– El asesinato del normalista Yanqui Khotan Gómez, hace una semana y presuntamente a manos de un policía estatal, provocó salidas en el gabinete de Evelyn Salgado.
La gobernadora de Guerrero aceptó las renuncias del secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano, militar que había asumido el 25 de febrero.
En un mensaje, Salgado adelantó que ejercerá sus funciones constitucionales para remover a la fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos. Ella encabeza una institución autónoma y fue elegida por el Congreso local, por lo que los diputados deben conocer su caso.
Más tarde, la fiscal recordó que para removerla deben agotarse todos los procedimientos legales establecidos, los cuales le permiten ejercer las garantías de audiencia y defensa.
Anoche, la Secretaría de Gobierno afirmó que el fiscal estatal puede ser removido por el gobernador si incurre en las causas graves provistas en la Constitución local y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Renuncian funcionarios por el asesinato de normalista
Los secretarios de gobierno y de seguridad pública de Guerrero dejaron el cargo tras la muerte de Yanqui Khotan Gómez; la fiscal del estado se niega a ser destituida
El asesinato del normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta, presuntamente a manos de un policía, provocó la renuncia de tres de los principales funcionarios de Guerrero.
En un mensaje vía redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció las renuncias del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, general brigadier que tenía menos de un mes en el cargo.
Salgado Pineda informó que ambos funcionarios presentaron su dimisión una semana después del homicidio contra el estudiante de Ayotzinapa, el pasado 7 de marzo, mismas que fueron aceptadas.
La mandataria agregó que, además, ejercerá sus funciones constitucionales para remover a la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Por la noche, la gobernadora designó a Anacleta López Vega, subsecretaria de Gobierno, como encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, con la encomienda de reforzar el desarrollo político, así como fomentar la paz social y bienestar de las y los guerrerenses.
La destitución de los tres funcionarios era parte de las exigencias de la madre del normalista asesinado y de los estudiantes de Ayotzinapa, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública del estado sostuvo oficialmente que Yanqui Khotan Gómez había disparado contra los policías, además de poseer droga y haber bebido alcohol, lo que fue descartado en exámenes periciales. La madre del estudiante también acusó que el proceso legal se dilató, lo que permitió la fuga del policía señalado de disparar contra el normalista.
En tanto, Lilia Vianey Gómez, madre del joven normalista asesinado, exigió que los puestos vacantes en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Fiscalía del estado no sean ocupados por militares.
Pedimos a las organizaciones sociales y a la sociedad guerrerense en general exigir juntos la desmilitarización de las instituciones de impartición de seguridad y justicia”, indicó en un comunicado.
Se resiste a cese
Luego de que se diera a conocer que el gobierno de Guerrero buscará su remoción, la fiscal del estado respondió a la gobernadora Evelyn Salgado que para removerla de su puesto se deben de agotar los procedimientos constitucionales y legales establecidos, y eso le permite a la fiscal ejercer la garantía de audiencia y debida defensa.
Por medio del comunicado, le informó a la mandataria estatal que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso local, para informar de las acciones que la Fiscalía realizó para integrar la carpeta de investigación iniciada por la muerte del normalista Yanqui “N”, iniciada el pasado 8 de marzo.
Mientras tanto, aseguró que seguirá desempeñando la función constitucional de investigación y esclarecimiento de los hechos, en beneficio de los ciudadanos de Guerrero.
Por la noche, la Secretaría General de Gobierno local emitió un comunicado en el que afirmó que, de acuerdo con el artículo 142 de la Constitución de Guerrero, “el fiscal general puede ser removido por el gobernador del estado por las causas graves provistas en esta Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”.
La remoción puede ser objetada por mayoría calificada en el Congreso.