Dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara, han salido a la defensa de la independencia del Poder Judicial, ante la recién aprobada reforma que limita las facultades de los jueces en materia de amparo y la propuesta oficialista de que los ministros sean electos mediante voto popular. Las declaraciones de Pérez Dayán y González Alcántara se han hecho en foros públicos y suponen una toma de postura explícita en contra de las iniciativas del oficialismo, tras un largo periodo de críticas y descalificaciones de parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, al Poder Judicial y a la cabeza del Supremo, Norma Piña.
Esta semana, el Congreso mexicano, dominado por el bloque oficialista —Morena, PVEM y PT—, aprobó una reforma a la Ley de Amparo que quita facultades a los jueces para suspender la entrada en vigor de leyes reclamadas. El texto aprobado establece que las resoluciones de amparo aplicarán exclusivamente a quien promueva el recurso, sin posibilidad de que tenga efectos generales. La enmienda busca acotar el margen de acción del Poder Judicial, en un sexenio en el que los jueces frenaron varias de las iniciativas legales y proyectos de infraestructura del Gobierno. La oposición ha advertido de que controvertirá esta reforma a la Suprema Corte.
En el máximo tribunal, los ministros han comenzado a manifestar sus posturas en contra. Pérez Dayán lo hizo el jueves en un foro realizado en Yucatán. “El pilar fundamental para garantizar y proteger la integridad, la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad y los demás derechos que prevé nuestro sistema jurídico es, sin lugar a ninguna duda, el juicio de amparo”, asentó. “Por ello es responsabilidad y tarea de todos protegerlo en su integridad, a fin de evitar que este medio de defensa sea debilitado o traicionado por algún grupo de la Legislatura. No puedo dejar de expresar mi preocupación, precisamente, por la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, conocida por todos nosotros”, refirió.
El ministro hizo notar que la sociedad afronta el reto de diseñar una agenda de seguridad y justicia integral, que no ignore la crisis ambiental del presente y plantee metas de manera intergeneracional. “Las decisiones que hoy tomemos, las acciones que hoy emprendamos, y aquellas que dejemos de emprender, determinarán nuestra supervivencia como especie en el planeta”, planteó. “Y es así que regreso al juicio de amparo y me pregunto: la existencia de un juicio cuya finalidad es proteger los derechos humanos ¿realmente defenderá y protegerá nuestro futuro y el de nuestras generaciones, si quienes lo tramitan no pueden impedir que una actividad que impacta negativamente en el ambiente se detenga? Esta es un interrogante principal que nos envuelve con un gran dilema: la suspensión con efectos generales es fundamental para defender los intereses legítimos reconocidos por la Constitución federal”, subrayó.
El ministro González Alcántara refirió que, si bien la reforma es modesta en su alcance, pues fue legal y no constitucional, pone en juego la preservación del Estado de Derecho. “Se busca acotar las facultades de los jueces de amparo para otorgar la suspensión con efectos generales. Se pretende privilegiar el interés general —léase el de la facción en el poder— por encima de las posibles afectaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, bajo el argumento de que los proyectos de infraestructura tienen la suficiente relevancia como para hacer a un lado los intereses de la población”, ponderó.
González Alcántara, que fue postulado a la Suprema Corte por López Obrador, de quien se ha distanciado, hizo estas declaraciones el 16 de abril, durante un evento en la UNAM para conmemorar los 30 años de la reforma que consolidó la carrera judicial. Fue en ese marco que el ministro criticó la iniciativa oficialista que busca remover a los ministros y magistrados y reemplazarlos por nuevos juzgadores electos por voto popular.
“En lugar de privilegiar el mérito, la especialización y la neutralidad, a través de procedimientos rigurosos y minuciosos en donde se enfatiza su capacidad profesional y sus aptitudes, se nos propone una suerte de concurso de popularidad en donde se privilegia a las promesas grandiosas por encima de las bases doctrinales sólidas, a los discursos simplistas y maniqueos por encima de la reflexión mesurada y ecuánime”, sostuvo. “Se nos dice que la elección popular no implica la adscripción partidista, pero no queda claro cómo puede extraerse la elección de la marea de retórica que envuelve a esta última. Se nos pide, en fin, abandonar el progreso de décadas por la incertidumbre de un experimento cuyos resultados en otras latitudes no ha sido particularmente afortunado”, continuó.
El ministro dijo que los mexicanos están ante una encrucijada en la que se les pide elegir entre dos opciones, en el contexto del proceso electoral por el que se renovará la presidencia de la República, el Congreso federal y cientos de cargos locales en los Estados. “Se nos pide elegir entre dos caminos: la continuidad, la consolidación y el perfeccionamiento de nuestras instituciones, o su demolición completa y su reemplazo por una nueva realidad de la cual no tenemos más que un bosquejo borroso. Reflexionemos antes de elegir, pues no somos sólo nosotros, sino también las generaciones que habrán de sucedernos quienes vivan con las consecuencias”, indicó.