Las averiguaciones del balazo a la cabeza de Yanqui Rothan Gómez Peralta comenzaron y terminarán tan enredadas e indescifrables como las que se fabricaron para perseguir y encarcelar a inocentes como Murillo, Zerón y militares con tal de satisfacer despreciables apetitos político-electorales.

En torno del camionetazo y la muerte del estudiante surgen versiones irreconciliables:

Interfiriendo en las facultades “independientes” de la Fiscalía General de la República, AMLO le pidió no investigar el ataque vandálico, aunque debiera hacerlo por tratarse del principal recinto de la República donde se reventó una puerta de la pasajera casa presidencial.

Dijo también que hará sus propias indagaciones para exhibir en alguna mañanera cómo y quiénes fraguaron el atentado (que imaginó planeado “por priistas”), y que para cubrir los gastos de la reparación pasará la charola entre sus achichincles.

(Ana Bertha Miramontes Mercado, directora de Conservación e Investigación de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dice que la compostura se llevará tres meses y el costo será como de 700 mil pesos)

¿Tiene AMLO un servicio secreto al margen del Ministerio Público?

¿Nunca se sabrá por qué los militares y guardias nacionales de Palacio (los mismos que amurallaron con planchas de acero todo el recinto contra las mujeres que se manifestaron el viernes) dieron paso franco a los atacantes que usaron de ariete una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad?

Sobre la muerte del normalista, las autoridades estatales afirmaron que sus policías marcaron alto a los ocupantes de un vehículo “con reporte de robo”, pero que no se detuvieron, dispararon a los uniformados y éstos respondieron a “un acto estrictamente delictivo”, y que en el interior descubrieron una pistola, droga y cervezas.

Los compañeros y representantes de la víctima niegan eso y aseguran que los policías sembraron el arma y quieren fabricar delitos.

Con el informe de la necropsia en mano, la mamá negó que el cuerpo de su hijo presentara rastros de alcohol o droga, y la FGR adelantó tener indicios de “violación a los derechos humanos”.

Se impone la demostración o desmentido del reporte del “vehículo robado” y que el médico legista explique por qué dejó en blanco el espacio en que debió escribir negativo o positivo sobre rastros de toxicidad.

Como sea, el caso está más que podrido.