“Después de reflexionar sobre el contexto que vivimos (¿) y la mejor manera de incidir en lo que queremos incidir, una contienda electoral limpia, libre y transparente, buscando sobre todo que los resultados electorales de este año sean incuestionables, la CNDH ha decidido suspender la emisión de dichos informes”, avisó ayer.

Convertida motu proprio en cachiporra de la 4T para golpear a la oposición, el lunes 4 y el domingo 17 de marzo, con la coartada de preocuparse por la “violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, censuró la marcha por la democracia que atestó la Plaza de la Constitución y se replicó en 120 ciudades de México y el extranjero, achacándole “violencia política”, inculpándola de proferir “expresiones y discursos racistas y clasistas”, ensalzando a Claudia Sheinbaum y despotricando contra Xóchitl Gálvez (cuyo discurso juzga una invitación “a la polarización, al miedo y al odio”).

Omitió, eso sí, las abusivas, alevosas y abiertas intromisiones del presidente López Obrador, principal activo de la verdadera “guerra sucia” en la elección que se avecina, emprendida por él y su partido Morena, por más que mentirosamente se la achaquen a sus adversarios y a los medios y periodistas que detestan.

En el primero de sus abyectos “informes”, la chatarrizada CNDH denostó las movilizaciones de la sociedad civil y los contenidos opositores en las redes sociales, afirmando que su mayor “preocupación” es una imaginaria “alteración o simulación de resultados electorales” (lo cual no ha sucedido en al menos los últimos 24 años).

Y en el segundo hace nuevas críticas a la oposición: Xóchitl no hace más que descalificar al gobierno cuatrotero sin proponer nada, porque “aborda el tema de manera general”, y el emecista Jorge Álvarez Máynez hace señalamientos contra sus dos competidoras, pero sin sugerir algo con claridad.

Suponiendo sin conceder que son acertadas las observaciones de la CNDH, se impone la pregunta: ¿y qué carajos le importa?

En su abismal ignorancia, Rosario Piedra pasa por alto la literalidad constitucional que le prohíbe inmiscuirse en asuntos electorales.

Según el párrafo tercero del Apartado B del Artículo 102 acerca de las instituciones públicas de protección de los derechos humanos, “estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”.

Dicho de otra manera: por un lado está el principio general de legalidad: ninguna autoridad puede hacer algo para lo que no tenga atribución precisa.

El Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, no podría cobrar impuestos, pero en el caso de la CNDH hay además una prohibición constitucional expresa...