Solía decirse, un poco en broma y un poco en serio, que “en Campeche nunca pasa nada”.  Y no porque en la tercera entidad de la península yucateca realmente no sucediera nada, sino más bien para resaltar la idiosincrasia campechana que se tomaba con mucha calma y tranquilidad cualquier problema o situación en un estado que, después de los ataques de piratas en la época de la Colonia, que motivaron la construcción de su capital como una ciudad amurallada, y de las explotaciones de la época henequenera, no había tenido mayores conflictos o agitaciones ni sociales ni políticas, ni económicas.

Pero llegó en 2021 la primera alternancia democrática para Campeche, que duró casi 100 años gobernado por el PRI, y con el triunfo de la morenista Layda Sansores llegaron también las promesas de llevar a tierras campechanas la autonombrada “Cuarta Transformación”. Pero hoy, tres años después de que gobierna (o al menos cobra como gobernadora) la hija del cacique priista Carlos “El Negro” Sansores Pérez, lo único que se transformó fue, precisamente, el ambiente pacífico y tranquilo que caracterizaba a esa entidad del sureste.

Además de los problemas de violencia e inseguridad por la presencia del narcotráfico en varias zonas del estado, la ciudad de Campeche está literalmente desquiciada y sin seguridad pública por un paro de todos los agentes de la Policía Estatal que exigen la renuncia de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, a quien acusan de ineptitud, de violar sus derechos humanos y de no darles a los policías los instrumentos necesarios para hacer su trabajo.

El paro se originó luego de que hace justamente 10 días, el pasado 15 de marzo, se registrara un motín en el penal estatal de Koben, en las afueras de la ciudad de Campeche. Los presos tomaron el control de ese Centro de Readaptación Social a partir de denunciar corrupción por parte de la señora Esmeralda Concepción Tekche, a quien acusaban de cobrarles a los internos para no ser trasladados a otros centros penitenciarios. En medio del caos del sublevamiento de los reos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Marcela Muñoz, ordenó la entrada de la Policía Estatal y con ella el ingreso de un grupo de mujeres policías a las que se les quitaron todas sus armas e instrumentos para defenderse, y varias de ellas terminaron agredidas por los presos e incluso algunas fueron objeto de abusos sexuales.

A partir de ese hecho, la mayoría de los policías estatales decretaron un paro total de labores que cumple ya una semana y en el que los policías comenzaron pidiendo la destitución de su director, Antonio Santiago, algo que en principio rechazó la gobernadora Layda Sansores; pero cuando el problema le creció y las manifestaciones de los policías llegaron a sumar hasta 3 mil personas de la población civil que salió a apoyarlos, que ya no sólo pedían la destitución del director policiaco, sino también de la secretaria de Seguridad estatal y hasta de la propia gobernadora, entonces Layda destituyó al señor Santiago.

Pero ya para entonces, en su soberbia y su negativa a recibir y dialogar con sus policías sublevados, el conflicto se le había ido de las manos a la gobernadora morenista. En un encuentro realizado la noche del viernes pasado, en donde finalmente aceptó hablar con los policías en paro, Layda Sansores escuchó sus demandas, referidas a que no les compran equipos adecuados, a que no les dan armas para combatir al crimen y, sobre todo, que el operativo ordenado en Koben había sido un desastre y había expuesto y violentado los derechos humanos de las mujeres policías que fueron obligadas a entrar desarmadas a un penal donde los reos estaban armados no sólo con piedras, palos sino también con armas de fuego. “La señora Marcela Muñoz, secretaria de Seguridad debe irse, porque es una inepta, porque no respeta nuestros derechos y no tiene idea de cómo manejar la seguridad”, dijo uno de los policías que encabeza el paro frente a la gobernadora, y esta les respondió: “Entonces lo suyo es un capricho, así no podemos dialogar, la señora Marcela no se va a ir del cargo y va a seguir le pese a quien le pese”, dijo Layda, que en ese momento tuvo que salir huyendo ante el enojo y los gritos de los policías estatales que negaban que sus demandas y su pliego petitorio fueran un capricho.

Hoy Campeche no tiene seguridad estatal y, algo casi nunca visto en su ciudad capital, el movimiento de los policías, sus manifestaciones y protestas siguen creciendo y suman cada vez más apoyo de sus familias y de ciudadanos que están inconformes con el gobierno de Layda Sansores, de quien ahora también piden su renuncia al cargo. Y la pregunta que todo mundo se hace, dentro y fuera de Campeche es: ¿qué le debe Layda Sansores a Marcela Muñoz o qué clase de compromiso o relación tiene con ella para defenderla y no destituirla, aun poniendo en riesgo su propia cabeza y la gobernabilidad de su estado?

