Un buen ejemplo es la invasión rusa de Ucrania, la otra guerra con importantes consecuencias geoestratégicas que se libra en paralelo. El mismo tribunal ordenó a Rusia ―otro de los cinco países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad― suspender de inmediato sus operaciones militares. Era marzo de 2022.
La reacción inicial de Israel apunta a que seguirá adelante con la operación, pero evitando imágenes de invasión masiva y de hambruna. Y alimentando la idea de que está cumpliendo la medida cautelar, agarrándose a que el TIJ se refiere a aquellas acciones que “puedan infligir a los gazatíes condiciones de vida que puedan llevar a su destrucción total o parcial”, es decir, constitutivas de genocidio. “En resumen”, concluía Amit Segal, uno de los principales comentaristas políticos en Israel, “la operación continuará en Rafah. Y, dentro de un mes, otra ronda en La Haya”.
Es la rendija, que dependerá de la intensidad de las operaciones y de la narrativa que se imponga, a la que apunta la respuesta conjunta que han dado la jefatura del Estado Mayor de Seguridad Nacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores: “Israel no ha llevado a cabo ni llevará a cabo actividad militar en la zona de Rafah que cree condiciones de vida que puedan conducir a la destrucción de la población civil palestina, total o parcialmente”. En el comunicado se habla también de “reducir en la medida de lo posible los daños a la población civil en Gaza” y continuar los “esfuerzos para permitir la entrada de ayuda humanitaria”.
Matan Gutman, experto legal y comentarista jurídico del diario Yediot Ahoronot, lo señalaba con más crudeza en el plató del Canal 12 de la televisión nacional: “Lo que quiere decir [el fallo] es que mientras convenzamos de esta interpretación a nuestros amigos, a Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania… en la práctica no pasa nada”.
Aunque carezca de poder coercitivo para hacer cumplir las medidas cautelares de emergencia, el TIJ no deja de ser la máxima instancia judicial de la ONU. Y los apoyos de Israel pueden verse ahora en la tesitura de decidir si se ponen del lado de su aliado, incluso si incumple las órdenes, o de Naciones Unidas, que representa el pilar sobre el que se basa el sistema internacional de resolución de conflictos. Si Israel se mantiene en su rechazo al “tribunal mundial”, en su acepción coloquial, la credibilidad de la ONU puede quedar en entredicho, porque la opinión pública internacional verá que sus Gobiernos no apoyan sus decisiones. Las manifestaciones de estudiantes registradas en muchos países en las últimas semanas son un ejemplo de un malestar cada vez mayor y visible en este sentido.
Es lo que ha querido destacar Balkees Jarrah, director asociado de justicia internacional de la ONG estadounidense Human Rights Watch. La orden del tribunal “abre la posibilidad de un alivio” para los civiles gazatíes, “pero solo si los gobiernos usan su influencia, incluidos los embargos armamentísticos y las sanciones focalizadas, para presionar a Israel a cumplir con urgencia las medidas”, puntualiza en un comunicado.
En Israel se daba casi por hecho que el tribunal no se limitaría esta vez a una advertencia genérica de cumplimiento (como en enero), ni a la dimensión humanitaria. La duda era si pediría detener la ofensiva en Rafah o en toda Gaza. “Por extraño que suene”, matizaban este viernes, antes del anuncio, los comentaristas políticos del diario Yediot Aharonot Itamar Eichner y Zeev Avrahami, “hay en Israel quienes preferirían en realidad [la exigencia] de un alto el fuego total”. El motivo: pocos dudan de que Estados Unidos hubiera vuelto a vetar en la ONU una previsible resolución de alto el fuego permanente para cumplir el mandato del TIJ. Que la medida cautelar se limite a Rafah, donde Washington ha dejado claro que no quiere una gran operación terrestre, aumenta las posibilidades de que se abstenga, dejando que salga adelante la resolución, lo que no favorece al Gobierno de Netanyahu, que promete continuar la guerra hasta “la victoria total”.
El fallo del tribunal señala que las medidas adoptadas por Israel para proteger a los gazatíes, y en particular a los desplazados en Rafah, son insuficientes. Más aún, el presidente leyó un pasaje donde decía que los magistrados no habían “recibido pruebas” de que el Gobierno israelí les proporcionara seguridad y acceso a condiciones humanitarias. El TIJ duda de que “los esfuerzos de evacuación y las medidas a las que Israel afirma haberse comprometido para mejorar la seguridad de los civiles” hayan sido “suficientes para aliviar el inmenso riesgo” al que los exponen. Y señala que “los inmensos riesgos asociados con una ofensiva militar en Rafah han comenzado a materializarse y se intensificarán incluso más si la operación continúa”.
El desplazamiento forzoso de civiles es clave en la lucha por la narrativa. El presidente del tribunal recordó que la ofensiva en Rafah ya ha originado la evacuación obligada de al menos 800.000 personas, la gran mayoría de los 1,2 millones que se calculan en la zona de Rafah y que llegaron principalmente de otras partes de la Franja; bien por orden directa del ejército israelí, bien tratando de huir de los bombardeos, que no han cesado en toda Franja.
Israel ―que no reconoce la competencia del tribunal en este litigio― lo presentará, en cambio, como prueba de que la evacuación era posible y evitará muertos civiles en Rafah. Si los jueces abordan el fondo del caso, Sudáfrica, que presentó su demanda en diciembre de 2023, tendrá que demostrar los “actos de genocidio” que ha alegado. El tribunal, de todos modos, exige ya ahora a Israel que permita que se investiguen “las alegaciones de genocidio”; la entrada de investigadores nombrados por la ONU; y preservar pruebas.
