El 6 de marzo fue localizado sin vida Román Quezada Anduaga, secretario general del PAN en El Fuerte, Sinaloa. Su cuerpo apareció en un predio cercano a un estadio de beisbol. Un mes más tarde fueron secuestrados en una calle de Culiacán el candidato a regidor y secretario de Organización del Partido Sinaloense, PAS, Luis Alonso García Corrales, así como uno de sus colaboradores: Juan Francisco Cerón. Había indicios de que el domicilio de García Corrales había sido vigilado.

Los secuestrados aparecieron dos días después en medio de una espesa cortina de silencio sobre lo que lo que les había ocurrido. Según el periodista sinaloense Ernesto Hernández Norzagaray, como secretario de organización del PAS García Corrales tenía en sus manos la estructura electoral de 20 municipios: “todo lo relativo a la red de militantes, dirigentes, operadores”.

Su secuestro recuerda al del secretario de Organización del PRI, José Alberto Salas, ocurrido durante las elecciones intermedias de 2021. Salas fue secuestrado dos días antes de los comicios y con la información que tenía en su poder se desarticuló por completo la estructura electoral del PRI: sicarios del Cártel de Sinaloa privaron de la libertad a más de cien operadores políticos y solo los soltaron una hora después del cierre de casillas, cuando se había consumado, escribe Hernández Norzagaray, “la derrota aplastante de la coalición Va por Sinaloa, integrada por el PRI, el PAN y el PRD”, y el triunfo arrasador del candidato de Morena, Rubén Rocha Moya.

A estos hechos se sumaron las recientes renuncias de los candidatos a las alcaldías de Mocorito y Rosario, quienes repentinamente adoptaron la decisión de abandonar sus campañas “por problemas familiares”. “Aspiraba a ser alcalde, pero lo atajaron”, cabeceó el semanario Ríodoce en referencia al aspirante a la alcaldía de Rosario, Marco Antonio Pineda Domínguez.

El 23 de abril, el candidato de la alianza PRD-PAN-PRI a la alcaldía de Zacapu, Lorenzo Martínez Pedraza, se bajó de la contienda, “de manera irrevocable”, alegando problemas de salud. El presidente del PRI en el estado confirmó, sin embargo, que la decisión de Martínez Pedraza obedecía, en realidad, a “temas de seguridad”, a amenazas del crimen del organizado.

En 2021 se dio en la Tierra Caliente de Michoacán una de las más grandes operaciones electorales del crimen organizado, la cual, se documentó, limpió el camino a la gubernatura al morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

Hoy, en Michoacán, 33 candidatos a alcaldes han abandonado sus aspiraciones (20 son del PRI, el PAN y el PRD), 66 más han pedido protección a las autoridades ante amenazas a su integridad, y siete más, alcaldes, líderes de partidos y de organizaciones, así como candidatos a distintos cargos, han sido asesinados.

Cuatro días después del asesinato de Noé Ramos, candidato a la alcaldía de El Mante, Tamaulipas, fue ametrallada la casa del candidato a la presidencia municipal de Amanalco de Becerra, Estado de México, Arturo Lara. Los agresores lograron herirlo y le dejaron un mensaje: que abandone la candidatura.

La muerte ha recorrido Zitlala, Guerrero; Villa del Carbón, Estado de México; Gutiérrez Zamora, Veracruz; Salvatierra, Guanajuato; Chiautla de Tapia, Puebla; Acapulco, Guerrero; Cuautla, Morelos; Suchiate, Chiapas; Armería, Colima; Jacona, Michoacán y Atlixtac, Guerrero.

Ha pasado también por Cuitláhuac, Veracruz; Mascota, Jalisco; Fresnillo, Zacatecas; Ecatepec, Estado de México; Atoyac, Guerero; Chilapa, Guerrero; San Juan Cancuc, Chiapas, y Acatzingo, Puebla, entre otros lugares.

Entre los casos más recientes se encuentra el del candidato de San José Independencia, Oaxaca, Alberto Antonio García,  secuestrado al lado de su esposa –la actual alcaldesa— y abandonado sin vida en Isla Soyaltepec.

En solo siete meses, el proceso electoral más violento de la historia ha dejado 386 amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos, que arrojan un total de 501 víctimas. Más de 30 aspirantes han sido asesinados. Se desconoce aún el número real de los candidatos que han decidido bajarse de la contienda, pero en los partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México, así como en Movimiento Ciudadano, se han presentado decenas de casos.

Información dada a conocer ayer por EL UNIVERSAL revela que 15 estados del país están en riesgo “alto” o “muy alto” de que el crimen organizado intervenga en las elecciones: “Nuestra democracia se ha convertido en un mecanismo para que los grupos criminales asuman el control de los territorios y a partir de ahí comiencen con la regulación de la vida política, económica y social del país”, declaró al diario el consultor senior de Integralia, Armando Vargas Hernández.

De acuerdo con los datos presentados por Integralia, estamos ante un fenómeno criminal que tiene como fin la movilización o la desmovilización del voto, el financiamiento a las campañas, la imposición de candidaturas y, el día de la elección, la intervención directa en las casillas, como ocurrió en 2021.

Al igual que en ese año trágico, uno de los más violentos en la historia política de México, todo indica que el crimen organizado ya votó: en Chiapas, a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, la interceptaron encapuchados en una carretera para pedirle que, cuando llegue a la Presidencia, “no se olvide de la sierra”.

En el mismo estado, los transportistas fueron amenazados por grupos criminales para que no movilizaran gente al mitin de Xóchitl Gálvez.

Mediante el ejercicio de la violencia, y de la creación de una sensación de ingobernabilidad que tiene como fin la inhibición del voto, la delincuencia organizada sigue avanzando en el control territorial y político de México.

Vivimos ya las elecciones más violentas de la historia y se avecinan las semanas peores. Solo el voto puede detener el horror que claramente está anunciado.