La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha dado un paso adelante en el caso Yasmín Esquivel. El principal centro de estudios del país ha pasado a la ofensiva para tratar de desbloquear el dictamen sobre la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que fue sometida a examen por la universidad ante las sospechas de plagio. A través de su abogado general, Hugo Concha, la universidad ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el juez José Manuel Salazar Uribe, titular del Juzgado 60º Civil de Proceso Escrito de Ciudad de México, por abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia. Además, ha interpuesto un amparo indirecto para pedir al Poder Judicial Federal que intervenga y ordene al juzgador que deje de atorar el avance de los litigios y de dilatar la impartición de justicia. Estos recursos, que cuestionan la labor del juez, se suman a una queja promovida previamente por la universidad en contra de Salazar Uribe ante el Consejo de la Judicatura de Ciudad de México, aún pendiente de resolución.
Hace un año que la UNAM, a través de su Comité Universitario de Ética (Cuética), concluyó la investigación sobre quién era el autor original de la tesis Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123, Apartado A, que fue presentada en 1986 por el alumno Edgar Ulises Báez y un año después por Yasmín Esquivel. Sin embargo, la ministra emprendió una enmarañada estrategia judicial, ayudada por jueces de su confianza, para impedir que se diera a conocer el resultado.
EL PAÍS accede ahora a las dos iniciativas de la universidad para lograr sacar a la luz el esperado dictamen, cuyo resultado traería graves consecuencias para Esquivel: si la casa de estudios concluyera que la exalumna obtuvo su grado de licenciada en Derecho con una tesis copiada, podría ordenar la anulación del título y, con ello, se pondría en duda la elegibilidad de Esquivel para formar parte del máximo tribunal mexicano, al que llegó en 2019. Está en juego la silla de una de las 11 juezas más importantes de México.
El juez dilator
El camino hasta la denuncia de la UNAM contra un juez civil ha sido largo. Empieza el 10 de abril de 2023, cuando el juez Salazar Uribe admite a trámite la demanda 387/2023 presentada por Yasmín Esquivel contra la universidad. El juzgador —señalado por la familia Jenkins por tráfico de influencias— ordenó a la casa de estudios que reconozca a la ministra como la autora original de la tesis de licenciatura e impuso una serie de medidas cautelares que obligan al director y al abogado general de la UNAM, a su Tribunal Universitario, al Consejo Técnico y al Comité de Ética a suspender el trámite de sanciones o de cualquier procedimiento que pueda cancelar el título de la Esquivel hasta que se resuelva el juicio en el 60º Civil de Proceso Escrito de Ciudad de México. En resumen, no dar a conocer el dictamen del Cuética.
El 24 de abril, Esquivel solicitó que se llame como partes al juicio al Consejo Universitario de la UNAM, a su Comité de Ética y también al director general de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), autoridad encargada de expedir las cédulas para ejercer una profesión. Salazar Uribe llamó a las autoridades universitarias, pero no al funcionario de la SEP. Por eso, la ministra promovió un recurso de apelación ante el mismo juez. El 22 de mayo se admitió a trámite ese recurso de apelación, y Salazar Uribe instruyó el mismo día que el expediente se remitiera a la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México a fin de que el caso se asignara a alguna sala (un Tribunal del Alzada) para su integración y trámite.
Eso, sin embargo, no se cumplió, ni se ha cumplido hasta la fecha. Es el punto muerto: la universidad no puede avanzar en su defensa en el asunto de fondo —el que le impide publicar el dictamen sobre la tesis— con la apelación de Esquivel atorada. Inmersa en un proceso de cambio de rector —por la salida de Enrique Graue—, la UNAM comenzó a presionar y el 13 de noviembre de 2023 solicitó a Salazar Uribe remitir al Tribunal de Alzada el recurso de apelación de Esquivel. El juez volvió a ordenar que se turnase el expediente “a la brevedad”, e instruyó para ello a su secretario de Acuerdos “vigilar la tramitación respectiva”. Una vez más, eso no se cumplió.
