La hora de la verdad
La hora de la verdad entre Andrés Manuel López Obrador comienza hoy con un problema toral: en qué momento aprobar la reforma judicial. El Presidente quiere colgarse esa medalla con sabor de venganza, antes de que termine su mandato el 30 de septiembre. La presidenta electa, que ha expresado reiteradamente estar de acuerdo en lo que propone su mentor, no está tan segura. Antes de las elecciones sintió la preocupación de empresarios e inversionistas por la reforma provocaría incertidumbre jurídica, que la llevó a considerar tiempos distintos a los de López Obrador para su deliberación y, eventualmente, aprobación.
Este se espera sea el principal tema que tratarán hoy López Obrador y Sheinbaum en Palacio Nacional, tras una semana de escaramuzas políticas, económicas y jurídicas entre los dos durante cinco días, pero en el fondo de ese diálogo está algo más profundo: si López Obrador está realmente dispuesto a dejarla gobernar. El viernes dejó entrever que si, solo si, gobierna como él cree que debe gobernar. De otra forma, anticipó que saldrá del rancho a donde dijo que se retiraría de la vida pública, y señalará donde no esté de acuerdo. Es una amenaza clara con una arma cargada, la revocación de mandato.
La administración que hizo Sheinbaum de López Obrador durante la campaña sacrificando capital político, entró en una nueva dinámica tras ganar las elecciones. López Obrador piensa en él y no le importó la reacción de los mercados ante la posibilidad de que una mayoría calificada en el Congreso, como se perfila tendrá, apruebe la reforma al Poder Judicial y la desaparición de los organismos autónomos, desapareciendo los contrapesos internos y regresándonos a un país que algunos vivimos en los 70, con todo lo que eso conlleva. Sheinbaum no termina el mandato con él. Empieza su presidencia, a la cual López Obrador le etiquetó presupuesto para forzarla a ser una líder subrogada durante al menos un año para que termine lo que dejó pendiente, cuando podrá empezar a gobernar sobre su plataforma y lo que piensa para el país.
La discusión sobre los tiempos para la reforma judicial está siendo la lucha pública más fuerte, pero no es la única. López Obrador quiere que repita el gabinete para mostrar la continuidad a su proyecto. Sheinbaum, que fue electa para continuar con el proyecto, tiene otros planes para el gabinete y varios perfiles acabados –en algunos casos ya operando–. En los tiempos de la campaña tuvo que aceptar imposiciones, como la del ministro Arturo Zaldívar, que primero fue perfilado como consejero jurídico de la Presidencia y después como secretario de Gobernación, a donde ahora están ubicando a otro de los debes presidenciales, Juan Ramón de la Fuente. Quiere el Presidente que repitan Luisa María Alcalde y Raquel Buenrostro, que podrían hacerlo en distintas carteras.
Sheinbaum tiene margen para hacer concesiones, como algunos puestos en el gabinete –salvo uno intransitable hasta este momento, Octavio Romero Oropeza, que a finales del año pasado le pidió al Presidente, su entrañable amigo, repetir en Pemex–, o concilió términos con otros funcionarios, como con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, con quien trabajará al menos dos años, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien dijo que seguirá en el cargo por tiempo “indefinido”, un periodo que va de meses a dos años, según con quien se hable en sus equipos. Pero hay otros temas donde es más difícil estar en la misma hoja de ruta del Presidente, como el de la reforma al Poder Judicial.
Sheinbaum cree en ella y respalda que la designación de ministros, jueces y magistrados sea por voto popular. En las reuniones donde los empresarios y los inversionistas le expusieron sus preocupaciones, los escuchó, pero no se pronunció. En privado habló de que el mejor escenario para ella sería que Morena y sus aliados no ganaran la mayoría calificada para poder iniciar su gobierno sin esa tensión y procesar su propia iniciativa para reformar al Poder Judicial un poco más adelante. La realidad le quitó ese espacio y López Obrador apresuró los tiempos.
La presidenta electa necesita convencer al Presidente, vista la reacción de los mercados, que utilizar por primera vez la mayoría calificada para colonizar el Poder Judicial y destruir los órganos autónomos –reformas de primera generación democrática–, no es lo más conveniente, ni tampoco prudente, aunque está de acuerdo con él. A López Obrador no le importa lo que suceda a partir del 1 de octubre, pero para Sheinbaum, comenzar con la depreciación del peso más grande al arranque de un gobierno en este siglo, y el mensaje a los inversionistas cuando ha hecho del nearshoring el eje de su estrategia para atraer recursos que financien el crecimiento y apoye los programas sociales, provocará una desconfianza que tardará, si eso es posible, en modificarla.
Sheinbaum se encuentra en una situación comprometida. López Obrador no oculta lo que desea y si no logra la presidenta electa aplazar la discusión de las reformas para el siguiente sexenio, quedará la impresión de que, pese a todas las alertas, no pudo con su antecesor, y abrirá serias dudas de que pueda contener al ciudadano aunque ella porte la banda presidencial. Si tiene éxito, generará confianza y credibilidad ante todos, que cuando hablen con ella sabrán que su palabra sí vale y no depende de las ideas ni de los humores de su predecesor.
López Obrador nunca va a entender, porque así no funciona la mecánica de su mente, que buena parte de su legado depende que le vaya bien a Sheinbaum. Su legado no se medirá en su pasado y concluye el 30 de septiembre. Son los resultados y la consolidación de un régimen nuevo para muchos que necesita dar resultados. Lo que está haciendo el Presidente la lastima antes de asumir la Presidencia, y es un tiro en el pie que él mismo se está dando. La tarea de Sheinbaum a partir de hoy, la definirá a ella, a su Presidencia y a su propio legado.