Porque además no es la primera vez que a la secretaria de Seguridad estatal la acusan en Campeche de inepta, de corrupta y hasta de confrontarse con la Secretaría de Marina cuando intentó quitarle a la Semar los viajes de supervisión marítima porque dijo que esos los haría ella con lanchas de la policía estatal, cuando claramente la vigilancia del mar es un tema federal, pero además por los mares del Golfo de México se mueven grandes cargamentos de drogas procedentes de centro y Sudamérica.

Para colmo a la señora Marcela Muñoz, quien trabaja con Layda desde que la nombró también encargada de la seguridad en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX, ha sido señalada y exhibida por nepotismo al llevar a sus tres hijos a ser nombrados en cargos públicos, incluso de su propia secretaría, y a darse una vida de lujos y dispendios en Campeche, muy alejada de la “austeridad republicana” que pregona el presidente López Obrador y la propia Layda. Su hijo Arturo Bravo fue nombrado vicefiscal del Estado por órdenes de la gobernadora; su hija Samanta Bravo es jefa de Seguridad, Vialidad y Tránsito en Ciudad del Carmen, sin tener ninguna experiencia para el cargo, mientras que a su otra hija Sabrina Bravo se le ha visto en videos de redes sociales paseando en yates y brindando con champaña en un estado en el que casi la mitad de sus habitantes viven en pobreza moderada y extrema según datos del Inegi.

¿Y entonces, si no sabe de seguridad, si durante su mandato el narcotráfico apareció en las comunidades y municipios del sur del estado, y si para colmo practica el nepotismo que el presidente llamó una de las “lacras de la política”, por qué Layda sostiene a una secretaria que hoy incluso se la lleva a ella entre las patas y hace que los campechanos ya pidan en las calles las cabezas de ambas?

Cuando Layda Sansores nombró a Marcela Muñoz secretaria de Seguridad estatal, al presentar su gabinete, le pregunté a un alto funcionario de seguridad de la CDMX si conocía a la nueva titular de la seguridad en Campeche y si se trataba de una mujer policía o con conocimientos del tema de seguridad. “Para nada, es una improvisada total, ni es policía, ni tiene preparación ni experiencia en seguridad”, me respondió el entonces jefe policiaco. ¿Y por qué la nombra entonces?, le insistí, y su respuesta fue desconcertante: “Es amiga, muy cercana, íntima del esposo de Layda (Romeo Ruiz Armenta) y también de ella, parece que ambos tienen una obsesión y una debilidad por la señora”.

Y más allá de los temas de vida privada que en este espacio siempre se respetan, el vínculo tan cercano que existe entre Marcela y la gobernadora, pareció confirmarse en capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que le fueron filtrados a Layda Sansores el 24 de enero del 2023, y en uno de los chats con su entonces secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa, este le dice a la gobernadora: “De eso precisamente es de lo que te quiero platicar, cada día estoy en una posición más difícil y yo tengo que luchar contra los de enfrente y más aún con los del equipo porque todos dicen que tienen línea tuya y nadie me hace caso. Renato (Sales, fiscal) contra Marcela (Muñoz, secretaria de Seguridad), Gerardo contra Jezrael y todos los días es problema tras problema”.

Y la respuesta de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, parece confirmar lo dicho por aquel jefe policiaco a este columnista sobre un vínculo muy personal de su secretaria de seguridad con ella y con su esposo Romero Ruiz Armenta: “Ay Aníbal no empieces otra vez con el tema de Marcela. Ya sabes que es mi ´niña consentida´; ella se puede ir a donde quiera. Por favor no quiero chismes. Yo sé mi cuento con ella y tú sabes lo apegada que estoy por culpa de Romeo”.

Así que juzgue usted amable lector por qué la gobernadora no quiere (o no puede) despedir a la secretaria que llama “mi niña consentida”, por la que dice tener un “apego” muy especial por culpa de su esposo y con la que dice que “yo sé mi cuento con ella”.  Está claro que la gobernadora no defiende a Marcela Muñoz, ni les niega a los policías estatales su despido por razones de eficiencia, capacidad o inocencia de la secretaria de Seguridad, sino más bien por temas muy personales que parecen importar más que la seguridad de los campechanos, los derechos de los policías estatales e incluso (y de ese tamaño es el vínculo que las une) que la propia cabeza de la gobernadora que ya se exige en las calles del Campeche donde antes no pasaba nada, pero hoy pasa de todo.

