El caso Ayotzinapa fue uno de los motivos de protesta y una de las promesas centrales del camino de López Obrador hacia la Presidencia.

No se cansaron los obradoristas de gritar que el gobierno de Peña Nieto encubría a los responsables de las desapariciones y hasta establecieron un pase de lista nocturno por los desaparecidos. Decretaron: fue un crimen de Estado.

Fue un trampolín de la propaganda de López Obrador hacia la Presidencia.

El gobierno de Peña Nieto abrió en su momento una investigación cuyas conclusiones son las más serias y las más cercanas a la verdad de lo que pasó esa noche.

Han podido imputarle a esa versión falta de datos y procedimientos ilegales para interrogar testigos, pero no han podido desmentir la verdad sustancial de los hechos arrojados por aquella pesquisa.

Al llegar al poder, López Obrador instaló una pomposa Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Su única consecuencia real fue meter a la cárcel al procurador anterior, José Murillo Karam, que sigue su injusta prisión en arraigo domiciliario.

Mientras tanto, la pomposa Comisión para la Verdad y Acceso... fue tropezándose con la misma piedra que se había tropezado Murillo: la intervención del Ejército en aquella noche de la matanza de estudiantes en Iguala.

López Obrador ordenó al Ejército aportar la información reservada que tuviera de esa noche, pero el Ejército no la entregó y la pomposa comisión quedó en cueros, sin nada nuevo que aportar, pero habiendo dejado libres, como testigos protegidos, a los asesinos confesos de los estudiantes.

Los deudos de aquellos 43 estudiantes desaparecidos pasaron de la esperanza a la cólera con este gobierno y ayer tiraron petardos contra la casa del Presidente. Pasaron de ser un trampolín político a una cohorte de agraviados.

Típico de estos años: promesas defraudadas, petardos por la culata.