“Mire, aquí usted no puede entrar porque hay retenes del narco antes de llegar al pueblo. Y si por algún milagro logra entrar, pues ya no va a poder salir. Al menos no con vida”. Quien habla es un líder religioso habitante de Frontera Comalapa, un pueblo limítrofe con Guatemala, en el sur más sur de México. Cuando el periodista le pregunta si podría salir a un pueblo cercano para tener una reunión en algún lugar seguro para platicar, el religioso, que ha aceptado conversar por teléfono bajo la condición de proteger su identidad, responde:
—Es que, mire, la gente que vive aquí y logra salir es porque ya nunca va a volver.
Desde hace al menos dos años, en la frontera sur de México, los pueblos de Frontera Comalapa y Chicomuselo, a apenas 25 kilómetros de distancia entre sí, se han convertido en el epicentro de la guerra entre los dos carteles más poderosos en esta región. Estos dos pueblos, de los que antes se escuchaba hablar poco o nada, se han vuelto comunes en las portadas de los periódicos debido a la crueldad con que el narco ha castigado a su población y a las muestras de poder que han hecho públicamente. Como la narco-caravana con hombres armados que se paseó entre aplausos en las afueras de uno de estos dos pueblos o el desfile de camiones artillados y blindados creador por el narco llamados “monstruos”.
—Aquí estamos en medio de una guerra. ¿Usted sabe cómo es una guerra? De noche se va la luz y empiezan a sonar los disparos, los bombazos. Una guerra. Eso— dice el religioso.
El más reciente hecho de violencia que atormentó a esta zona ocurrió este lunes en el ejido Nueva Morelia, Chicomuselo, donde un enfrentamiento entre carteles dejó un saldo de 11 muertos, entre ellos dos mujeres, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
De acuerdo con activistas locales, al igual que en Frontera Comalapa, en Chicomuselo el narco también ha establecido retenes en todos sus accesos manteniendo a ambas poblaciones prácticamente bajo secuestro.
“Por lo menos desde 2021 la población de esos pueblos permanece en una situación de secuestro. Lo que nos cuentan las personas con la que logramos hablar es que estas estructuras criminales controlan sus servicios de electricidad, telefonía y hasta de alimentación porque al tener cerradas las vías de acceso, los negocios se están desabasteciendo de alimentos”, explica Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido en la región como Frayba. “El supermercado Aurrera de Frontera Comalapa cerró porque ya no tiene cómo acceder a alimentos. Por eso, la población tiene que buscar a donde encontrar estos alimentos. Lo tiene que hacer en los momentos que abren el paso, y eso es cuando las estructuras criminales lo deciden”, añade.
Tanto los activistas como algunos reportes de prensa local que citan a pobladores de estos municipios aseguran que las estructuras de narcotráfico tienen bloqueadores de señal para evitar que la gente pueda hacer uso de sus teléfonos celulares o de internet, lo que incrementa la zozobra tanto para los que están dentro como para sus familiares que han logrado escapar.
Consultados por este medio, activistas, miembros de la Policía Federal y periodistas locales aseguraron que es imposible entrar o salir de Frontera Comalapa o Chicomuselo. Y menos en los últimos meses en que la violencia y los enfrentamientos en ambos municipios se han recrudecido.
La violencia en ambos pueblos no es exclusiva en esta región. Al menos desde 2019, los dos carteles más poderosos de México, El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, se disputan el estado fronterizo de Chiapas. De acuerdo con información de la secretaría de la Defensa (Sedena), este estado fue controlado durante al menos la última década por Sinaloa, pero recientemente la incursión de su contrincante ha provocado enfrentamientos en los que han muerto ya cientos de inocentes.
El estado de Chiapas es importante para el crimen organizado en México por una cuestión logística. Lo atraviesan al menos cinco rutas terrestres, dos aéreas y dos marítimas del narcotráfico, según datos de la Sedena. Por aquí también pasan varias rutas de migrantes que viajan rumbo a Estados Unidos, a quienes el crimen ve como una mercancía más.
Sobre los hechos ocurridos este lunes en Chicomuselo, la Fiscalía de Chiapas explicó en un comunicado que las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos “haciendo un reconocimiento médico de los mismos y efectuando la diligencia de identificación de cadáveres con los familiares”. Además añadió que “para garantizar la paz en la zona se realizan las investigaciones por lo que el Grupo Interinstitucional lleva a cabo patrullajes en la región con el propósito de fincar responsabilidades”.
Hasta el momento se desconoce si ha habido una intervención rápida del Ejército y la Policía. Sin embargo, esta estrategia repetida en ocasiones anteriores en la zona no ha dado resultados. “Las autoridades llegan y se van, no existe un interés real hacia las personas”, dice Roblero del Frayba.
Mientras tanto, las poblaciones de ambos municipios siguen bajo el control total de las estructuras de crimen organizado. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 2020 había poco más de 80.000 habitantes en el municipio de Frontera Comalapa y unas 36.785 en Chicomuselo. Los activistas advierten que unos 6,000 habitantes han huido de estas dos localidades en los últimos dos años.
Este escenario de violencia también afecta a otros municipios de de la región fronteriza como Motozintla, Ocosingo de donde también han huido otros 3.000 habitantes, según cálculos de los activistas que trabajan en la región.
Defensores de derechos humanos que trabajan la región sur de Chiapas aseguran que, si la situación en Chiapas fuera un hospital en crisis, Chicomuselo y Comalapa serían las salas de emergencia. “Son miles y miles de desplazados por la disputa entre los carteles. Aunque el gobierno no lo quiera aceptar, nosotros hemos documentado y estimamos que solo en los últimos dos años ha habido unos 9.000 desplazados”, dice Luis Abarca, del comité Digna Ochoa.
Por su parte, el Estado no reconoce la crisis en Chiapas ni el número de desplazados que denuncias las organizaciones. El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó el número de desplazados y llegó a decir que se trataba de “unos pocos”. Sin embargo, el secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, aceptó que solo en Chicomuselo han sido desplazadas al menos 3.780 personas.
Según el activista Abarca, el trasfondo de la crisis en Chicomuselo se debe a que en ese municipio hay actividad minera que es controlada y defendida por MAÍZ (que significa “Mano Izquierda”), el brazo armado del Jalisco Nueva Generación, mientras que el Cartel de Sinaloa quiere entrar a controlar el territorio. “Es algo que ya es conocido públicamente”, añade.
Ambos activistas coinciden en que la situación en estos dos municipios es ignorada por el Estado y prevén que seguirá así. “Estamos en tiempo electoral. Los intereses de ellos (los gobernantes) son otros. Ahorita lo que menos les interesa es saber lo que está viviendo la población”, cierra Roblero.