La LXI Legislatura del Congreso de la Unión fue la del poder en la primera mitad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Produjo 11 secretarios de Estado, encabezados por Luis Videgaray, ocho gobernadores, 11 funcionarios de primer nivel y dos líderes nacionales del PRI. Esa misma maquinaria política, en el arranque del segundo medio del gobierno peñista, está partida, reducida, enfrentada entre sí y, sobre todo, confrontada con Peña Nieto. Ya no es una lucha soterrada. Es abierta y desafiante, donde las señales son que el Presidente se ha convertido en un lastre al cual tienen que arrancarle de sus manos la sucesión presidencial para evitar no sólo la derrota en 2018, sino la posibilidad de que los arrastre al tercer lugar como fuerza nacional. Si eso sucediera, se preguntan algunas figuras del partido, ¿sobreviviría el PRI?
Sesenta y dos integrantes de la LXI Legislatura, casi una tercera parte de los priistas que salieron de ella, han dicho a Peña Nieto que no pueden seguir apoyando el rumbo de su gobierno porque el modelo está cada vez más lejos del electorado. El planteamiento presidencial de que los beneficios de las reformas los verán los mexicanos después de su administración, es cuestionado dentro del priismo. Quieren un cambio de modelo económico, porque el seguido desde el gobierno de Miguel de la Madrid, argumentan, ha producido 60 millones de pobres, y en lo político, el equipo de Peña Nieto, cerrado y excluyente, provocó que la rigidez de una forma de gobierno vertical y alejada del partido, destruyera las clientelas electorales.
Los legisladores han circulado una carta abierta al líder del PRI, Enrique Ochoa, pero el destinatario real es el presidente Peña Nieto. Hasta ahora la han firmado públicamente 62, pero otros más, entre los que se encuentran varias figuras del partido que estuvieron muy cerca de Peña Nieto y ayudaron a construir su candidatura presidencial, están en el umbral de hacer público su apoyo y, con ello, tácitamente romper con su amigo el Presidente. Lo ven herido política y electoralmente, donde para salvarlo, paradójicamente, tienen que sacrificarlo. Es decir, la candidatura presidencial del PRI, como lo están vislumbrando dentro de las estructuras jerárquicas del partido que están en el campo opuesto de Ochoa, no podrá ser una decisión unipersonal de Peña Nieto, sino procesada dentro del partido con una contienda interna.
Hay ejemplos históricos de cómo partidos hegemónicos desaparecieron por no haberse adecuado a la nueva realidad que vivían en su momento. Uno fue la Unión de Centro Democrático, que encabezó Adolfo Suárez durante la transición democrática española, que cuando terminaba esa fase, en 1981, el desgaste del presidente del gobierno lo llevó a renunciar, con lo que su partido se sumió en una descomposición, ante la ausencia de liderazgo, que lo llevó a perder las elecciones generales en 1982, ante el PSOE. El otro caso es el de la Democracia Cristiana en Italia, un partido fundado en 1943 cuyo desgaste lo hizo perder el poder en los 80. Cuando lo recuperó, con una sociedad en turbulencia social y política en los 90, la corrupción del partido provocó, al igual que la Unión de Centro Democrático, su desaparición.
Dentro de los priistas, aún los más opuestos a lo que ha hecho Peña Nieto, existe la convicción de que el PRI no está en riesgo de desaparecer, pero sí de perder la Presidencia y caer hasta un tercer nivel como fuerza política nacional, detrás del PAN y de Morena. Los movimientos que se están gestando al interior del partido coincidieron en la carta de los miembros de la LXI Legislatura, que busca imponer controles al poder unipersonal del Presidente dentro del partido, y a impulsar procesos incluyentes para definir la candidatura presidencial. La parte importante es colocar el candado para que el candidato a la Presidencia o a una gubernatura, tenga que haber ganado previamente una elección de mayoría relativa. En la primera mano sucesoria de Peña Nieto, sólo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salvaría ese requisito.
El sentir de los priistas es que la corrupción ha tenido un impacto directo en el electorado. El escándalo de la casa blanca colocó a Peña Nieto en el punto más bajo del humor social desde que se estudia esa variable, y lo metió en una espiral descendente irreversible en su aprobación de gobierno. Las derrotas en Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, están asociadas a denuncias de corrupción de los gobernadores priistas. En una fuga hacia delante, los exlegisladores propusieron una reforma constitucional que permita enjuiciar al Presidente por corrupción y que al establecerse como “causa grave”, exista el mecanismo legal para la revocación de mandato.
Esta medida no tendría efecto sobre Peña Nieto, quien tendría que avalar ese cambio en los estatutos del PRI, a discutirse en la próxima Asamblea Nacional prevista para noviembre, para alinear la acción presidencial con el discurso del PRI. Dentro del sector beligerante del PRI, no han visto en Peña Nieto la disposición para modificar su ruta, ni dentro del partido ni hacia la nación. Lo ven consciente de su deterioro, pero inamovible en su postura. El tiempo se le acaba a los priistas, que están pensando en 2018, pero también al Presidente. Lo que vendrá es la lucha abierta contra Peña Nieto, o un pacto donde el Presidente abra el proceso. En todo caso, bajo cualquier escenario, quien aparece como perdedor, es Peña Nieto.
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