Los años negros de México parecen acabados. Que nadie se equivoque, se trata de petróleo, y de cómo están huyendo las grandes compañías que en el anterior gobierno, el de Enrique Peña Nieto, accedieron a licitaciones para sumergirse en aguas profundas del golfo mexicano en busca del oro negro. La compañía Shell ha renunciado a los contratos ganados entonces, por un periodo de explotación de más de 30 años, una vez efectuadas prospecciones poco optimistas para el negocio. Eso han dicho. Shell disputó la gran parte de la tarta, hasta hacerse con 12 contratos, en exclusiva o asociada a la petrolera paraestatal mexicana, Pemex. En 2018, la firma anglo-holandesa hablaba de inversiones de 800 millones de dólares, hoy solo queda la espuma del mar. Los yacimientos no le convencen y en su última renuncia ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos abandona 3.000 kilómetros cuadrados sobre las aguas saladas frente a Veracruz y Tabasco. La espantada está siendo analizada por dicha comisión por si hubiera lugar a multas. Hay quien no cree que los solventes equipos técnicos de la petrolera no identificaran con antelación las pobres perspectivas de los yacimientos, y sospechan que son otras condiciones las que les impelen a abandonar el barco.
“El programa exploratorio más ambicioso de Shell”, como lo calificaron, ha quedado en nada y otras compañías como Repsol o BP están siguiendo el mismo camino. La mala imagen que proyecta Pemex tiene que ver con la estampida. La petrolera estatal, antaño el manantial que calmaba toda la sed de México, es ahora un negocio ruinoso que no sale de las deudas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha cambiado la estrategia y en lugar de avanzar en las prospecciones y la explotación en asociación con las firmas privadas, ha optado por la refinación del petróleo, lo que tampoco está siendo eficaz para sacar de la crisis a la paraestatal, hundida por la corrupción y el saqueo legal a base de impuestos que engordaron a los gobiernos priistas. La agencia de riesgo Moody’s ha recortado este mes la calificación de Pemex, la petrolera más endeudada de mundo, con 106.000 millones de dólares, también por su producción estancada. A pesar de todo, la paraestatal huye hacia adelante, asumiendo nuevos riesgos como la refinación, por citar solo uno. No hay, pues, un modelo exitoso en el que mirarse. Si Pemex no puede pagar a los proveedores, cómo lo hará por los barriles que extraigan las privadas. El combustible fósil no tiene un futuro prometedor en casi ninguna parte.
Al presidente mexicano se le ha criticado recurrentemente su empeño en estos yacimientos y en las refinerías en lugar de poner rumbo a las energías renovables. México ha dado un viraje en este sexenio respecto al trato a las empresas energéticas privadas y cabe pensar que no podrán vender a tan buen precio como esperaban antaño. El gobierno de López Obrador está más bien por la labor de nacionalizar -es decir, limitar la participación privada de las grandes compañías- en los sectores estratégicos, como la electricidad o el petróleo, lo que, naturalmente, hace temblar el suelo bajo los pies de los inversores energéticos. Probablemente, no les convenzan los precios, pero tampoco el gobierno, y las próximas elecciones no auguran cambios de calado. La sustituta de Andrés Manuel López Obrador tiene por ahora una gran ventaja en los sondeos para convertirse en la próxima presidenta. Claudia Sheinbaum ha prometido seguir los pasos de su mentor, es decir, consolidar las políticas emprendidas en esta Administración.
Explorar en aguas profundas no es algo fácil ni barato, pero sorprende a los expertos cómo los días de vino y rosas de entonces se han convertido en pocos años, con los trabajos exploratorios apenas concluidos -no todos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ya ha impuesto algunas sanciones por incumplimientos- en un pozo insondable para las compañías, que prefieren emprender, pero la huida.