Las objeciones a la reforma de la Ley de Amparo impuesta por el oficialismo llevaron al senador Ricardo Monreal a proferir un disparate calumnioso indigno de su magisterio como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Así fue reseñada este sábado por José Luis Martínez en su imprescindible Santo Oficio del sábado:

En el fragoroso ring del Senado, Monreal defendió con vehemencia su propuesta. Lanzó patadas voladoras, recurrió al cangrejo invertido, a la cavernaria y a muchas otras llaves de la lucha libre para salir victorioso. Con el rostro enrojecido, vociferó:“Me parece muy grave, muy grave, que el propio Poder Legislativo vaya a someterse, vaya a ser tapadera y tapete de la dictadura de la toga…”.

Con cambios a otras dos leyes: la del despojo de las afores y la muy debatible de amnistía, la 4T asalta la razón en pandilla legislativa unas cuantas semanas antes de las elecciones federales, eludiendo —por carencia de argumentación inteligente y su característico miedo a la confrontación de ideas— el “neoliberal” debate republicano.

Hablar de “dictadura de la toga” es un colosal disparate porque los jueces, magistrados y ministros no gobiernan, solo quienes detentan el poder político y de ninguna manera los dedicados a dictar sentencias y a petición de parte para resolver conflictos judiciales.

El amparo tiene por función garantizar derechos fundamentales, y lo menos que debió hacer el lópezobradorismo fue promover una deliberación amplia entre legisladores, abogados, juzgadores, académicos y justiciables (ciudadanos interesados en el trascendental tema).

Una característica de las reformas anteriores a las impuestas por el gobierno que ya mero termina fue que se escuchaba a los implicados, pero durante cinco años y medio hemos estado ante una descarada imposición que tendrá consecuencias políticas y de gobierno porque éste solo se oye a sí mismo y ordena a su dictadura de la mayoría legislativa palomear cuanto se le ocurre.

Dividida la sociedad por el encono y los odios que dimanan de Palacio, las posiciones que se manifiestan a favor o en contra son también en blanco y negro y es impensable llegar a un convencimiento generalizado.

Para ciertas cosas, el derecho de amparo se ha atrofiado al grado, al menos en teoría, de poder frenar prácticamente cualquier acción de gobierno.

Aunque sin el menor recato la 4T ha hecho lo que ha querido antes de la nueva reforma, incluidas las obras que le son emblemáticas, con el amparo administrativo podía frenase la construcción de carreteras, puentes, acueductos, vías férreas y otras obras de infraestructura necesarias para el desarrollo nacional.

Lo aprobado, sin embargo, perjudica a los ahorradores de 70 o más años de edad a quienes, por “solidaridad” forzada, el gobierno les robará sus afores.

Como sea y se vea, por intolerancia y falta de diálogo y voluntad política, la reforma a la ley de amparo es una muesca más en las abusivas imposiciones del oficialismo.