El dueño de una de las cuatro cadenas más grandes de supermercados en México comentó recientemente en una plática de amigos que hasta las tiendas de su empresa, en varios estados de la República, habían llegado ya los grupos del crimen organizado para pedir cobro de derecho de piso, solicitándoles a los gerentes de dichos establecimientos el pago de hasta 1 millón de pesos mensuales “o de lo contrario usted y su tienda pagarán las consecuencias”.

La cadena de tiendas del empresario que reveló las extorsiones del narcotráfico no es la única que ha comenzado a ser extorsionada y amenazada por las células criminales —algunas perteneciente a cárteles de la droga y otras que se crean por delincuentes comunes armados que se hacen pasar por integrantes del narco— que llegan a exigir el pago mensual de ciertas cantidades a cambio de no asesinar a los dueños, o en este caso gerentes, de los supermercados. Se sabe al menos de otras dos cadenas de las más fuertes, una nacional y otra extranjera, que ya reportan en sus informes internos la presencia del cobro de derecho de piso en varias ciudades de la República.

Es decir que, ante la inacción, la ineficacia y la indolencia de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador, que con sus “abrazos, no balazos” les dio carta de impunidad y patente de corso a las organizaciones criminales, éstas y sus múltiples células de sicarios que a veces actúan por cuenta propia, han decidido que a cualquier mexicano que produzca algo, venda cualquier cosa o comercie cualquier tipo de productos, le pueden cobrar extorsiones cuyos montos van desde los 50 mil hasta el 1 millón de pesos mensual, no importa si es un vendedor ambulante de la calle, un pequeño negocio familiar, una empresa mediana o incluso una gran cadena de supermercados.

El mensaje es claro: en México el narco cobra ahora sus propios impuestos y, con el terror de las armas y la violencia, su efectividad para cobrar y recaudar es incluso mejor y más efectiva que la del SAT, que también tiene sus métodos de coerción, pero no se comparan con la crueldad y el miedo que infunden los criminales armados. Y a partir de eso, los mexicanos estamos pagando una doble tributación: por un lado el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales nos sangran con impuestos que no necesariamente se ven reflejados o retribuidos en los pésimos servicios que recibimos, empezando por la nula seguridad, siguiendo con el ineficiente sistema de salud y rematando con los pésimos servicios urbanos que nos otorgan los distintos niveles de gobierno.

Que el narcotráfico o los grupos criminales que aprovechan el terror para extorsionar a los mexicanos que producen y trabajan estén subiendo cada vez más el nivel y el tamaño de los negocios y las empresas que extorsionan y a las que cobran impuesto sólo por trabajar, es un indicador claro de que el crimen se siente con impunidad y protección desde el gobierno federal para apuntar cada vez más alto en sus negocios criminales. Porque mientras el Presidente defiende a los narcos, su humanidad y sus derechos, al mismo tiempo que ignora, desprecia y descalifica a las víctimas, los gobernadores estatales, la mayoría, voltean para otro lado mientras los gobiernos municipales de plano cuando no están coptados por los propios narcos, están maniatados sin recursos ni policías para defenderse de las extorsiones de las que hasta ellos son víctimas.

Y en la voracidad de los criminales ya no hay actividad, giro o negocio formal o informal al que no extorsionen, además de controlar también ya mercados enteros en el país de productos como el pollo, las tortillas, el huevo, los materiales de construcción y muchas otras actividades que ya no pueden operar tranquila y legalmente si no le pagan cuotas e impuestos a los criminales. Y los que se niegan a pagar de plano son asesinados, ven arder sus negocios en llamas o, los más valientes, prefieren cerrar sus negocios familiares, empresas o vendimias, para no tener que pagarle impuestos al crimen organizado, además de los que ya le pagan al gobierno.

Un video en poder de esta columna de un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Coatzacoalcos muestra, con grabaciones de las cámaras de seguridad, la forma de operar de algunos de los grupos que hoy han vuelto al delito de la extorsión el más generalizado y menos investigado y castigado en el país. Hasta la oficina de la recepción, donde está una mujer sentada para recibir a los clientes del hotel, llega un sujeto cuya edad no debe de pasar de los 20 años. Armado con una pistola que no se sabe si sea real o de juguete, comienza a apuntar a la mujer mientras le avienta una carta escrita en una hoja de papel y le grita que tienen que pagar si no quieren que los maten o les quemen el negocio. El sujeto tira cosas, golpea los vidrios con el arma y hace alarde de sus amenazas, luego sale advirtiéndole a la empleada que regresarán tal día del mes, para cobrar mensualmente la cuota que le acaba de exigir para que su hotel siga funcionando.

La carta de la extorsión, cuya copia también tiene esta columna, dice textual y con varias faltas de ortografía y una letra de un niño de primaria: “50 mil pesos mensuales, más 100 (mil) de multa por trabajar con polleros y dar alojamiento. Si hacen caso omiso les vamos a quemar el hotel. Si quieren seguir trabajando así se tienen que reportar. Se reportan a este número 921 428 73 40”. Hasta ahí el mensaje amenazante que, por más que esté escrito con las patas y parezca obra de un pequeño de primaria, aterroriza y espanta a muchos negocios, comercios o empresas en este momento en el territorio mexicano. Pocos se pondrán a investigar si se trata realmente de un cártel de la droga o si son jovencitos que, viendo la impunidad y la ausencia de consecuencias, deciden meterse a la actividad criminal que hoy, junto con el tráfico de personas, rivaliza en ganancias con la venta de drogas.

