Expertos afirman que gobierno federal debe garantizar la integridad de aspirantes locales, porque estados y municipios no tienen la capacidad
Ante la situación actual de violencia que ha cobrado la vida de alrededor de una veintena de aspirantes, el gobierno federal debe asumir la protección de candidatos a puestos de elección local, porque los gobiernos estatales y municipales no tienen la capacidad para hacerlo, expresaron analistas políticos y de seguridad entrevistados por EL UNIVERSAL.
Afirmaron que la seguridad de los candidatos es una obligación que no puede estar sujeta a filias o fobias políticas.
Ayer, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que el gobierno federal analiza brindar protección a los aspirantes a elecciones locales, pero aclaró que la responsabilidad de los candidatos corresponde a gobiernos estatales y municipales.
“Tendríamos que estarlo analizando”, respondió la funcionaria a pregunta expresa de EL UNIVERSAL en la conferencia mañanera, donde presentó el plan de seguridad para los comicios federales.
Rodríguez Velázquez detalló que hasta anoche, 23 aspirantes federales han solicitado protección.
Dijo que de las 23 solicitudes, 16 ya cuentan con protección, y siete personas están pendientes de contactar: “Por qué nos faltan, porque hemos tenido problemas para el contacto. Uno no contesta el teléfono y se le envió correo electrónico; esperamos que nos conteste. En otro, el número telefónico es conmutador y no cuenta con correo electrónico; vamos a contactar otra vez al INE”.
La funcionaria recordó que los candidatos tienen una “atención precisa” y que las solicitudes se atienden con base en tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto.
“No delegar responsabilidad”
Ante la gravedad de la situación, que incluso fue señalada por Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expertos consideran que el gobierno federal no puede delegar a las administraciones locales la seguridad del proceso electoral en marcha.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, considera que le corresponde a la presente administración brindar seguridad.
“Este martes [ayer] hablaron de este tema Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente al hablar de ello están reconociendo un fracaso en materia de seguridad.
“Llama la atención que están viendo los protocolos… crear un protocolo cuando estos ya existen y cuando las responsabilidades están establecidas, es decir, le toca al gobierno federal una situación de protección, porque evidentemente estamos hablando de delincuencia organizada”, subraya.
Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados y consultor jurídico, califica como crítico que una autoridad pretenda evadir su responsabilidad, justificar la inoperancia y distribuir responsabilidades en autoridades locales, estatales y municipales que no poseen la infraestructura necesaria.
“No cuentan con los protocolos, carecen de capacitación, no tienen la formación para garantizar un servicio de seguridad especializado, preventivo y estratégico para los candidatos”, enfatiza.
Detalla que no se trata de proteger a un funcionario o a un camión de traslado de valores donde las necesidades son otras, expone que garantizar la seguridad de un candidato es un reto a nivel institucional.
Para Armando Rodríguez Luna, consultor experto en materia de seguridad e integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, el gobierno federal debe asumir la protección de aspirantes locales, porque los gobiernos estatales y municipales no tienen las capacidades para hacerlo.
“Los gobiernos locales no tienen las capacidades para garantizar la seguridad en general y para focalizar recursos específicos en la protección y seguridad, de y los candidatas”, manifestó Rodríguez Luna.
Por ello, es necesario que el gobierno federal tenga mayor injerencia y apoyo a los gobiernos estales y municipales.
Carlos Montero, investigador del Tecnológico de Monterrey, expresa que el gobierno se niega a brindar seguridad a candidatos, porque mientras más políticos reciban el mecanismo de protección más se mostrará el evidente problema de inseguridad. Añade que no quieren reconocer esa gravedad, y adicionalmente algunos candidatos solicitarán la protección para exacerbar ese sentimiento de inseguridad.
“Se tienen que reconocer algunas zonas geográficas peligrosas como son: Michoacán, Guerrero, Chiapas y Veracruz, donde el gobierno tiene que otorgar protección ante la solicitud de los candidatos”, detalla el especialista en Seguridad Nacional e Inteligencia Estratégica.