Además, revelaron que las autoridades les exigen dinero para no alejar a sus familiares
Familiares de personas en situación de reclusión en el Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos, (Cereso) denunciaron que Jorge Israel Ponce de León, coordinador de Reinserción Social, exige sobornos de 20 a 50 mil para no trasladar a penales de otras entidades sus parientes que están privados de la libertad y acusan que algunos de ellos ya fueron trasladados sin haber cumplido con la normatividad.
Dicha denuncia se da luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, desmintió, el pasado viernes, haber supervisado el traslado de 182 personas en situación de cárcel a diferentes centros federales del país.
En conferencia de prensa, en la entrada principal del Cereso, situado en el poblado de Atlacholoaya Morelos, madres, esposas, hermanas y primas vestidos de playera roja y pantalón de mezclilla, denunciaron que detrás de los sorpresivos traslados que “aparentan ser un esfuerzo por mejorar la organización y funcionamiento de los centros, existe una realidad ilegal y oscura”.
“En el caso del traslado de nuestros familiares, a otros centros penitenciarios, no es la excepción (…) estas acciones son implementadas bajo la coordinación de Jorge Israel Ponce de León, y queremos denunciar que son tácticas de represión y extorsión hacia las personas privadas de su libertad y sus familias”, destacó una mujer que dio lectura al pronunciamiento sin revelar su identidad por temor a represalias.
Agregó: Jorge Israel Ponce de León, a través de su director operativo Jesús Francisco Flores Jiménez, está exigiendo sobornos que van de los 20 mil a 50 mil pesos a cambio de no reubicar a otros internos y separarlos de sus familias”.
En lo que va de la administración del gobierno actual de Cuauhtémoc Blanco Bravo son más de 583 personas privadas de la libertad han sido trasladadas y muchos de esos traslados han sido calificados por los jueces como ilegales por no cumplir con la normativa aplicable.
Relatos de incertidumbre
María se comunicó con su esposo el jueves por la noche y él no le comentó nada de un posible traslado, al día siguiente se enteró por otras personas que hubo reubicación y fue hasta el día sábado que le informaron que su esposo ya estaba en Michoacán.
“El viernes me vine a pedir información y me dijeron que no me la podían dar, ayer (sábado) vuelvo a venir y me dan un papel donde me dicen que está en Michoacán”, dijo,
María ha intentado comunicarse vía telefónica, pero hasta este domingo no había podido hablar con él.
“Yo no sé nada de mi esposo, yo no he hablado con él, no sé si en realidad se encuentra en ese lugar o dónde se encuentra”, sequeja.
Maria está totalmente inconforme porque no fueron notificados con tiempo ni la causa del traslado.
Por ello, pidió a las autoridades primero que le permitan comunicarse con su esposo y además que lo regresen al penal de Atlacholoaya.
Exigencias en la protesta
Las mujeres inconformes lanzaron un llamado a las Fiscalías Generales de la República y de Morelos para que investiguen a las autoridades de reinserción social de Morelos.
“Es imperativo hacer un llamado a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia y a las autoridades pertinentes para que realicen investigaciones exhaustivas y transparentes sobre estas prácticas corruptas”, apuntó una mujer sin revelar su nombre para evitar represalias.
Así mismo pidieron a las autoridades judiciales de Morelos que tomen medidas para evitar injusticias”.
“También hacemos un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos para que tome medidas inmediatas para corregir estas injusticias”, refirió.
Por último, instamos a la sociedad civil, organismos internacionales de derechos humanos y a la comunidad en general a unirse en la demanda por transparencia, justicia y el respeto inquebrantable a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario de Morelos”.
Pie de foto:
Familiares de las personas privadas de la libertad que fueron trasladados sorpresivamente la semana pasada, acusan que hay intentos de extorsiones tras estos movimientos que califican de ilegales.