Sobre el intimidante resultado electoral y la eventual mayoría calificada en el Congreso, se le preguntó al presidente López Obrador:

–¿Usted va a ejecutar el plan C con las reformas de la Corte, el INE, el INAI…?

“Bueno –respondió–, es parte de lo que vamos a platicar con la futura o virtual presidenta electa y luego presidenta constitucional. Porque creo que la nueva legislatura inicia el 1 de septiembre y yo termino a finales de septiembre. Es un mes. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta, no quiero yo imponer nada...”.

Más vale que así sea porque, además del atentado contra el Poder Judicial de la Federación, el descuartizamiento del INE y la desaparición del INAI, están en capilla otros cinco organismos autónomos: la Comisión Federal de Competencia Económica, la Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Nacional para la Mejora Continua de la Educación (cuyas funciones absorberían las secretarías de Comunicaciones, Función Pública, Energía y Educación, así como el INEGI).

De ser como dijo AMLO, será la próxima presidenta quien determine si se chatarriza el Poder Judicial y desaparecen los demás únicos contrapesos al desmesurado poder presidencial.

Luego de los calambres con la depreciación del peso y la peor caída en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2020 por la composición del próximo Congreso, Rogelio Ramírez de la O salió a sofocar las alarmas de inversionistas y calificadoras informando que continuará en la Secretaría de Hacienda por tiempo indefinido, se mantendrá la estabilidad macroeconómica, se reducirá la deuda pública y se preservará la disciplina financiera con respeto a la autonomía del Banco de México y apego al actual estado de derecho.

El compromiso es clave porque entre los cambios propuestos se quiere limitar el derecho de amparo, lo que anula la certeza jurídica que demandan los inversionistas y pone en riesgo el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Otra catastrófica posibilidad: el próximo gobierno tiene todo para, como ha querido AMLO, apropiarse de las reservas internacionales de Banxico (que ayer sumaban 218 mil 726 millones de dólares).

Ante tan siniestras perspectivas, lo mejor es que Claudia Sheinbaum cuenta con la inteligencia y mesura del doctor Juan Ramón de la Fuente, quien coordinó los foros para la transformación de donde surgirá el nuevo plan de gobierno y tiene ahora la tarea de operar la transición entre las administraciones que terminan y comienzan.

Por desgracia, para destruir el Poder Judicial cuenta también con el faccioso y desprestigiado exministro Arturo Zaldívar.

En la opción de las confianzas y la ética política, cruzo los dedos porque la señora tome mucho más en serio lo que le sugiera el experimentado, reconocido y conciliador De la Fuente…