Los primeros reportes de agua turbia, “con olor a gasolina o insecticida”, la cual salía de grifos ubicados en la alcaldía Benito Juárez, fueron emitidos por vecinos desde el 31 de marzo.

A partir de ese día, el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Martí Batres, fue de bandazo en bandazo, poniendo en riesgo la salud de más de 450 mil personas que habitan en esa alcaldía.

A pesar de que los reportes iban creciendo, el 2 de abril, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Sacmex, emitió de manera irresponsable, se diría que criminal, una tarjeta informativa “en torno a la supuesta mala calidad del agua en algunas colonias” de Benito Juárez.

El organismo informó que personal del Laboratorio Central de Control de Calidad del Agua había realizado inspecciones y levantado muestras domiciliarias en colonias como Nochebuena, Del Valle y Tlacoquemécatl, “sin que ninguna emitiera olor extraño al momento de la toma”.

La tarjeta sostuvo que se habían revisado pozos y un tanque de distribución, lo que permitía concluir “que el agua que se suministra a través de la red… es de buena calidad, apta para el consumo humano”. Subrayó que no existían evidencias de que el agua estuviera contaminada y descartó la presencia “de hidrocarburos, solventes, compuestos volátiles y cualquier otro componente volátil o explosivo que representen riesgos para la población”.

Al día siguiente, desde una cuenta al servicio del gobierno, @infodemiaMex, se afirmó que era falso que el agua tuviera mala calidad y se reiteró que esta era “apta para el uso y consumo humano”.

El 4 de abril, el sociólogo Patricio Solís, que había alertado desde el día 2 en su cuenta de X (@psolisaqui) sobre la situación en su edificio, recibió 26 reportes “de agua con olor a gasolina/insecticida”. Al día siguiente las quejas sumaban 180 y venían de las colonias Nochebuena, Ciudad de los Deportes, Del Valle, Tlacoquemécatl, Extremadura y Narvarte.

Los vecinos comenzaron a reportar diversas afectaciones de salud. Sobre todo, dermatitis, conjuntivitis y problemas gastrointestinales.

En un mapa realizado por Solís se advirtió que el daño corría a lo largo de 9 colonias.

El 8 de abril, una semana después de haber sostenido que el agua era apta para consumo humano, Batres señaló que “el origen de esta situación se encuentra en un punto muy focalizado” y admitió que “los análisis indican que lo reportado en el líquido pertenece a la familia de los aceites lubricantes”.

El 9 de abril los vecinos bloquearon Insurgentes durante 9 horas, pidiendo explicaciones y exigiendo que se declarara una emergencia sanitaria.

El “punto muy focalizado” era el Pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, que está a cargo de Sacmex y surte de agua a varias colonias ubicadas al norponiente de Benito Juárez.

Se trata de un pozo de 400 metros de profundidad. La alcaldía asegura que, al menos durante la presente administración, el gobierno que encabezó Claudia Sheinbaum, hoy a cargo de Martí Batres, no jamás realizó ahí ningún tipo de mantenimiento.

A solo unas cuadras de aquel lugar, a menos de 500 metros del pozo, en las avenidas Santa Lucía y Rosa Blanca, se detectó en febrero de 2015 una toma clandestina practicada en un ducto de Pemex.

Durante los años siguientes, la venta de huachicol fue una constante en las calles de Álvaro Obregón. En 2020 y 2022 se aseguraron, por ejemplo, depósitos en los que se vendían combustibles de manera ilegal.

Al mismo tiempo, el Sacmex ubicó a Álvaro Obregón como la alcaldía con mayor número de tomas clandestinas de agua.

En medio de una de las peores crisis hídricas en la ciudad, el gobierno capitalino decidió guardar silencio alrededor del tema.

La noche del 9 de abril, el Ejército y la Guardia Nacional aseguraron el Pozo. Se reportó, al mismo tiempo, que Pemex inspeccionaba los ductos.

Batres dio ayer una conferencia en la que aseguró que el pozo fue “cerrado y saneado”, que el pozo ya no surte la red de abastecimiento de las colonias de Benito Juárez, que la o las sustancias reportadas “se van a ir limpiando con el agua que llegue a presión de las otras fuentes”.

Dijo que las pruebas realizadas en casi 400 muestras descartan la presencia de gasolina. Dijo que Pemex revisó el ducto cercano, y que su presión se mantiene constante, por lo  que “no hay fisura o salida”.

En Insurgentes llovieron las preguntas: ¿Cómo se contamina un pozo que surte al menos 9 colonias? ¿Qué cantidad de esa “sustancia que pertenece a la familia de los aceites y los lubricantes” se necesita para contaminar un pozo de 400 metros de profundidad? ¿De dónde salió esa sustancia? ¿Cuáles eran los protocolos de seguridad en el Pozo de Alfonso XIII? ¿Cómo fue posible “sanearlo” en unas horas?

¿Qué afectaciones tendrán personas y mascotas que ingirieron o tuvieron contacto con el agua envenenada que durante todos esos días salió de sus grifos, y que el gobierno de la ciudad consideró apta para consumo humano? ¿Durante cuánto tiempo seguirán recibiendo en sus casas el agua contaminada que viene de la red? Antes no había nada; ni aceites ni lubricantes. ¿Ahora sí es posible creerle al gobierno de Martí Batres cuando afirma que pruebas realizadas con explosímetros descartan la presencia de gasolina?

Y como gritaban los vecinos: ¿No sería necesario declarar una emergencia sanitaria?

No, probablemente no: es tiempo de elecciones.