A fines de 2021, fuerzas del Ejército mexicano mataron a 400 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán y desaparecieron los cuerpos con ayuda de un grupo criminal local, según un informe dado a conocer la semana pasada por la organización International Crisis Group.

La intención era que el presidente López Obrador pudiera presumir una baja en los niveles de violencia.

Crisis Group asegura que hubo un acuerdo entre cúpulas militares y líderes criminales para que estas organizaciones ocultaran “la violencia que perpetran”.

Según el documento “El laberinto de los generales: crimen y militares en México”, elaborado a partir de entrevistas con mandos del Ejército, comandantes policiacos locales, jefes criminales e incluso sicarios, hubo un acuerdo para reducir “la violencia visible” a cambio de que los grupos del crimen organizado pudieran “diversificar sus operaciones de tráfico (incluyendo drogas nuevas como fentanilo), ampliar sus redes de extorsión, expandir su control de negocios legales y asumir un mayor control sobre las comunidades y los gobiernos locales”.

El gobierno de López Obrador desplegó tropas en el país “en una escala nunca antes vista”. Pero esa medida, asegura el informe, solo logró una pequeña reducción en el control que ejercen sobre estados, ciudades y comunidades, los grupos del crimen organizado.

En Michoacán, Guerrero, Veracruz, Colima, entre otros estados afectados por la delincuencia organizada, hubo, señala el informe, un “acuerdo de coexistencia” que permitió a los cárteles “obtener ganancias y ampliar su control sobre comunidades” siempre que se redujera “la violencia visible”.

El informe de International Crisis Group es un escándalo. Acusa que el Ejército pactó con grupos criminales de Michoacán para enfrentar “de manera conjunta y coordinada” al Cártel Jalisco Nueva Generación: asesinaron a centenares de integrantes y enterraron los cuerpos en fosas clandestinas.

En febrero de 2022, un líder criminal asistió al velorio de su madre, en San José de Gracia, Michoacán. De ahí lo sacaron integrantes de un grupo del crimen organizado y lo fusilaron en la calle, contra una pared, al lado de otras diez personas. Un video que mostró las imágenes del fusilamiento se popularizó en redes sociales.

Pero los cuerpos de los fusilados no aparecieron jamás.

Según los testimonios recabados aquel día, los cadáveres fueron levantados de la calle y subidos a las bateas de varias camionetas. Más tarde llegaron personas con la misión de eliminar de la acera las manchas hemáticas

Según Falko Ernst, investigador experto en crimen organizado, “soldados y delincuentes formaron un frente conjunto contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, coordinando sus operaciones e incluso luchando uno al lado del otro”.

Decenas de sicarios fueron asesinados. International Crisis Group asegura que esas muertes “no se reflejan en las estadísticas de homicidios o desapariciones” que registra el gobierno federal.

La organización afirma que intentó hablar con el gobierno de López Obrador y su gabinete de seguridad, “pero las autoridades federales rechazaron entrar en diálogo con los investigadores”.

Más de 80 entrevistas con jefes militares, policías, funcionarios estatales, especialistas en crimen organizado, académicos, líderes delincuenciales e incluso sicarios sustentan el informe, que sostiene que hubo una oferta por parte del Estado para que los cárteles bajaran los niveles de violencia a cambio de un mayor control territorial. En algunas zonas, las operaciones militares cesaron por completo mientras los cárteles avanzaban en el control de territorios.

De acuerdo con el informe, un alto mando de la Marina confesó que al llegar al poder López Obrador se recibió la instrucción de “cesar todas las operaciones de inmediato”.

La indicación, reveló Falko Ernst, fue esconder los cadáveres: “desaparecer a las víctimas de homicidio en vez de exponerlas públicamente”. Todo para que López Obrador pudiera presentar sus gráficas engañosas en las “mañaneras”.

Un terrible, verdadero escándalo.