Por una denuncia anónima ante el Consejo de la Judicatura Federal, la investigación al interior del Poder Judicial Federal contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y varios de sus ex colaboradores clave escandaliza por la prominencia de dos personajes que han quedado enfrentados: el anterior y la actual titular de uno de los tres Poderes.
Una primera aproximación a tan escandalosa noticia sugiere intención política motivada por las críticas despreciativas de Zaldívar a la Suprema Corte, al PJF y a la mayoría de sus ex pares en el pleno del máximo tribunal constitucional, sobre todo a partir de su incorporación al equipo de la candidata lopezobradorista a la Presidencia y haber hecho suyo el proyecto nacional populista de la cuarta transformación.
La denuncia anónima y la próxima con el nombre y apellidos de la magistrada de circuito del cuarto Tribunal Colegiado, Elba Sánchez Pozos, huele a un acuerdo de jueces y magistrados ofendidos por Zaldívar y su gente, lo que de paso pone a prueba a la ministra Piña porque, de no haber dado curso a la querella, habría incurrido en la comisión del delito de omisión.
Las denuncias anónimas en la Judicatura no son algo nuevo (administrativas y jurisdiccionales, entre 2019 y 2022 suman 283), referidas por ejemplo a maltratos laborales, acoso y probables actos de corrupción relacionados con sentencias, pero ninguna tan relevante como ésta contra un ex presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.
Esto comentó Zaldívar con Ciro Gómez Leyva:
“El miércoles, la ministra presidenta de la Corte admite a trámite esta queja violando toda la normatividad y todos los precedentes. La regla que se ha venido imponiendo incluso en la administración de la ministra Piña es que las quejas anónimas o que no aportan pruebas no se admiten, incluso se desechan…”.
No es así: impulsado por el entonces ministro presidente Zaldívar, desde 2020 basta que una denuncia anónima aporte indicios con circunstancias de modo, tiempo y lugar para que proceda una investigación en la Judicatura.
“Es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Me parece muy grave que se utilicen los medios para tratar de desprestigiar. Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección, que supongo lo dan ya por descontado, y tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos que me parecen inadmisibles en un Estado de derecho e indignos para alguien que representa a la Corte y al Poder Judicial (…). Ellos tendrán que realmente hacer una investigación y dar garantía de audiencia a todas las personas que señalan ahí”, dijo también Zaldívar, y anunció: “Nosotros haremos nuestra defensa técnica, política y mediática, porque me parece que es increíble que se trate de manchar la trayectoria de tantas personas que hemos trabajado con honorabilidad a lo largo de todas nuestras vidas…”.
Pero si en rigor no empezó un preocupante “procedimiento” inculpatorio, ¿qué problema es darle curso a una investigación...?