Esos programas no son oferta exclusiva ni propiedad del partido político Morena, de sus aliados o de sus candidatos. Son un derecho de todos los mexicanos inscrito en la Constitución, son una obligación administrativa del gobierno y se pagan con el dinero de la hacienda pública, que es de todos los mexicanos, no del Presidente ni del partido que están temporalmente en el poder.

Es evidente que un eje de la campaña oficialista en estas elecciones es decir que los programas sociales dependen de Morena y que quien no vote por Morena los perderá, pues serán cancelados por la oposición.

Hace bien la candidata opositora en exigir al INE que vacune la campaña contra esa trampa, una mentira que es también un delito.

La campaña de desmentidos puede hacerla la oposición, desde luego, pero tendría siempre el sesgo de venir de la oposición. Quien puede hacerla en cambio, con legitimidad e imparcialidad indiscutibles, es el INE.

Y está obligado a hacerlo, me parece, porque la manipulación de esos programas en favor de Morena es uno de los pilares de la cancha dispareja que el gobierno ha construido para estas elecciones.

Un poco de decencia del lado oficialista, bastaría para aceptar que el INE haga esa campaña de información.

Hasta donde sé, son ilegales el intento de apropiación de los programas sociales como bienes partidarios y la insidiosa consigna de que si sus beneficiarios no votan por Morena, los programas serán cancelados.

Es una estrategia indigna de un partido que se llena la boca hablando de Humanismo Mexicano, y cuyos lemas estatutarios son “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Bueno, le mienten al decir que esos programas serán suspendidos por la oposición, les roban la libertad de votar al amenazarlos con un castigo si no votan por ellos y traicionan la confianza que los beneficiarios de esos programas tienen en su palabra.

Se chamaquean al Pueblo. Se burlan de él en cantidades industriales.