El domingo pasado, durante una misa que ofició en la Catedral de Cuernavaca, el obispo Ramón Castro Castro, secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, llevó a un nuevo nivel la confrontación entre la iglesia y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Castro Castro afirmó que el caso del obispo emérito Salvador Rangel, uno de los mayores escándalos para la institución religiosa, fue aprovechado por “Ya saben quién” para enviar “una fábrica de bots” cuya misión era “darle con todo para que la iglesia pierda su autoridad moral”.

Tras la desaparición el pasado fin de semana del obispo Rangel, que la fiscalía de Morelos atribuyó a un secuestro exprés, el comisionado estatal de seguridad José Ortiz Guarneros reveló que “hasta donde sabemos” el sacerdote había entrado voluntariamente a un motel del estado de Morelos, acompañado de “una persona del mismo sexo”.

Se filtró más tarde que Rangel fue hallado prácticamente inconsciente, con pastillas de sildenafil y varios sobres con condones a su lado. Según el informe toxicológico que más tarde se filtró también, la sangre del obispo, de 78 años de edad, presentaba rastros de cocaína y benzodiacepina.

En su misa dominical, Ramón Castro Castro denunció que se estaban haciendo conjeturas a la ligera, que se confundía a los fieles y se abría la puerta a los ataques de personas “interesadas en dañar la autoridad moral” de la institución.

“No nos proponemos hacerle mal a nadie”, respondió en la “mañanera” el destinatario del mensaje.

Sin embargo, tras el silencio del obispo, quien se limitó a declarar que al comprar una bebida en un Oxxo había perdido el sentido, en círculos de seguridad crece la idea de que labores de inteligencia pudieron detectar el momento exacto en el que el obispo, un crítico sistemático de la política de seguridad del gobierno de AMLO, con altos niveles de influencia social y mediática, podía ser exhibido. La fiscalía se mantiene, por el contrario, en la línea que apunta hacia un secuestro exprés.

Rangel ha denunciado una y otra vez las administraciones de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, a quienes acusa de haber vendido el estado al crimen organizado.

En diciembre pasado, y ante la incapacidad de los gobiernos federal y estatal de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos, formó parte del grupo de obispos que mediaron entre los cárteles a fin de convencerlos de que pactaran una tregua. Era solo una señal del fracaso del gobierno de López Obrador en materia de seguridad.

Pero desde mucho antes había indicios de que la iglesia se había distanciado del gobierno de AMLO. De cara a las elecciones intermedias de 2021 circularon videos en los que ministros religiosos —el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, el rector de la Universidad Pontificia y asesor del Papa Francisco Miguel Ángel Flores y el sacerdote Pedro Freites Romero— llamaron abiertamente a negar el voto a Morena.

“Tengan mucho cuidado con López Obrador”, decía en uno de estos el padre Freites. El presbítero Miguel Ángel Flores acusaba al gobierno de AMLO de abrir la puerta al narco, y entregar la SEP a un grupo de marxistas radicales.

Con frecuencia, los videos de sacerdotes que aprovecharon sus homilías para alertar a los fieles han suscitado torbellinos en las redes. “Pídele a Dios la luz para votar con responsabilidad”, “Nunca hemos estado tan mal. Ni un solo voto para los irresponsables”, “Si ganan los que están en el poder se viene la dictadura”.

En septiembre del año pasado fue grabado el párroco de Tepetzintla, Puebla: “Ten cuidado, no conviene seguir votando por Morena”.

No eran casos aislados. La Provincia Eclesiástica del Bajío impartió talleres en Celaya, Comonfort, San Miguel de Allende, Apaseo el Grande, San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, a fin de que sus feligreses negaran el voto por la 4T.

En un video más, un sacerdote fue grabado cuando decía: “El actual presidente es satánico. Xóchitl Gálvez está defendiendo la libertad, la verdad y la seguridad principalmente porque eso es lo que no tenemos ahorita”. En entrevista con el periodista Fernando del Collado, el sacerdote José Filiberto Vázquez se ofreció a practicar un exorcismo en Palacio Nacional y llamó a no votar “por quien promueve la muerte y coarta las libertades”.

En marzo de este año, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum accedió a firmar con reservas el Compromiso Nacional por la Paz, elaborado por la Conferencia del Episcopado y varias organizaciones sociales, alegando que no compartía la visión “pesimista” sobre la seguridad y el avance de la militarización, contenida en el documento. La iglesia le respondió que el documento no estaba sujeto “a opiniones” y que el miedo, la inseguridad, la militarización y la descomposición del tejido social eran “una realidad”.

Esos Compromisos fueron vistos en Palacio Nacional no como una evaluación de la situación actual construida a través de las miradas de un ejército de sacerdotes que están en contacto con comunidades a lo largo del país, sino como un punto de confrontación: una crítica, un ataque a él y a su gobierno.

El columnista Raymundo Riva Palacio reveló hace unas semanas que una comisión de obispos viaja regularmente al Vaticano para informar al Papa Francisco sobre el clima de inseguridad que se vive en México y que cada semana se reparte entre 92 mil sacerdotes un documento que contiene “líneas generales” que estos deben incluir en sus homilías.

En ese ambiente de confrontación el comisionado de seguridad de Morelos, un estado gobernado por la 4T, se “adelantó” a informar que “hasta donde sabemos” el obispo Rangel ingresó a un hotel por su propio pie, acompañado de una persona del mismo sexo.

La respuesta de monseñor Castro no deja dudas: entre que sí y entre que no, “Ya saben quién” aprovechó para desactivar, no se sabe si moral o inmoralmente, a un sector poderoso de sus adversarios.