidas de seguridad y que se garantice que las elecciones sean tranquilas. El Gobierno, junto al Instituto Nacional Electoral, han intentado esgrimir un plan para cuidar a los candidatos, que hasta el momento se ha mostrado como insuficiente. La propuesta, que incluía escoltas de mayor o menos tamaño según el riesgo que corrieran los aspirantes, se supone que ya está funcionado desde hace dos semanas.