Y lo es en particular porque, con excepción de sus coordinadores, las mayorías oficialistas aprueban lo que sea sin conocer las iniciativas presidenciales ni debatir las propuestas con la oposición, los interesados, implicados o afectados.

Aprenderán hasta entonces que la elección popular de jueces, magistrados y ministros es una descomunal insensatez.

La idea de AMLO parte de una convicción errada: que habrá “justicia para el pueblo” cuando los juzgadores sean electos “por el pueblo”. Para defender su propuesta se apoya en la “democracia original” estadunidense ilustrando con un ejemplo menor:

“Hay un libro que se llama, y lo recomiendo, La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, que habla de cómo se fundó Estados Unidos, y cómo fueron creando sus poderes a partir de la democracia. Todavía hay lugares en Estados Unidos en donde, si se va a podar un árbol en un parque, los vecinos se reúnen y tienen que consultar, se vota, y eso viene desde la fundación de Estados Unidos...”.

El dato quizá sirva en temas comunitarios, pero no para el Poder Judicial.

La elección de jueces en EU es un pésimo referente, porque ocurre solo en la mitad de los estados y únicamente a nivel local, no federal.

Esos “jueces populares” fueron financiados en sus campañas y están controlados por los partidos, las grandes corporaciones o los más influyentes despachos de abogados, y se van alternando: cada que hay elecciones cambian de dueño, pero todos tienen.

Otro antecedente remoto es la Revolución francesa: tal barbaridad se plasmó en las primeras cuatro constituciones. Los “jueces populares” operaron el siniestro Comité de Salvación Pública que nutrió la guillotina. El terror se acabó con Napoleón Bonaparte.

En el mundo actual, solo en Bolivia se insiste desde 2009 en la fracasada “elección popular” de jueces y magistrados en las altas cortes.

Por sí sola, la elección “popular” no garantiza la eficiencia y mucho menos la honradez de los juzgadores, como lo prueba la tradicional elección en las urnas de alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y presidentes de la República.

Es ingenuo y falaz considerar que el éxito de la justicia depende de la forma de designación de quienes la imparten.

Con la misma lógica, ¿los profesores deberían ser electos por mayorías? Claro que no, porque ganarían su plaza los que hagan más fáciles los exámenes.

¿Por qué japoneses, estadunidenses, canadienses, mexicanos y europeos invierten en China? Porque no les importa que el régimen de gobierno esté en manos del Partido Comunista, sino porque cuentan con tribunales confiables.

A nadie le dio miedo, por esa misma razón, que Sheinbaum ganara la elección presidencial, pero sí que se anule la independencia del Poder Judicial, como se notó con los recientes calambres financieros…