NOTAS INDISCRETAS… El fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo Tovar de la Cruz, fue objeto de una denuncia de juicio político en su contra presentada la semana pasada en el Congreso del Estado, por acusarlo de frenar y encubrir denuncias e investigaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito en contra de la ex alcaldesa de Tlaquepaque y actual diputada federal por MC, María Elena Limón, y en contra de varios de sus familiares que ocupan cargos en el mencionado ayuntamiento. A pesar de que al fiscal le han presentado ya varias carpetas de investigación, como la 305/2019 y 117/220, sobre los actos de corrupción, prepotencia y hasta maltrato a trabajadores de la diputada emecista, a quien en esta columna nombramos como ”La Reina de Tlaquepaque” por la prepotencia con la que se conduce en el municipio y por haber dejado en cargos no solo a sus hermanos, sobrinos y tíos, sino haber incrementado notablemente su patrimonio y haber impuesto como alcaldesa a Citlali Amaya, quien fuera una trabajadora en su casa, el señor Gerardo Tovar se ha negado a judicializar dichas denuncias, a pesar de las pruebas documentales contenidas en ellas y que ya están en poder de la Fiscalía de Justicia de Jalisco y de los Ministerios Públicos que abrieron dichas carpetas de investigación. La demanda de juicio político contra el fiscal anticorrupción la presentó el pasado viernes Luis Armando Córdova Díaz, presidente del Centro de Estudios Pila Seca, y ex regidor del municipio de Tlaquepaque en el primer periodo de María Elena Limón como alcaldesa, y entre sus argumentos el abogado destaca que el funcionario estatal “ha ocasionado perjuicio del interés público en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, al no judicializar ni investigar las carpetas de investigación 305/2019 y 117/2020”. De la Cruz Tovar, acusa el demandante, mantiene sin movimiento cualquier investigación sobre el enriquecimiento ilícito de María Elena Limón y familiares, que desde hace cuatro años tiene en su poder. Ha sido omiso en solicitar fecha para la audiencia inicial de formulación de imputación y determinar la vinculación a proceso de María Elena Limón García y familiares por un Juez de Control. La denuncia del abogado Córdova sacudió al Congreso local que ha interpuesto varias denuncias contra la ex alcaldesa de Tlaquepaque por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades (por adquisiciones que se hicieron en el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de manera irregular) así como la diversa por los delitos de enriquecimiento ilícito en su calidad de Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en donde el ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción determinó que había elementos para acreditar la desviación de recursos públicos y que se debería de judicializar este tema, en la carpeta de investigación 305/2019, además de otra carpeta de investigación 117/2020, donde se desprende que existen suficientes elementos de prueba en contra de María Elena Limón, hermanos, hijos, sobrinos, (muchos de ellos continúan laborando en el gobierno municipal), por los delitos de enriquecimiento ilícito, por un inexplicable incremento en su patrimonio, todo esto acreditado, en dicha carpeta, que conoció inicialmente la extinta Procuraduría General de la República desde el 2019, misma que desde hace cuatro años conoce e integra la Fiscalía Anticorrupción. “El Fiscal Anticorrupción no desahoga las pruebas que aportamos y no hace diligencias para seguir aportando elementos, pero con lo que hemos presentado (elementos de prueba) es suficiente para judicializar y poder imputar a estos personajes, muchos de ellos lejos de separarlos del cargo están integrando las planillas para el próximo proceso electoral”, aseguró Córdova Díaz tras solicitar que los diputados locales revisen la actuación del fiscal anticorrupción y, de encontrar elementos, lo destituyan de su cargo. El fiscal Gerardo Tovar no ha sido ciertamente el más productivo en el combate a la corrupción en Jalisco pues, según cifras de la misma fiscalía, de las más de tres mil 500 denuncias que están publicadas en el propio portal, solo hay resoluciones condenatorias en ocho procedimientos que significa el 0.25 por ciento de efectividad”. Tan sólo por eso, los diputados del Congreso local de Jalisco deberían de revisar a fondo esta denuncia… Los dados abren con Escalera Doble. Buena Semana Santa para los amables lectores.