En agosto pasado la pugna entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación llevó a los pobladores de Apatzingán, Michoacán, hasta las puertas mismas del infierno.

Los grupos criminales cerraron entradas y salidas del municipio e iniciaron la quema de vehículos, de negocios, de tiendas de conveniencia.

La gente se encerró en sus casas, mientras los delincuentes se paseaban por la cabecera municipal “como Pedro por su casa”.

“Como Pedro por su casa” es la frase que emplean allá para referirse a la presencia cotidiana de los narcos, que en octubre pasado plagiaron a un inspector del Ayuntamiento, Mario César Rodríguez, para luego abandonar su cadáver torturado en una calle de la colonia La Laja, y quienes un mes más tarde asesinaron al comandante de la policía municipal, Octavio Miguel López, quien figura hoy como el elemento de seguridad número 27 asesinado en Michoacán a lo largo de 2023.

El padre Gregorio López Gerónimo, conocido como el Padre Goyo, ha acusado al presidente municipal, el morenista José Luis Cruz Lucatero, de haber vendido la ciudad a Los Viagras, uno de los grupos criminales que forman la alianza conocida como Cárteles Unidos.

“No sabemos si vamos a anochecer”, “andamos con el santo en la boca”, son frases con las que los habitantes de Apatzingán describen su situación, mientras la mano del crimen organizado se extiende por el municipio, estrangulando sus vidas.

Antes de tomar un caso, aseguran, los abogados deben consultar con el jefe de plaza en turno, quien hace las veces de juez cuando hay conflictos serios entre vecinos. El jefe de plaza impone los precios de la canasta básica, de modo tan arbitrario, que se dice que en Apatzingán se vende la tortilla más cara del país.

Los criminales cobran por el internet y por el privilegio de tener líneas telefónicas. La tragedia de los limoneros se ha contado: un peso de cuota por cada kilo de limón que es entregado a las empacadoras. Otras voces aseguran que la extorsión se cobra según el número de hectáreas cosechadas, y que además los narcos piden en el mes de diciembre 50 mil pesos de aguinaldo.

Relatan vecinos de Apatzingán que los criminales venden incluso los pases para que los estudiantes puedan presentar exámenes de admisión.

“Aquí no existen ni la fiscalía, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni la Profeco, ni la SEP, ni el SAT”, dice el Padre Goyo. “En Apatzingán no hay quién nos defienda”.

El despojo de propiedades es una constante en el municipio. Se habla de colusión entre el crimen organizado, la policía y la Guardia Nacional. En 2020 los casos de desaparición aumentaron dramáticamente en el estado: solo ese año se reportó la desaparición de 931 personas. Según datos de la organización El Buen Samaritano, 32 mil personas han sido desplazadas en los últimos años. La región se ha llenado de viudas y huérfanos.

El clima de inseguridad es tal que el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Huacus Esquivel, quien buscará su reelección en el distrito de Apatzingán, ha anunciado que hará su campaña portando un chaleco antibalas: en días pasados, en menos de 24 horas, dos candidatos fueron abatidos en Maravatío, Michoacán, lo que provocó que una docena de aspirantes se bajaran de la contienda.

Apatzingán fue uno de los municipios michoacanos en los que el crimen organizado operó durante las elecciones intermedias de 2021. Los grupos criminales buscan mantener el control de la extorsión en los campos citrícolas, que se extienden a lo largo de 63 mil hectáreas. Más las entradas que les dejan la venta de carne, de pollo, de huevo, de cerveza, de materiales de construcción…

“Este Presidente a los malos los hizo buenos y a nosotros nos olvidó”, afirma el Padre Goyo, quien dice haber visto personas que en solo tres meses pasaron de terratenientes a desplazados, y prácticamente a indigentes. Un retrato más del México feliz.