La reforma a la ley de amnistía que seguramente se litigará en la Suprema Corte le otorga facultades policiacas y judiciales al presidente de la República para excarcelar a sentenciados y probables criminales bajo proceso.

Para hacer más evidente el fracaso de la 4T en las investigaciones del ya esclarecido Caso Iguala y ante el grosero intento de imponer una verdad alterna imputando falsas responsabilidades a las fuerzas armadas, López Obrador, violando la ley y la Constitución, invadiendo competencias y trastocando la supuesta autonomía de la Fiscalía General de la República, se erigió en agente investigador del Ministerio Público y ahora también quiere ser juez.

Sin ser abogado ni tener facultades legales, ha dicho y reiterado que encabeza la investigación del Caso Iguala.

Las nuevas atribuciones aplicarán, según el oficialismo, solo en “casos relevantes”.

Al celebrar la reforma, López Obrador comentó:

“Esa ley nos va ayudar mucho en el caso de Ayotzinapa y otros casos, pero fundamentalmente para Ayotzinapa, porque de esa forma van a poder declarar, dar testimonios, quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, y que están amenazados, temerosos, y con esta ley se les puede proteger, siempre y cuando nos ayuden informando qué sucedió, romper el llamado pacto del silencio”.

Su optimismo sorprende porque lo sucedido a los normalistas se conoce desde el 27 de enero de 2015, cuando el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, narró la “verdad histórica”: Los 43 fueron asesinados por Guerreros Unidos, sus cuerpos quemados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. Esta versión fue corroborada, corregida y aumentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación de noviembre de 2018 y no ha sido desmentida en más de cinco años por el gobierno de la 4T.

La aplicación de la innecesaria y descocada ley de amnistía puede provocar impactos negativos en el mamotreto que hoy es el caso Ayotzinapa: impunidad a los criminales que no serían castigados por sus acciones; falta de justicia reclamada por los deudos; obstaculización de los esfuerzos para la reparación del daño a las víctimas y sus familias (incluyendo compensación económica, apoyo psicológico y medidas para prevenir la repetición de sucesos como aquél).

Cualquier cambio a la ley de amnistía debió considerar las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos y las demandas de justicia y verdad de los afectados.

Si bien la reforma dispone que los eventuales beneficiados deberán aportar elementos comprobables y útiles para conocer “la verdad”, existe un sinnúmero de cuestionamientos sobre el procedimiento a seguir, entre ellos el desconocimiento de facultades que por ley corresponden al Poder Judicial en materia de valoración de la prueba, así como las motivaciones o factores de índole política que pueden incidir a favor o contra los implicados en los distintos casos...