Inesperadamente para mí, escuché en el programa de La hora de opinar del lunes la idea de que, si el INE hace una campaña informando a los votantes que los programas sociales no pueden ser usados para inducirlos a votar, estaría politizando la campaña.

Confieso que me sorprendió la idea, pero fue también el sentir de mis dos compañeros de mesa: según ellos, también había un exceso de la oposición en pedir al INE que hiciera una campaña recordándole a todos lo que dice la ley.

La verdad me sorprendió que el énfasis estuviera puesto en el posible exceso de la petición opositora y no en los excesos evidentes del abuso oficialista.

Quizá la petición opositora se pasó de lanza al sugerirle al INE, con maquetas digitales que se “apropiaban” del logo del INE, cómo podían ser los espectaculares de su campaña.

Pero el contenido de la campaña sugerida era inobjetable, porque señala un terreno de abuso oficial obvio en la contienda que está arbitrando el INE.

La oposición denuncia una estrategia ilegal. Los llamados Servidores de la Nación, empleados del gobierno, y los activistas de Morena, le dicen a los votantes, y es su mensaje medular, que si no votan por Morena perderán el beneficio de los programas sociales que reciben.

Los servidores de la nación, otra vez: empleados del gobierno, son la vanguardia de este mensaje hace años. Su jefe es el Presidente, quien no se ha cansado de decir a los beneficiarios de los programas que si quieren conservarlos, ya saben por quién votar.

La verdad no entiendo por qué el INE no ha lanzado antes una campaña informativa para explicarle a estos ciudadanos que los programas sociales no dependen de por quién voten.

El INE lo hizo ya en 2018 para proteger a los votantes del chantaje del gobierno y sus partidos. Pero no lo está haciendo ahora. La verdad no entiendo por qué.

¿Por qué recordarle a los votantes lo que dice la ley sería politizar al INE?

Si así fuera, nadie habría politizado más este proceso que el INE mismo y el Tribunal electoral, pues llevan emitidas como cuarenta medidas cautelares contra el Presidente por violar la ley electoral y como treinta y cinco sentencias condenatorias.

¿De quién es el sesgo?