Por graves actos de violencia, acoso laboral y discriminación fue denunciada Guadalupe Isela Chávez Cardoso, directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM), por Reina Hernández Flores, representante del colectivo "25 no más violencia".
Ante esta situación que consideraron como grave y delicado lo que ocurre al interior del Instituto de la Mujer, acudieron un grupo de mujeres del colectivo 25 no más violencia, para solicitarle a los diputados locales que intervengan e investiguen para que pongan orden y no se sigan afectando a las mujeres, niñas y adolescentes del estado.
Puntualizaron que los actos de violencia y acoso laboral están afectando gravemente tanto al personal como a las mujeres, niños y adolescentes que buscan ayuda en este momento de profunda crisis de inseguridad y violencia que se vive a diario en el estado de Morelos.
Los profesionales comprometidos con la misión del Instituto de la Mujer, así como otros empleados que laboran en la institución, están siendo afectados psicológicamente, lo que repercute directamente en la calidad de atención que se brinda a quienes más lo necesitan, dijo.
Por lo que consideró como fundamental que se garantice un ambiente laboral libre de violencia y discriminación para poder cumplir con la misión de apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Además, Reina Hernández Flores hizo en la falta de apego a los principios legales y éticos por parte de la directora del Instituto de la Mujer, Guadalupe Isela Chávez Cardoso, lo cual ha sido denunciado tanto a nivel laboral como por violaciones a los derechos humanos.
Por lo que confían en que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para que permita determinar las acciones correspondientes, incluyendo el posible despido de la directora implicada y la implementación de medidas para prevenir futuros casos de violencia y discriminación en el Instituto de la Mujer.
Por otro lado, resulta preocupante que la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Isela Chávez Cardoso, haya actuado con total impunidad y de manera sistemática en contravención a los principios fundamentales de la ley y los códigos éticos que rigen el servicio público; esta conducta debe ser investigada a fondo y, de encontrarse culpable, debe ser sancionada conforme a la ley.