La incumplible y necia exigencia de “presentación con vida” de sus compañeros asesinados por la delincuencia organizada, mezclada con la cachetona reclamación de plazas automáticas y otras prebendas, es la constante de las protestas de los normalistas de Ayotzinapa.
Aderezan sus demandas con secuestro de autobuses, vandalización de todo tipo de instalaciones, quema de vehículos oficiales y particulares, saqueo de mercancías en tiendas y camiones de reparto, bloqueo de carreteras y ataques con explosivos como los cohetones dirigidos ayer contra Palacio Nacional que provocaron lesiones a 26 policías.
Sobre la excarcelación de ocho de 14 militares que seguirán su injusto proceso penal en prisión domiciliaria por el caso Iguala, el viernes pasado publiqué aquí:
Ya las organizaciones que asesoran a padres y familiares de los normalistas pusieron el grito en el cielo, calificando de “parcial y sesgada” la resolución de la jueza. Acusan un “empoderamiento” de las fuerzas armadas y que el gobierno y el Poder Judicial “se dejaron presionar por el Ejército mexicano”, que todo “es una farsa”, y advierten que “habrá respuesta”. El presidente López Obrador —añadí— deberá cuidar que no haya un nuevo portazo en Palacio Nacional y Claudia Sheinbaum que no le revienten algún mitin. AMLO está en un gran aprieto, ya que prometió a los deudos llegar a una diferente “verdad” a la “histórica”. El problema es que su gestión concluye el 1 de octubre, cinco días después del que se avizora explosivo décimo aniversario (26 y 27 de septiembre de 2014) del caso que prometió y no pudo “resolver…”.
Bueno, pues la amenaza que verbalizó el representante de los deudos, Vidulfo Rosales, comenzó a cumplirse, y se intensificará.
Este lunes, poco antes del ataque, se llevó a cabo la rutinaria conferencia del Presidente, quien al momento de la embestida se encontraba dentro del aristocrático, vetusto y flamable edificio.
Lo sucedido es apenas un anticipo de lo que le espera a quien, sin atribuciones constitucionales, dice “encabezar” las investigaciones ministeriales de la desaparición y muerte de Los 43 y que, pese a haberse comprometido con los padres a encontrar una diferente “verdad” a la de la PGR, no ha podido ni podrá honrar su palabra, porque su propio gobierno enturbió y volvió indescifrable lo sucedido la noche de Iguala.
Suman tres los embates violentos de los normalistas rurales a Palacio Nacional: el primero fue hacia la medianoche del 9 de noviembre de 2014, cuando al término de su mitin un grupo de manifestantes embozados incendió el portón central.
El segundo aconteció la mañana del reciente 6 de marzo, cuando los manifestantes concentrados en la calle Moneda usaron como ariete una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad para reventar una de las puertas laterales.
Montados en la tragedia de 2014, los normalistas rurales acumulan una gran variedad de acciones jurídicamente criminales, pero desde siempre han gozado de absoluta impunidad… según nuestra