“El mayor robo que se ha cometido en México desde la época colonial”. Así ha definido el presidente López Obrador al Fobaproa, una y otra vez, desde el lejano 1997. Ese año, López Obrador se convirtió en el primer denunciante de un saqueo que, según afirma, hace palidecer los daños ocasionados por el llamado “error de diciembre”.

En 1999, López Obrador publicó un libro (Fobaproa: expediente abierto) cuyo contenido iba a servirle como caballito de batalla para denunciar una política económica que “desde Salinas tiene como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aun sobre el interés público”.

Una política “que solo ha buscado satisfacer la voracidad de las minorías, sin interés alguno por el destino del país ni, mucho menos, por los reclamos de todo un pueblo que se ahogaba en la injusticia y la pobreza”.

AMLO relata en su libro más reciente (¡Gracias!, editado por Planeta), que durante una reunión al entonces presidente Ernesto Zedillo “se le escapó” comentarle que el gobierno iba a absorber la deuda de los bancos, producto de la crisis de 1994, a través de la activación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa.

Escribe AMLO que aquel día rompió para siempre con Zedillo e inició una lucha para evitar “que el dinero público se destinara al rescate de traficantes de influencias y hombres de negocios vinculados al poder”.

López Obrador explica cómo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari quiso crear un nuevo corporativismo vinculado a sus intereses políticos y, simulando licitaciones públicas, entregó los bancos propiedad de la nación a una camada “de gente sin escrúpulos, que solo buscaba la ganancia fácil y rápida”.

“De todos ellos escribe–, solo tres tenían experiencia bancaria, la mayoría eran propietarios de casas de bolsa, negocio totalmente distinto del bancario, o no contaban con ningún mérito empresarial. Algunos de ellos tenían una dudosa reputación y hasta antecedentes penales”. Recuerda AMLO que uno de los beneficiados expresó: “Yo que siempre he soñado con robar un banco, ahora me dan uno para que lo maneje”.

Los “neobanqueros”, relata el presidente, operaron sin ningún tipo de control. Se prestaron millones unos a otros, o se otorgaron créditos a nombre de sus propias empresas. Se autorizaron otros sin garantía alguna, y otorgaron créditos por consigna, para financiar ilegalmente las campañas electorales del PRI.

Cuando la bomba de la quiebra estalló, los funcionarios del Fobaproa les compraron las carteras quebradas con dinero público, y le legaron al pueblo mexicano una deuda que no terminaría de pagarse sino 50 años más tarde y que, de acuerdo con AMLO, permitió que un solo banco recibiera más presupuesto anual que estados como Tlaxcala, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes.

La crisis que se desató a partir de diciembre de 1994, dice AMLO, era un juego de niños ante el quebranto gigantesco que significaba el Fobaproa. Entrañaba recortes brutales a la educación y a la salud.

Mientras AMLO denunciaba el saqueo, “los organismos empresariales comenzaron a coro a defender la iniciativa de Zedillo con el argumento de que, de no aceptarse, se propiciaría una crisis peor que la de 1995”.

Cuando en 1999 el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, ordenó que las operaciones realizadas por el Fobaproa fueran auditadas a fin de determinar si existían irregularidades en la compra de cartera a los bancos, e instruyó para que, en caso de encontrarse irregularidades, dichas instituciones devolvieran los títulos de crédito que se hubieran emitido a su favor, al despacho del hoy ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea le cayó del cielo un negocio millonario: amparar a las instituciones bancarias involucradas –Bancomer, Banco Internacional, Banco Nacional de México, Banco Mercantil del Norte–, a fin de que no se revisaran sus créditos –algunos de los cuales la Auditoría Superior de la Federación había considerado ilegales y la Cámara de Diputados había ordenado investigar.

Zaldívar representó, pues, a los banqueros que López Obrador acababa de denunciar en su libro como “un puñado de especuladores y traficantes de influencias”. Según los documentos del voluminoso juicio de amparo indirecto 979/2002, radicado en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y del amparo en revisión 878/2004, turnado a la Suprema Corte de Justicia, el hoy apasionado defensor en los medios de la Cuarta Transformación, el heroico funcionario que abandonó la Corte para emprender la defensa “de los más pobres, de los desposeídos, de los olvidados de este país”, litigó hace 20 años en favor del saqueo de que estos eran víctimas, “el mayor robo cometido desde la Colonia”, a fin de detener el escrutinio ordenado por el IPAB.

Cuando su despacho obtuvo una suspensión definitiva, Zaldívar ofreció una entrevista al periódico La Jornada (23 de septiembre de 2003), en la que acusó al Auditor Superior de la Federación –Arturo González de Aragón–  de rebasar el campo de sus atribuciones. Explicó Zaldívar que “si en estos momentos el IPAB pudiera descontar a los cuatro bancos el monto de los pagarés que les otorgó el entonces Fobaproa… el sistema financiero mexicano sufriría un desequilibrio similar al que se generó en diciembre de 1994”.

No solo eso, preguntó de dónde había sacado el Auditor la información que le hacía presumir la existencia de irregularidades (“se ve claramente que hubo violación al secreto bancario…”), y agregó que la protección de la justicia federal a los bancos era necesaria “en beneficio de la economía nacional”.

Dijo también el hoy aliado de AMLO: “Se ha estigmatizado a los banqueros por el hecho de que recurrieron al amparo, solo porque están reclamando un acto de inconstitucionalidad en su contra”.

Las malas lenguas dicen que el despacho cobró sus servicios en millones de dólares. AMLO considera que el Fobaproa ha costado al pueblo de México 3 billones de pesos. No hay otra conclusión: Zaldívar fue parte del “mayor robo cometido desde la Colonia”.