¿Usted que haría en un caso así? Paga lo que le piden; no paga y acude a denunciar a la autoridad, aun a sabiendas de que difícilmente harán algo; decide no pagar y ver si las amenazas son reales; o de plano cierra su negocio y se mueve de actividad, de ciudad o de país como lo están haciendo muchos mexicanos al sentirse vulnerables, amedrentados y abandonados por las autoridades ante el terrorismo de los narcos y sus sicarios. No cabe duda que, en sentido totalmente contrario al discurso del Presidente y su candidata, que afirman “que todo están muy bien, que la gente está feliz con su transformación y que la estrategia de seguridad funciona y todo lo demás son inventos de los conservadores, exageraciones de los medios o campañas malintencionadas de la oposición”, este México nuestro, tan grande y rico, está cayendo en la anarquía y el desgobierno.

NOTAS INDISCRETAS…

Ahora que el descarrilamiento del Tren Maya, al que eufemísticamente el Presidente y sus fanatizados esbirros se niegan a llamarlo por su nombre y prefieren decir que un “percance menor”, “incidente sin consecuencias” o “salida accidental del tren de las vías”, el nombre de Amílcar Olán, el empresario y prestanombres de los hijos del Presidente, ha vuelto a salir a relucir por las conversaciones telefónicas difundidas en las que habla con uno de sus contratistas para pedirle que lleven 3 millones de metros cúbicos de piedra de balastro al Tren Maya sin importar la calidad del mismo. Y a partir de eso, en Quintana Roo, una fuente nos asegura que Samuel Mollinedo, hijo de Nicolas Mollinedo, que fue chofer de López Obrador, “es el representante de Amilcar Olán Aparicio en esa entidad y es el encargado de cobrar el derecho de piso a nombre del amigo empresario de los hijos del Presidente entre empresarios y contratistas quintanarroenses que tienen obras o contratos con el Tren Maya y con el gobierno federal”. Es decir, que el llamado ”clan” tiene sus ramificaciones por todo el sureste, donde abundan los negocios vinculados a la familia presidencial…Y para documentar el optimismo sobre la situación de violencia e inseguridad que hoy padece el país, fuentes del INE nos comentan que entre los candidatos que están pidiendo protección federal, ante el temor de ser víctimas de la delincuencia organizada, destacan los abanderados de Morena y sus aliados del PT y el PVEM. Y no es que sean los únicos, porque también candidatos de la oposición han solicitado protección, pero en el caso de los candidatos de la alianza gobernante, llama la atención que al pedir protección, por miedo a la violencia e inseguridad, ellos mismos están reconociendo de manera implícita el fracaso de la estrategia de seguridad de los “abrazos, no balazos” y reconocen que no se sienten seguros para hacer campaña en sus estados. Un caso particular que nos comentan es el de Tamaulipas, donde la candidata de Morena al Senado, Olga Sosa, personera de Sergio Carmona, el asesinado empresario huachicolero, solicitó protección al mecanismo federal del INE y Gobernación, porque teme por su seguridad; lo mismo hicieron los dos candidatos del PT al Senado por la entidad tamaulipeca, la influencer Cendy Robles, famosa por su cuenta de Only Fans, y Francisco Chavira, ambos argumentando las condiciones de inseguridad y violencia en el estado. Pero otros candidatos de Morena en estas elecciones, aunque no han pedido protección federal, han contratado auténticos equipos de guardias y guaruras para que los protejan utilizando incluso camionetas blindadas. Es el caso de Rocío Nahle en Veracruz, a quien se le han documentado, además de sus lujosas camionetas, hasta 20 guaruras fuertemente armados que la custodian; o también en Chiapas ha llamado la atención que el candidato morenista a gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, a quien le han contado en la prensa local hasta 15 guardias de corte militar, también con sus vehículos blindados. Y qué decir de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, quien además de su numerosa guardia que la custodia, todos de corte militar, también ha trascendido que en algunas visitas que realiza a las ciudades o plazas “calientes”, como la frontera de Tamaulipas, desde la Sedena han ordenado desplazar a todo un batallón para protegerla durante sus mítines y reuniones. Así que aunque de dientes para afuera los candidatos de Morena repitan como loros los dichos del Presidente de que “todo está bien, y la gente está feliz, feliz, feliz y en el país hay mucha seguridad”, en la realidad andan armados y protegidos hasta los dientes, porque saben que su vida está en peligro, como la de muchos mexicanos, ante la ola de violencia que nos trajo la fallida y blandengue política de seguridad de la 4T…Los dados cierran con Serpiente Doble. Pero le desean a los lectores que tengan un merecido descanso en estos días de vacaciones. Por ahora los dados se guardan por un rato en el cajón y volverán a girar hasta el próximo lunes 8 de abril. Hasta entonces queridos lectores.