Nuevo revés judicial para Genaro García Luna. La Fiscalía de Estados Unidos ha emitido una acusación en la tarde de este viernes contra el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) condenado por narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en un tribunal de Nueva York en febrero de 2023. El Ministerio Público asegura que tiene “evidencia convincente” para acreditar que García Luna trató de sobornar con hasta dos millones de dólares a sus compañeros de prisión a cambio de testificar a su favor, según documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El exfuncionario mexicano de más alto rango jamás juzgado al norte de la frontera pretende repetir el proceso por el que fue sentenciado y para ello ha tratado de fabricar declaraciones que le beneficiaran, de acuerdo con la Fiscalía.
“La investigación del Gobierno ha revelado evidencia convincente de un complot por parte del acusado para producir declaraciones y testimonios falsos para su moción para un nuevo juicio al ofrecer dinero y otros incentivos a prisioneros en el Brooklyn Metropolitan Detention Center [MDC]”, según se lee en las 93 páginas de acusación presentadas por La Fiscalía. El Ministerio Público solicita también en el documento que el juez decline la solicitud de la defensa de García Luna de realizar un nuevo juicio. En febrero de 2023, el exfuncionario fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban: conspiración para la distribución internacional de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína; delincuencia organizada y dar declaraciones falsas.
El pasado 15 de diciembre, los abogados del antaño considerado como zar antidrogas de Calderón presentaron una moción en Nueva York para llevar a cabo un nuevo proceso judicial con el argumento de que tienen en su poder nuevas pruebas sobre la inocencia de García Luna. Dicha evidencia se compone de testimonios de sus allegados; agendas oficiales que presuntamente ayudan a identificar dónde se encontraba en momentos claves; tests de control de confianza a las que se sometió cuando fue funcionario; correspondencia personal; informes detallados sobre el programa de espionaje Pegasus y otros documentos que, según sus representantes legales, demuestran que hubo una supuesta trama para inculparlo dirigida por la Fiscalía General de la República.
En el documento presentado este viernes, la Fiscalía estadounidense echa por tierra esta estrategia. “Ninguna de las nuevas alegaciones presentadas por el acusado socavan la montaña de evidencia creíble y ampliamente probada en el juicio. Incluso si el tribunal aceptara los argumentos de la defensa, estos no afectan a los testimonios convincentes y corroborados de múltiples testigos sobre cómo el acusado aceptó millones de dólares en efectivo a cambio de conspirar para ayudar al Cartel de Sinaloa, un grupo al que tenía el deber de procesar. Por lo tanto, debido a que el veredicto del jurado es correcto, el Tribunal debe denegar la moción”, se lee en los documentos, firmados por Breon Peace, fiscal para el Distrito Este de Nueva York, la jurisdicción ante la que fue juzgado García Luna.
Los fiscales, un equipo que también incluye a Ryan C. Harris, Erin M. Reid, Philip Pilmar y Adam Amir, consideran probado “más allá de toda duda razonable” que el exfuncionario “era un agente de la ley corrupto que aceptó millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa, la organización de tráfico de drogas más grande y sofisticada de México”. A cambio, reza el documento, el exsecretario de Seguridad y sus aliados ayudaron al grupo criminal, para los que llegaron a “entregar cocaína en mano, ayudaron a detener y matar a rivales de los cárteles, proporcionaron guardaespaldas armados a los líderes de los cárteles, proporcionaron inteligencia sobre operaciones de captura dirigidas por fuerzas policiales y militares mexicanas honestas, y proporcionaron al cártel equipo e insignias de la policía federal”. El Ministerio Público señala también cómo mientras recibía pagos de los narcotraficantes, García Luna se reunía con “altos dirigentes estadounidenses”, a los que transmitía su “supuesto compromiso en la lucha contra los cárteles”.
Teléfonos de contrabando
En su solicitud para el nuevo juicio, la defensa de García Luna aseguró que dos de los testigos que declararon en el anterior proceso, Héctor Villarreal Hernández, tesorero del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, y Francisco Cañedo Zavaleta, un antiguo agente ministerial, cometieron perjuicio y mintieron en su testimonio. El Ministerio Público ha contraargumentado que “las alegaciones del acusado [respecto a Villarreal y Cañedo] no justifican un nuevo juicio”.
Los abogados del exfuncionario también sostuvieron que dos de los testigos claves, el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia El Diablo y Óscar Nava Valencia El Lobo —quien aseguró que pagó más de 10 millones de dólares en sobornos a García Luna—se comunicaron con teléfonos de contrabando para preparar sus versiones antes del juicio. De acuerdo con la versión de la defensa, Veytia y Nava Valencia hablaron tanto entre ellos como con Juan Carlos Nava Valencia El Tigre, hermano de Óscar. Los tres denegaron las acusaciones en entrevistas individuales por separado con los fiscales.
En su lugar, mientras el equipo del Ministerio Público investigaba las alegaciones presentadas por la defensa de García Luna, descubrió “pruebas substanciales y convincentes” sobre los sobornos. De acuerdo con los fiscales, las evidencias que encontraron acreditan que el exfuncionario desarrolló un plan para “obstruir la justicia y cometer perjurio al intentar sobornar a reclusos del MDC, incluyendo alegaciones falsas sustancialmente similares a las que finalmente se expusieron” en la solicitud para el nuevo juicio.
Uno de los principales testigos de la Fiscalía en esta nueva acusación es el propio Juan Carlos Nava Valencia, quien fuera uno de los líderes del Cartel del Milenio, detenido en 2010 en Guadalajara. El narcotraficante dio la voz de alarma ante el Gobierno y aseguró que otro prisionero, al que se identifica como “Individuo 1″, “dijo que el acusado estaba tratando de convencer a los reclusos del MDC, incluyendo al Individuo 1, para que hicieran alegatos falsos en apoyo a la moción del acusado para un nuevo juicio”.
Según el relato de El Tigre, una tercera persona identificada como “Individuo 2″, que había sido compañero de celda de García Luna, se acercó a “Individuo 1″ para ofrecerle 500.000 dólares a cambio de ayudar al exfuncionario, quien acabó subiendo la cifra del soborno a un millón y finalmente dos millones de dólares. “Individuo 1″ le pidió a “Individuo 2″ que le dejara “constancia por escrito de lo que el demandado [García Luna] pretendía que afirmara falsamente”. “Individuo 2″ le entregó el documento, en el que García Luna le rogaba que declarara que Juan Carlos Nava Valencia se estaba comunicando con su hermano Óscar para cuadrar sus testimonios. Los fiscales adjuntan en el documento la transcripción de una conversación entre García Luna e “Individuo 2″, que este grabó en un teléfono de contrabando, en la que el exsecretario le indica la información que tiene que transmitirle a “Individuo 1″.
Ahora, con las pruebas presentadas por la Fiscalía, el tribunal decidirá si cree en la versión de la defensa y aprueba un nuevo juicio o si, en su lugar, las pruebas del Ministerio Público bastan para enterrar las intenciones García Luna.