Aquel detallado y preocupante informe le sirvió de base al recién llegado a la Presidencia Felipe Calderón, para acceder a la desesperada petición del gobernador (entonces perredista) de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel (en este sexenio fue jefe de asesores de Andrés Manuel López Obrador), y comenzar en esa entidad “la guerra” que luego se extendió a todo el país contra las organizaciones delincuenciales.

En ese tiempo los personajes y partidos políticos de discutible “izquierda” ponían el grito en el cielo cuando titulares de los organismos de seguridad interior y pública decían que las pandillas tenían “bases sociales”, y se escandalizaban si se hablaba de la posibilidad de que la delincuencia incidiera en los procesos electorales.

Diecisiete años después Guerrero es evidentemente un narcoestado, pese a que otra institución, ésta civil, alertó hace casi seis años (finales de 2018) sobre el peligro que representaban las bandas delincuenciales en esa entidad.

Fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anterior a Rosario Piedra la que describió la “situación criminal, el sistema de seguridad pública, la situación político-electoral y las deficiencias en la función reguladora y de control del Congreso ante los graves problemas de inseguridad en Guerrero”, pero nadie le hizo caso (analizó inclusive el surgimiento de la policía comunitaria en la entidad ante la ineficacia del Estado para garantizar la función de seguridad pública), todo lo cual detonó los trágicos hechos de la noche de Iguala.

Hoy las bandas se han multiplicado (operan solo en Acapulco unas 40 pandillas) y una facción de Guerreros Unidos (asesinos de Los 43) son Los Tlacos, que practican la quema de cuerpos de sus víctimas igualito que lo hicieron con muchos o todos los normalistas rurales en el basurero de Cocula.

La de la CNDH fue una previsión para que no ocurriera con Guerrero lo que ahora se desborda.

En su Recomendación del Caso Iguala, en un amplio espectro que fue más allá de lo que estrictamente era ese crimen, le planteó a 17 autoridades federales, estatales y municipales 128 puntos recomendatorios y al Ministerio Público federal 224 propuestas de investigación, entre otras la de Los Ardillos para corroborar el móvil de las agresiones a los normalistas de Ayotzinapa.

Desconocidas por la actual CNDH e ignoradas por el gobierno de la 4T a pesar de haber sido admitidas legalmente con la reiterada aceptación por parte de varias autoridades del gobierno, las recomendaciones y propuestas de investigación jamás fueron atendidas.

De tomar en serio al Ejército y a la CNDH habría un país menos ensangrentado...