Sin recibir explicaciones del atraso, en un nuevo intento el 10 de enero de este año, la universidad solicitó otra vez la remisión del expediente a la autoridad superior. De nueva cuenta, Salazar Uribe instruyó a sus subordinados a cumplir con lo que hacía ocho meses seguía pendiente. A la fecha, a casi un año de que la UNAM concluyó el análisis de la tesis de la ministra Esquivel, el procedimiento que impide su publicación sigue guardado en el escritorio del juzgado de Salazar Uribe.
La demanda
“El juzgado fue omiso en remitir el expediente, generando con ellos una dilación en la impartición de justicia”, se lee en la denuncia penal contra Salazar Uribe, presentada ante la Fiscalía General el 11 de marzo. La UNAM considera que ese retraso doloso viola el artículo 17 de la Constitución mexicana, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia “de manera pronta, completa e imparcial”. “Lo que a la fecha no se ha recibido por parte de dicho juzgador”, apunta la universidad. Además, la casa de estudios recuerda las duras medidas cautelares que se le impusieron mientras dura el juicio: “Las cuales en esencia impiden emitir el dictamen del Comité Universitario”.
Por estas razones, la UNAM cree que Salazar Uribe está cometiendo abuso de autoridad, en la que incurre un juez cuando, “estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de oscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar dentro de los términos establecidos por la ley”. El crimen está penado con entre uno y ocho años de prisión. Además, se le ha denunciado por delitos cometidos contra la impartición de justicia por “retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia”.
“Es evidente que el titular del Juzgado Sexagésimo Civil no está cumpliendo con las formalidades del juicio ordinario civil, ocasionando con ello una nula aplicación de la justicia pronta y expedita, ocasionando a la UNAM una afectación a sus intereses que ya tiene más de 10 meses”, se lee en la denuncia. La principal universidad de México pide al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que inicie una carpeta de investigación y, en caso de que esté incurriendo en algún delito, ejerza acción penal en contra del juez Salazar Uribe.
El amparo
La ofensiva de la UNAM no se limita a denunciar al juez penalmente. La universidad encontró una veta para pedir el auxilio del Poder Judicial Federal, al señalar que la actitud de Salazar Uribe constituye una denegación del derecho a la justicia consagrado en la Constitución. El 1 de febrero, el abogado general universitario promovió un amparo para que la justicia federal ordene a Salazar Uribe dejar de atorar el envío de la apelación de Esquivel a un Tribunal de Alzada. El recurso fue admitido a trámite y está en revisión.
“El acto reclamado se traduce en el exceso de tiempo transcurrido sin que se administre justicia, manteniendo paralizado el procedimiento sin que se cumpla con el debido proceso y la tutela judicial efectiva”, señala la demanda de amparo, presentada ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México. “El juez responsable ha sido omiso en dar cumplimiento al auto de fecha 22 de mayo de 2023 [el primero en el que se ordenó remitir el expediente al Tribunal de Alzada], causando una paralización total del procedimiento sin justificación y por un plazo en exceso prolongado, lo cual resulta en una evidente transgresión a principios fundamentales que impactan de manera negativa en la esfera jurídica de mis mandantes”, añade el abogado universitario.
La UNAM afirma que no basta con que el juez dicte resoluciones e instruya acuerdos, como lo hizo en tres ocasiones en el caso de la apelación de Esquivel, sino vigilar que su cumplimiento “se realice de manera inmediata y expedita, ya que, de lo contrario, se aparta de observar el debido proceso, la legalidad y la tutela judicial efectiva”. La universidad argumenta que la dilación de Salazar Uribe ha obstruido su derecho a la defensa, pues el juicio de fondo ha quedado sub judice (en suspensión) hasta que se resuelva la apelación de la ministra. También agrega que, al no fundar ni motivar su inactividad, el juez viola el principio de legalidad que debe regir todo acto de autoridad.
“Se reclama la omisión de las autoridades responsables de continuar con la secuela procesal necesaria para arribar al resultado natural de toda contienda judicial, que es el dictado de una sentencia definitiva que dilucide la cuestión efectivamente planteada, lo cual resulta inalcanzable dado el estado actual en que se encuentra el juicio natural”, indica la demanda. “No puede esperarse que [la UNAM] despliegue una debida defensa si las autoridades responsables impiden el curso natural de la contienda judicial de manera indefinida, sin fundar ni motivar”, afirma.